Cargo público en excedencia. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado - El Sol Digital
Cargo público en excedencia. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado

Cargo público en excedencia. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado

Encontrándonos  próximos a ser portadores del  mandato político que lleva consigo nuestro voto y las consecuencias que puedan derivarse de ello en algunas situaciones que llevan consigo para tales  “elegidos” tener que  llevar  a cabo   nombramientos de personal de confianza en la administración,  divulgamos en esta ocasión  el caso de una  trabajadora que  solicitó la excedencia forzosa para desarrollar inicialmente labores de asesoramiento para “comunicación” de los “programas municipales de empleo”, luego de asesoramiento “sobre los trámites administrativos para la creación de una radio municipal”, así “como trabajando en el gabinete de prensa de la concejalía de medio ambiente y comunicación”. Estos cometidos profesionales dieron  lugar a su inclusión dentro del “personal eventual” de régimen laboral del Ayuntamiento… A tal fin, se trata en la presente casuística  de  resolver  si nos encontramos o no ante un “cargo público” a los efectos del artículo 46.1ET, toda vez que  la adscripción a uno u otro de estos dos grupos de servidores públicos es clara en muchos supuestos, pero ha planteado dudas en otros, en los que se trata de empleos de confianza y designación política en cuyo desempeño profesional prevalecen los aspectos de gestión o de asesoramiento técnico.

A  los fines pretendidos, hay que  partir de  la doctrina de la  Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la interpretación del artículo 46.1 ET,  aplicada  en  STS de 13 noviembre 2007 y 18-9-2007 y que también ha inspirado la solución contenida en otras sentencias precedentes como  STS 20-9-2000 y STS 7-3-1990. De acuerdo con esta doctrina,  obliga a precisar, el “cargo público” que da derecho a pasar a la situación de excedencia forzosa no es el permanente “burocrático de carrera”, sino el cargo “político temporal o amovible al que se accede por elección o por designación de la autoridad competente” (STS 7-3-1990), y cuyo desempeño “imposibilite la asistencia al trabajo” (art. 46.1ET).

Para una correcta solución de su alcance,  hay que acudir a una interpretación sistemática y finalista de la normativa sobre las situaciones de excedencia, que  inclina a una respuesta negativa, toda vez que la finalidad del instituto de la excedencia forzosa no es facilitar que los trabajadores incorporados a la Administraciones públicas por designación política desarrollen de manera privilegiada una doble paralela carrera profesional, sino evitar la ruptura o el impedimento de la carrera profesional anterior como consecuencia del desarrollo temporal de cargos políticos en el sentido más propio de la expresión. En efecto, el  interés protegido en la excedencia forzosa no es sólo el interés del trabajador designado, que hay que coordinar con el de otros trabajadores y el de la empresa de origen, sino también el interés público en que la vinculación laboral no sea obstáculo para el desempeño de los cargos políticos oficiales.

En esta acepción propia y estricta de “cargo público” se incluyen, por una parte, los cargos representativos o electivos y, por otra parte, los cargos de designación política que participan en las decisiones de Gobierno mediante el desempeño personal de los distintos órganos de las Administraciones públicas. Dentro de este campo de aplicación se encuentran numerosos cargos orgánicos (ministros, subsecretarios, secretarios generales, directores generales, cargos equivalentes de las Administraciones autonómicas o municipales, delegados del gobierno, directores o delegados provinciales, etcétera) pero no los empleos de gestión o asesoramiento, aunque se trate de puestos de confianza, que llevan a cabo una labor de apoyo de quienes desempeñan los anteriores cargos políticos. Para el desarrollo de estos cargos técnicos de apoyo están previstas en el ordenamiento laboral otras situaciones como la excedencia voluntaria (art. 46.6ET) y la suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes [ art. 45.1.a) ET].

Por cuanto antecede, en  el presente caso la STS  llegó  a la conclusión de que la trabajadora  en cuestión no se encontraba  en el círculo limitado de los cargos públicos con derecho a excedencia forzosa, toda vez que ninguno de los cargos de asesoramiento técnico o comunicación desarrollados por  aquélla,  en modo alguno  constituye un cargo político oficial en el sentido expuesto.

En resumen, si bien el empleo que ostentaba no le permitía a la trabajadora  continuar en el puesto de ayudante de programación desempeñado en su empresa de origen., no es menos cierto que el empleo de destino no podía entenderse como  un cargo de elección representativa ni tampoco un cargo orgánico en una Administración Pública, cuyo titular participe en la adopción de las decisiones de Gobierno, por lo que en aplicación del concepto de “cargo público” mantenido por la jurisprudencia, no procedió en el caso que se plantea la concesión de una excedencia forzosa, si bien  la  situación en su anterior empleo que le podría corresponder es la de excedencia voluntaria regulada en el art. 46.2ET y en los convenios colectivos.

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