Consideraciones muy críticas al RDL 1/2017 sobre Cláusulas Suelo, Vidal Setién - El Sol Digital
Consideraciones muy críticas al RDL 1/2017 sobre Cláusulas Suelo, Vidal Setién

Consideraciones muy críticas al RDL 1/2017 sobre Cláusulas Suelo, Vidal Setién

Vidal Setién Hernández, abogado

En mayo de 2013 nuestro Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que declaró nulas por abusivas las cláusulas suelo que la mayoría de las entidades bancarias habían impuesto a sus clientes en sus créditos con garantía hipotecaria. Pero limitó su devolución a la fecha de la propia sentencia.

Pues bien, el pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo nos sorprendió con una sentencia cuya consecuencia práctica es la imposibilidad de limitar en el tiempo esa devolución. Dicho de otro modo: corrigió la plana al Tribunal Supremo.

Frente a la retorcida tesis de nuestro Alto Tribunal, que justificó esta limitación, entre otras cosas, en el muy jurídico argumento del perjuicio del orden público económico, el Tribunal Europeo ha acudido a la clásica doctrina de la restitución del daño causado, con una claridad que debiera sonrojar a nuestros demasiado soberbios magistrados:

“La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor”.

O sea, algo tan elemental como decir que, si nuestro Tribunal Supremo declara nulas por abusivas unas concretas cláusulas, está obligado, al mismo tiempo, a declarar la obligación de devolución de todo lo abusivamente cobrado (y no sólo de una parte, como había dicho nuestro Tribunal, en una pirueta propia de un equilibrista).

El problema estaba servido para la banca, ya que el Banco de España cifró en unos 4.000 millones el impacto potencial de la Sentencia en las cuentas de las entidades financieras, correspondiente a lo cobrado de más entre noviembre de 2009 y mayo de 2013 (además del que ya habían tenido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 2013).

De inmediato, el Gobierno se lanzó a la búsqueda de una solución en la que, con la excusa de que los consumidores recibieran cuanto antes la devolución de aquello que habían pagado indebidamente, realmente defendía los espurios intereses de la banca (bastante sorprendida con una sentencia que se apartaba incluso del dictamen del abogado general de la UE de julio de 2016, una situación insólita e histórica).

Y así, con el acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos, el pasado viernes 20 de enero el Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, publicado por el BOE y entrando en vigor, al día siguiente.

Los políticos y quienes amplifican su voz, se lanzaron a vender al público en general la idea de que, con ese real decreto, se solucionaba, favoreciendo a los consumidores, el problema de la devolución de lo indebidamente pagado como consecuencia de las ahora nulas clausulas suelo. La realidad es que se está creando un sistema para que la banca devuelva lo mínimo y de la forma más cómoda posible.

O sea que, más que ante la supuesta protección al consumidor, nos encontramos ante una real ayuda a la banca. Otra vez nuestros políticos nos han servido un veneno envuelto en papel de regalo.

En efecto, las medidas contenidas en el RDL se pueden resumir en cinco grandes apartados:

1.- Desaprovecha la oportunidad de fijar criterios claros y precisos respecto a qué cláusulas suelo son abusivas. Lo que sigue dejando al consumidor pisando terreno resbaladizo y jugándose su dinero y a la banca en posición de ventaja.

2.- Creación de un cauce especial de reclamación y posible acuerdo extrajudicial (art. 3): Este extremo es completamente neutro, pues, si el consumidor opta por acudir primero a éste cauce, la no contestación por el Banco no le es sancionable. Por tanto, es completamente superfluo: decir que las partes pueden llegar a acuerdos extrajudiciales no es nada nuevo: en Derecho se llama transar.

3.- Establece privilegios procesales para las entidades financieras:

a.- Concede a las entidades financieras una excepción procesal temporal, por la que se inadmite la demanda interpuesta o se suspende su tramitación durante determinado tiempo. (art 3.6)

b.- Concede a las entidades financieras eximentes especiales frente a las reglas generales de imposición de costas. (art 4)

4.- El tratamiento fiscal de la devolución derivada de la anulación de las cláusulas suelo, pese a la apariencia de innovación, también es neutro y superfluo, pues no introduce innovación ni beneficio fiscal alguno. Ya era obvio, sin necesidad del RDL, que las cantidades que el Banco devolviera al prestatario no estaban sujetas al IRPF ni a impuesto alguno, salvo que se hubieran deducido en las correspondientes declaraciones fiscales, en cuyo caso habrían de regularizarse tales deducciones.

Decir ahora que esa regularización de la deducción fiscal no será objeto de sanción, tampoco es regalar nada al contribuyente, pues es evidente que sólo son sancionables acciones u omisiones reprochables por dolo o culpa, y en estos casos no cabe imaginar culpa alguna de los prestatarios cuando se dedujeron intereses efectivamente pagados.

La única concesión es la de que las regularizaciones no paguen intereses de demora a la hacienda pública. Pero, lo que parece un regalo al consumidor es, realmente, un regalo para la banca: si se devengaran intereses de demora en las regularizaciones fiscales, que sería lo normal, estos intereses serían a cargo de las entidades financieras, quienes no sólo tienen que devolver lo cobrado indebidamente, sino además indemnizar los perjuicios, entre los que estarían esos intereses de demora que el prestatario tuviera que pagar a la Hacienda Pública. Por tanto, la medida de que no se devenguen intereses de demora a favor de Hacienda es, en realidad, un beneficio para los bancos, no para los consumidores.

5.- Reducción del arancel de notarios y registradores: tampoco esta reducción, pese a lo que parece, se hace en beneficio de los consumidores, sino de las entidades financieras, ya que serían éstas (y no las víctimas del atropello) las que tendrían que hacer frente a los gastos que ocasione la escritura e inscripción por la que se suprima una cláusula predispuesta e impuesta por el banco, y que ahora se declara y se tiene por nula. Por tanto, se trata de una rebaja para los bancos y no una ventaja para los consumidores.

En conclusión, el real decreto ley aparenta ofrecer supuestas soluciones urgentes y necesarias; dispone obviedades superfluas; no hace la menor concesión a los consumidores y otorga privilegios a los bancos.

Una vez más, el legislador en auxilio de los fuertes…

 

 

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