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El posicionamiento del Ministerio del Interior y la Fiscalía en relación a las agresiones que sufrieron los afiliados de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid el pasado 28 de junio no deja muchas dudas. El Ministerio público admite -faltaría más, las imágenes fueron transmitidas por televisión- que los miembros del partido naranja habrían sido objeto de un delito de coacciones, pero defiende el sobreseimiento de la denuncia alegando que no se ha podido identificar a ninguno de los presuntos autores de los hechos. Pero lo cierto es que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional remitió un informe a la Fiscalía en el que se pormenorizaban los ataques e identificaba a tres presuntos responsables que podrían haber sido citados a declarar en calidad de investigados y que no fueron requeridos. ¿Por qué no los llamó la Fiscalía? Se trata de un particular y dos colectivos, Sergio Álvarez, militante del PSOE, la Plataforma de Encuentros Bolleros y el Frente Anticuñados -estas denominaciones dan buena cuenta de la naturaleza de los grupos-, que reivindicaron en las redes sociales sus actuaciones. Pero el Ministerio Público no actuó. Sin embargo, unas semanas después parecía contradecirse y pidió a la Policía Nacional -con evidente retraso, para facilitar las cosas- que identificara a la quincena de manifestantes que escenificaron “El cuento de la criada”, que impidió el paso de Ciudadanos. Al final, la Fiscalía dio por terminadas sus pesquisas y apoyó el sobreseimiento de la denuncia, lo que deja impunes las agresiones a los miembros de Ciudadanos.

Más grave, si cabe, que todo lo anterior es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió a Ciudadanos, la mañana previa a la manifestación, que asumiera el rechazo de los organizadores de la marcha por los acuerdos que había alcanzado con Vox en algunas autonomías y ayuntamientos: “Si alguien no entiende que eso debe tener alguna consecuencia en un sentido o en otro podría calificarse de irresponsable”. Irresponsable son estas palabras de un ministro que no se ha posicionado y perseguido con diligencia estos actos violentos. Para más inri, el Ministerio difundió un informe fantasma que negaba que el partido Ciudadanos hubiera sufrido coacciones e incluso acusaba a esta formación de haber sido la responsable de episodios aislados de baja intensidad que se registraron. Ciudadanos exigió la dimisión del ministro culpándolo de “alimentar el odio”.

 

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