Argumentos falaces para la liberalización farmacéutica (I)

Una comparación con el sector financiero
Israel Mármol, economista

1. “Contar con un mayor número de farmacias por habitante produce sistemáticamente una mejora y mayor cercanía del servicio al usuario, en especial para quienes tienen una elevada edad y que son quienes más acuden a la farmacia por razones obvias”, dice César Román en nombre del lobby que presiona para la liberalización del sector de las oficinas de farmacia.

El sector financiero pone trabas a los clientes que les son menos rentables y presta un peor servicio en aquellos trámites que menos le interesan por su mayor consumo de recursos, menor rentabilidad o potencial de los clientes. Así, restringen el horario de pagos de recibos no domiciliados, imponen el uso del cajero automático para ciertas transacciones o cobran (sin soporte legal) por ciertos servicios como el ingreso de efectivo en cuentas de terceros. Es ingenuo pensar que tales prácticas no se van a incorporar si se permite la entrada de grandes cadenas (inversoras con lazos con el sector farmacéutico o laboratorios directamente) en el sector farmacéutico y podríamos mencionar como riesgos

La automatización de la dispensación de tratamientos para crónicos fácilmente implantable enlazando la receta electrónica de las tarjetas sanitarias con sistemas automáticos de entrega de los medicamentos. En lugar de disponer de la atención personalizada del profesional, se tendría la tentación de derivar (incluso obligatoriamente) a una máquina que entregara la medicación sin una evaluación de la situación por quien mejor conoce al paciente y que puede detectar problemas con interacciones entre tratamientos, efectos secundarios en el caso concreto, necesidad de ajustar la dosificación o el horario de la toma de los medicamentos, etc… O, simplemente, ofrecer la alternativa más barata.
Incluso si no se derivara a un dispensador automático, es muy factible que se restrinja a determinadas oficinas y a un horario reducido la dispensación de aquellas recetas menos rentables. Al igual que el pago de recibos en Málaga en las oficinas de Unicaja se limita a diez o doce oficinas determinadas, es previsible que las recetas de apenas un euro cuyo coste de dispensación supera el margen que aporta se hiciera en un número determinado de oficinas y en aquellos horarios de menor afluencia de público para optimizar los recursos.
La pérdida del servicio farmacéutico en los pueblos más pequeños. Los bancos están cerrando oficinas en toda España. Cuatro pueblos granadinos que se han quedado sin la única entidad que contaba con oficina en su término municipal en 2008: Nigüelas, Pinos Genil, Quéntar y Villamena, por ejemplo. La reestructuración de Nova Caixa Galicia amenaza con dejar sin oficina bancaria a 75 pueblos. ¿Cuánto tardarían en cerrar las farmacias que aún existen en su término municipal? ¿Hasta dónde tendrían que acudir los ancianos a los que se argumenta se quiere proteger si se cerraran? Si el ritmo de cierre de oficinas bancarias en España triplica al de la zona euro, ¿qué razón existe para pensar que tal proceso no se replicaría en el sector farmacéutico si se liberaliza la apertura y se eliminan las actuales normas para la distribución de las oficinas y garantía de servicio en las zonas rurales? Teóricos liberales pueden fabular hasta la saciedad con las supuestas bondades de la libre actuación del mercado pero luego no asumirán las responsabilidades por los efectos del defectuoso funcionamiento que se da en ciertas ocasiones.

2.La reforma (…) es necesaria “para mejorar la competitividad de un sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario”. El documento que maneja el departamento de Economía considera que la regulación actual es “excesiva y obsoleta”, y que reformarla contribuiría a generar más competencia y mejorar la economía. En el mismo artículo indica que “aunque a priori la medida no genere ahorro a las arcas del Estado (el 80% de los medicamentos son financiados por Sistema Nacional de Salud) porque los márgenes de beneficio de las farmacias y el precio de los medicamentos está regulado por el Gobierno, el grupo de trabajo de Economía que estudia el asunto considera que la liberalización de sectores como este tendría beneficios económicos a largo plazo.”, pero no parecen ser capaces de indicar cuáles serían estos beneficios ni cuantificarlos. O al menos no nos los cuentan, por lo que alternativamente: o no existen o serían únicamente para un segmento o sector muy concreto y no lo quieren contar.
Si una de las razones es que grandes cadenas “podrían conseguir mejores precios por parte de los distribuidores y la industria, porque al comprar mayor volumen tendrían más capacidad de negociación, con lo que ampliarían sus márgenes de beneficio”, ¿no se han asociado ya los farmacéuticos en cooperativas para adquirir conjuntamente los medicamentos y obtener mejores precios? ¿No asegura el servicio actual la disposición de cualquier medicamento en cuestión de horas con el reparto urgente al menos dos veces al día?
Si los precios son fijados por el Sistema Nacional de Salud, un supuesto ahorro por el volumen de compras no supone ahorro para el Estado en el 80% de los casos y no se traslada al cliente en el 100% ya que los precios de los medicamentos son fijados por el laboratorio o el Estado, dependiendo de si es de venta libre o regulada. Si se quiere argumentar que con la liberalización se podrían aplicar descuentos (quizá con un límite, como el fijado del 5% para los libros), ¿alguien me puede explicar la razón por la que no se permite ahora a los farmacéuticos? ¿Existe alguna razón por la cual sólo se pueda permitir la aplicación de descuentos comerciales al consumidor bajo el modelo liberalizado de apertura de farmacias?

3. En el sistema financiero un mismo conglomerado ha integrado dentro de su conglomerado empresarial a gestoras de productos financieros, que lanzan fondos de inversión, diseñan complejos productos estructurados…
Así, el Banco de Valladolid tiene Valladolid Investment, S.A. que diseña el “Valladolid extra garantía y seguridad FI”, un depósito (mal llamado depósito) estructurado complejo a diez años cuya rentabilidad se calcula según las medias mensuales de las rentabilidades de una cesta de índices internacionales.
Bien, el Banco de Valladolid lanza la campaña de comercialización del muy inconveniente fondo diseñado por su gestora a través de su red de oficinas, aprovechando la confianza de sus clientes en los consejos de su mal llamado “asesor comercial”. El vendedor tiene marcados unos muy exigentes objetivos de comercialización del fondo, de cuyo cumplimiento depende el que sea incluido o no en el ERE que plantea llevar a cabo la entidad y los va a cumplir pase lo que pase porque es el único modo de conservar su trabajo. Esto implica que le va a vender un producto que inmoviliza el dinero del cliente durante diez años e implica un riesgo inadecuado para el perfil del contratante. No va a cuidar de la salud financiera de su cliente en absoluto.

Ahora supongamos por un momento que el laboratorio Roussell es autorizado a ser propietario de una cadena de oficinas de farmacia. O que el fondo de capital riesgo o de pensiones XCX mantiene simultáneamente participaciones en el laboratorio Roussell y en la cadena “Distribución farmacéutica asociada a los laboratorios farmacéuticos” (DISFARLAB) que opera en 500 oficinas en España. El miembro del Consejo de Administración de la farmacéutica Roussell y del de Disfarlab nombrado por el fondo XCX es, por esas casualidades de la vida, la misma persona.

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