Al borde del “infierno fiscal” - El Sol Digital
Al borde del “infierno fiscal”Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda

Al borde del “infierno fiscal”

Un reciente reportaje de Actualidad Económica, firmado por el economista Daniel Lacalle, alerta del infierno fiscal al que nos acercamos de consumarse los propósitos del Gobierno socialista, a quien azuza Podemos en su ánimo de una subida generalizada de impuestos con el objetivo de gastar más y afianzarse entre sus electorados.

No hay que olvidar que Sánchez es presidente del Gobierno gracias a una coalición de perdedores, derechas independentistas, anticapitalistas, comunistas, populistas y hasta socialistas, pero no ha ganado ningunas elecciones. Bajo la excusa de subir impuestos a las rentas altas, Sanchez anuncia brutales subidas de impuestos.

Un primer ejemplo es el diésel. Cuando usted compra un litro de diésel paga más tributos que combustible, el 55,5 por ciento del precio. Es verdad que con la gasolina es peor (58 por ciento), pero el gobierno manipula a la opinión pública dando a entender que el gasóleo paga pocos impuestos, pero no es así, resulta más de la mitad del precio final.

Lo llaman “impuestos verdes” pero es mentira. Estos nuevos gravámenes no van a hacer que la factura eléctrica se reduzca o que paguemos menos por la lucha contra el llamado cambio climático, no, el consumidor va a pagar más por la electricidad y más por el gasóleo sin reducir ese comodín del cambio climático. Hacienda recaudó más del 5 por ciento de los ingresos totales con la llamada “fiscalidad verde”, en torno a 20.700 millones de euros en 2017. Lo que hacemos, y haremos, es seguir pagando una gran cantidad de subvenciones a las energías renovables e impuestos en la factura  eléctrica, más del 60 por ciento del importe del recibo. Pues bien, los “impuestos verdes” a la gasolina o al gasóleo no se usarán para reducir esa carga.

Le toca el turno a la banca. Supone el 3 por ciento del PIB de España y apenas llega a unos beneficios de 18.000 millones de euros, en su conjunto, estimados para 2019. El gobierno no va a recaudar lo esperado y sí aumentará las dificultades de ahorradores, propietarios, compradores de casas y ciudadanos en general. Porque son las hipotecas, los préstamos y los ahorros los que sufren con el impuesto a la banca.

Un estudio del Fondo Monetario Internacional analiza la experiencia de 20 países y demuestra que un tributo del 0,2 por ciento encarece el costo de las hipotecas y prestamos entre 5 y 10 puntos. Además, el impuesto a la banca es regresivo, es decir, afecta a los consumidores depositantes y familias con menores recursos, cuya capacidad para asumir mayores costes es mucho más limitada.

Impuesto de Sucesiones. Es confiscatorio, injusto y antisocial y tampoco es para las grandes fortunas, que pueden establecerse en otros países. Quienes realmente lo sufren son las familias, ataca el ahorro y grava conceptos por los que ya se ha tributado en innumerables ocasiones. La reforma   pretende recaudar la misma cantidad pero con el pretexto de que se ha bonificado y para esto coloca algunas trampas, como unos factores multiplicadores desproporcionados y sin justificación, los costes de demora y el tipo de interés.

Pero son los autónomos los peor tratados en términos fiscales, pagan antes de haber ingresado un solo euro y sufren todo tipo de dificultades para cobrar. La propuesta del PSOE supone aumentar más del doble las cuotas al 80 por ciento de los autónomos sin  contraprestación en facilidades fiscales, deducciones o cualquier otra clase de mejora. Uno de cada dos autónomos cobra sus facturas a más de 90 días, sin embargo los costes fijos son mensuales y las liquidaciones de Hacienda trimestrales. Los autónomos se jubilan más tarde, cobran menos pensión y cotizan más en relación a la prestación que los afiliados al régimen general.

IRPF. Se consideran rentas altas en España las superiores a los 45.000 euros brutos al año, cifra que no puede decirse que sea muy alta, pues bien, ahí se sitúa un listón que, históricamente, ha ido bajando. Pero es que, además, se suben los impuestos sin mejorar las prestaciones, porque la pensión máxima sigue “topada” y no sube.

Las aportaciones a la Seguridad Social se fijan fundamentalmente en base a dos conceptos, tipos de cotización y bases de cotización. Los tipos son del 28,3 por ciento por contingencias comunes, de los cuales 4,7 puntos los aporta el trabajador y 23,6 la empresa. En cuanto a las bases, evolucionan cada año según el salario. Si se suben los tipos, lo que ocurriría es que es que subirían los impuestos y se encarecería la contratación, dañándose el consumo y el empleo a cambio de un supuesto aumento de la recaudación, que tampoco se alcanzaría, ni el déficit del sistema hallaría remedio.

España tiene uno de los impuestos al trabajo más altos de la OCDE, somos uno de los países con cotizaciones sociales más altas y con una tasa de desempleo media del 17,5 por ciento desde 1980.

En cuanto al impuesto de Sociedades, se quiere subir la tributación de las compañías que facturen más de ocho millones de euros, que facturen, no que ganen. Una pyme que facture ocho y gaste cinco pagará casi el doble de impuestos que una pyme que facture cinco y gaste dos. Es más: se quiere imponer un mínimo del 15 por ciento sobre el resultado contable, no la base imponible, que es la que tributa. Esta medida perjudicará la diversificación y la internacionalización de nuestras empresas.

Atendiendo solo a Sociedades, las grandes empresas tributan a un 19,8 por ciento sobre su base imponible, y el resto de las empresas el 24,4 por ciento. En 2017, la recaudación por Sociedades fue la segunda mayor de la historia.

Si a Sociedades añadimos otras cargas que gravan la actividad empresarial (aranceles, impuestos autonómicos, locales, especiales, indirectos, verdes…) la carga impositiva resulta monumental. En conjunto, las empresas en España pagan en función de su tamaño los siguientes porcentajes de tipos efectivos sobre el resultado bruto de explotación: pequeñas, 41,67 por ciento; medianas, 51 por ciento y grandes 61,57 por ciento, según un estudio de Civismo. Considerando todos los gravámenes, PwC señala en su informe Paying Taxes 2018 que España, con el 46,9 por ciento, se sitúa más de siete puntos porcentuales por encima del tipo efectivo medio europeo, que es del 39,6 por ciento.

Este asalto de Sánchez a nuestras haciendas le reportará menos de 10.000 millones de euros y así gastará 18.000 millones más. Un dato: España gasta en las administraciones paralelas más de 30.000 millones al año.

A la vista de todo lo anterior, Sucesiones se debe suprimir, como lo están haciendo todos los países. España será el único país de la UE que lo tenga dentro de un año. Pero la prueba de que España no es un paraíso fiscal para las grandes empresas -la gran coartada del Gobierno- es que no contamos con miles de ellas, como sí son los casos de Irlanda, Holanda o Luxemburgo. España debe también bajar el IRPF y simplificar sus tramos, bajar Sociedades y atraer empresas tecnológicas diseñando una fiscalidad hacia el empleo, y debe apoyar a los autónomos, pymes, familias y creadores de puestos de trabajo disminuyendo la fiscalidad para recaudar mejor y más.

 

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