Afección significativa ambiental de proyectos industriales o mineros. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital
Afección significativa ambiental de proyectos industriales o mineros. Carlos Ramírez. Abogado

Afección significativa ambiental de proyectos industriales o mineros. Carlos Ramírez. Abogado

Vamos a analizar las regulación y modificaciones recientes de la normativa europea y española, y, sobre todo, lo que asienta la jurisprudencia en relación con el termino ambiental “afección significativa” o “efecto significativo” y sus efectos para la industria en España.

El carácter “apreciable” o “significativo” de la afectación que causa el plan o proyecto en los objetivos de conservación es algo que habrá de determinarse caso por caso, en particular, como señala esta Sentencia del TJUE, “a la luz de las características y condiciones medioambientales específicas del lugar afectado por aquel plan o proyecto”.

Esta doctrina del TJUE sobre la necesaria evaluación ambiental de los planes o proyectos que afecten a los espacios de la Red Natura 2000 resulta importante en relación con los planes o proyectos de actividades mineras. Podría pensarse que no es así, dado que la evaluación ambiental previa para cualquier actividad minera autorizable en un espacio natural protegido -como son las ZEC de la Red Natura 2000- resulta en todo caso necesaria, aunque no esté prevista en el instrumento de ordenación, por aplicación de lo dispuesto en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. En efecto, esta ley exige someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria cualquier proyecto de “explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones mineras cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria” cuando el proyecto se emplace en un espacio natural protegido (Grupo 9 del Anexo I).

El resultado de la jurisprudencia es una “presunción de afección significativa de todo plan o proyecto planteado cuando el mismo pueda comprometer los objetivos de conservación del espacio integrante de la Red Natura 2000”. Así resulta de la sentencia del TJCE de 7 de septiembre de 2004, Landelijke Vereninging tot Behoud van de Waddenzee y otros (asunto C-127/2002). En ella leemos: “(…) debe considerarse necesariamente que tal plan o proyecto puede afectar de manera significativa el lugar de que se trate, cuando puede comprometer los objetivos de conservación de éste”.

Sin embargo, la protección que otorga la Directiva Hábitat va más allá de esta previsión, dado que para la Red Natura 2000 basta con la cercanía de un proyecto a la zona ZEC o ZEPA para que deban evaluarse las presiones que puede ejercer la actividad sobre la Red Natura 2000, aunque sea externa, sobre los hábitats y las especies situadas en estos espacios de la Red Natura. Cabe destacar, en este sentido, la STJUE de 24 de noviembre de 2011, Comisión c. España (C-404/09), en la que se declara que no se había realizado una adecuada evaluación del art. 6.3 de la Directiva Hábitats.

Esta doctrina de la jurisprudencia europea ha sido acogida por nuestros tribunales, pudiéndose citar en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2017 (rec. de 1137/2014), que desestima el recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Castilla y León que anuló la autorización del parque eólico “Espina” situada en una ZEPA situada en sus proximidades. Dice así la sentencia: “La existencia del LIC y de la ZEPA obliga, pues a la Administración a evaluar el impacto que el parque eólico tiene en la especie que justifica tales declaraciones de LIC y ZEPA en la medida en que existan datos que permitan fundadamente pensar en una posible o potencial afectación”.

Resulta por tanto necesario que la evaluación ambiental de los proyectos se lleve a cabo en todas aquellas explotaciones mineras que, aun no estando situadas en el interior de un lugar de la Red Natura 2000, sean susceptibles de afectar a dicho lugar.  Así lo ha reiterado el TJUE, siendo destacable, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2007, Comisión C. Irlanda (asunto C-418/04),  en la que se afirma que “teniendo en cuenta, en particular, el principio de cautela que, de conformidad con el artículo 174 CE, apartado 2, constituye una de las bases de la política de un grado de protección elevado, seguida por la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, y a la luz del cual debe interpretarse la Directiva sobre los hábitats, procede efectuar dicha evaluación en caso de duda sobre la inexistencia de efectos apreciables” (parágrafo 254).

La Directiva Hábitats supedita la exigencia de una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto al requisito de que exista “una probabilidad o una posibilidad de que dicho plan o proyecto afecte de forma significativa al lugar de que se trate. Teniendo en cuenta especialmente el principio de cautela, tal posibilidad existe desde el momento en que no cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en cuestión de forma apreciable” (véanse, en este sentido, las sentencias del TJUE de 7 de septiembre de 2004, Mar de Wadden –asunto C-127/02-; de 20 de octubre de 2005, Comisión c. Reino Unido -asunto C-6/04-; y de 13 de diciembre de 2007, Comisión c. Irlanda –asunto C-418/04).

En aquellos casos en los que los resultados de la evaluación realizada sean negativos o existan dudas, el plan o proyecto no podrá realizarse salvo en el supuesto extraordinario regulado en el art. 6, apartado 4, primer párrafo de la Directiva, incorporado a nuestro Derecho por el número 5 del art. 46 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Conforme a dicho supuesto extraordinario, únicamente cuando concurran “razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica” declaradas por ley o mediante acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, y “a falta de soluciones alternativas”,  el plan, programa o proyecto podrá realizarse, en cuyo caso las Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede protegida.  El art. 45 de la Ley del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad dispone que, en todo caso, que las “medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea”.

El pasado 6 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2018, de 5de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  La norma se ha aprobado para dar cumplimiento a las obligaciones restantes derivadas de la trasposición de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de2014, por la que se modificó la Directiva 2011/92/UE. Las modificaciones más relevantes son

A.- Principales novedades:

  1. Obligación para el promotor de incluir en el estudio de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos sobre el medioambiente. Se incluye una definición de que se entiende por vulnerabilidad del proyecto, accidente grave y catástrofe. En coherencia con este nuevo enfoque, se hace preceptiva la emisión de informe por los organismos con competencias en materia de catástrofes y accidentes graves.

2.- Se crea un nuevo trámite de información pública y consultas cuando se incorporen, en el proyecto o en el estudio de impacto ambiental, modificaciones que supongan efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente.

Con esta nueva regulación, cobra mayor importancia aún la definición del concepto “efecto significativo”, que la norma define como aquella alteración de carácter permanente o de uno o varios factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados.

B.- Otras modificaciones de la reforma son:

1.- Se refuerza la obligación de consulta a las Administraciones que puedan estar interesadas en un plan, programa o proyecto determinado.

2.- Se refuerza el papel de la Red Natura 2000: el promotor elaborará un estudio sobre las afecciones previsibles y solicitará un informe del órgano competente de la Comunidad Autónoma afectada.

3.- Se mejora la regulación del seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental incluyendo, el tipo de parámetros que deban ser objeto de seguimiento su duración y, se exige que ambos sean proporcionados con la naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto y con la importancia de su impacto en el medio ambiente.

4.- Evaluación de impacto ambiental ex post, en ejecución de sentencia firme.

5.- Adecuación a la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2017, de forma que la legislación básica es aplicable directamente a las Comunidades Autónomas, desde su entrada en vigor.

6.- Procedimientos en curso: Las modificaciones operadas en esta ley se aplican a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor de la presente ley (desde el 7 de diciembre de 2018). Aquellos cuya evaluación de impacto ambiental se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la presente ley, se someterán a una revisión adicional, con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental.

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