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Confidential – ESD278

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga la ocupación el 18 de octubre del año pasado -coincidiendo con las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O- en el centro de Barcelona de cuatro edificios de una finca de la Ronda Sant Pere.

Dos días más tarde agentes de los Mozos fueron a desalojar a estos ocupantes, pero unas 200 personas convocadas por el Sindicato de Vivienda del Casc Antic lo impidieron. No obstante, algunos okupas fueron citados, y hasta condenados, por un delito leve de usurpación.

Los abogados de la propiedad consideraron que la actuación de los ocupantes y de otras personas de la entidad que los apoyaron podrían constituir también delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal. Los denunciantes consideran que desde el sindicato mencionado supuestamente continuaron con “la coacción y la extorsión cuando manifiestan que si no llegan a un acuerdo la resistencia será larga” y detallan que ofrecen la mediación del Ayuntamiento ya que “ha participado en casos similares”. Por eso, los denunciantes creen que actúan como una “organización criminal” estructurada “para cometer delitos leves” ya que se dedican a usurpar propiedades ajenas colocando ocupantes y luego tienen un “equipo jurídico” para defenderlos y negociar.

El pasado octubre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se reunió “con representantes de sindicatos de inquilinos de todo el país” a los que trasladó que se está trabajando para “regular los precios de los alquileres suscrito en el programa de la coalición” entre PSOE y Podemos.

Estas organizaciones deben investigarse en detalle por si tuvieran fines ilícitos entre sus fines. Lo que queda claro es que no hay charco en el que Iglesias no se meta.

 

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