Constitución y Economía. Julio Andrade Baeza, economista - El Sol Digital

Constitución y Economía. Julio Andrade Baeza, economista

La economía se rige, en un Estado del bienestar, en función de las prioridades políticas, obviando en gran parte el libre mercado. Asimismo, también puede afirmarse que la propia elaboración de la Constitución se rigió por necesidades políticas coyunturales que impidieron observar con perspectiva cuáles serían sus consecuencias y que hoy constatamos con más realismo.

Soy de la opinión de que esta Constitución impide, en su actual interpretación, cualquier desarrollo económico que se quiera implementar desde el Estado en lo referente al Estado de las autonomías y su financiación. Esto es así porque el artículo 149.1 de la Constitución enumera y expone en 32 apartados las competencias exclusivas del Estado, que van desde la igualdad de todos los españoles, las nacionalidades, la legislación laboral, legislación civil, propiedad intelectual, Defensa y Fuerzas Armadas, Justicia… hasta un largo etcétera. No por casualidad, no aparece ningún apartado sobre sanidad y educación. Así las cosas, cualquier competencia que no esté aquí recogida puede ser susceptible de ser gestionada por cualquiera de las administraciones autonómicas. Todo en ello sin perjuicio del articulo 150.2 que refleja la posibilidad de transferir estas competencias a las comunidades autónomas mediante leyes orgánicas. Junto a esta posibilidad se dice expresamente que “la ley preverá … las formas de control que se reserve el Estado”. Hasta ahora, ninguna que yo sepa, salvo la Alta Inspección en educación y no ejercida todavía.

El articulo 148 refleja de una manera escueta las competencias de las autonomías, resumidas en 22 apartados, y el artículo 150.3 dice que el Estado puede legislar sobre las competencias financieras de las autonomías, es decir sobre sus impuestos y tasas propias o cedidas por el Estado. Pues bien, a pesar de todo lo descrito, no existe ningún organismo que permita al gobierno de turno ejecutar la obligación de controlar tanto las competencias cedidas a las autonomías como su actividad legal y fiscal.

De todo esto podemos deducir que la Constitución depende de la interpretación que convenga en cada momento a los políticos de turno y de sus intereses partidistas.

A día de hoy, solo tenemos una referencia relacionada con el control y coordinación por parte del Estado y ésta se aplicó el 20 de mayo de 2010 a través del Decreto-ley 8/2010 para controlar y reducir el gasto publico y el déficit. Hay que ver ahora cómo afecta la interpretación del Tribunal Constitucional a la situación actual de Cataluña.

Para poder alcanzar un equilibrio presupuestario y económico es necesario, en mi opinión, establecer una serie de prioridades entre las que apunto la modificación de la organización política y administrativas del Estado, los límites del Estado del bienestar, una presencia mínima del Estado en la economía y una profunda reforma del mercado de trabajo. Así podrían empezar a cambiar las cosas.

 

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