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La situación en Marruecos se sigue con mucha atención desde España y Francia. A los movimientos de protesta en Alhucemas -de los que viene informando El Sol Digital-, se añade que los tribunales europeos dirimen si el reino alauita tiene derecho a explotar los recursos naturales del Sahara Occidental. El Frente Polisario denunció ante el Tribunal Europeo de Justicia los acuerdos de agricultura de 2012 y también se ha opuesto al acuerdo pesquero de 2013 de Bruselas y Rabat que autorizaban 126 embarcaciones -de las que unas 100 son españolas– a faenar en aguas marroquíes.

El 6 de febrero, el ministro de Agricultura, Aziz Ajanuch, un gran empresario, dijo en un comunicado que cualquier obstáculo a los acuerdos agrícolas y de pesca entre Marruecos y la UE tiene el riesgo de que se reanude “el flujo migratorio”, una clara advertencia a España. No habían pasado 72 horas cuando entraron violentamente por Ceuta 853 inmigrantes.

A esta situación hay que sumar la inestabilidad en la región de Guergerat, en el sur del Sahara Occidental, en la frontera con Mauritania. Marruecos ha comunicado a la ONU que ha retirado sus tropas de la zona, separadas en algunos puntos por solo 120 metros de los soldados del Frente Polisario desde el pasado mes de agosto.

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