“El consumo que había de 2004 a 2008 no se va a repetir” - El Sol Digital
“El consumo que había de 2004 a 2008 no se va a repetir”

“El consumo que había de 2004 a 2008 no se va a repetir”

Conversaciones de El Sol Digital (VI)

Carlos Ramírez, director general de la Asociación de Fabricantes de Áridos de Andalucía y abogado

Vicente Almenara

Carlos Ramírez Sánchez-Maroto es un abogado malagueño que desde hace años está al frente de la Asociación de Fabricantes de Áridos de Andalucía, como director general y con sede en la ciudad; además, resulta un observador atento de todo cuanto tiene que ver con los recursos naturales, su entusiasmo desborda y hasta contagia. Quienes le conocen destacan su preparación jurídica, aunque también cierta inocencia -o quizá una mal entendida prudencia- ante los peligros que acechan al Estado de Derecho, desde dentro y por fuera. Con él hablamos en una cafetería al aire libre con el ruido y los humos propios de la Málaga urbana, nos salva el pulmón del mar a solo unos metros de distancia. Pasen y escuchen.

– ¿Cuál es el estado del medio ambiente en Andalucía?
– Creo que está racionalmente bien dotado. El gobierno autonómico es sensible al cumplimiento de la ejecución de las directivas comunitarias a través de las leyes autonómicas y leyes del Estado. Otro aspecto es ver si existe esa sensibilidad en relación a la coordinación con los actores empresariales y agentes sociales.

– ¿Y aquí qué puede hacerse y qué no se está haciendo?
-Debería de haber más diálogo. Las medidas de protección ambiental abarcan muchos aspectos de las políticas empresariales, y éstas deberían de hacerse con mayor consenso en cuanto a su aplicación y transitoriedad. Además, debería de establecerse algún tipo de medida que incentive estas aplicaciones que, al final, suponen un coste para las empresas, y algunas de ellas no lo pueden soportar debido a la crisis en la que están desde 2008.

– Eres director general de la Asociación de Fabricantes de Áridos en Andalucía (AFA). ¿Cuál es la problemática del sector?
-Desde un punto de vista ambiental, los problemas se han reducido considerablemente debido a la aplicación de normativas de carácter estatal y la legislación autonómica. También gracias a una mayor sensibilización propia de los empresarios y a que la sostenibilidad ambiental y minera es imprescindible, no hay otra alternativa. Esto ha beneficiado mucho la imagen del sector, que siempre ha tenido una imagen no positiva, sobre todo durante el siglo XIX cuando no existía una norma de protección ambiental. Junto a ello, las malas prácticas y la falta también de medios de la Administración Pública de cumplir con la normativa no han beneficiado al sector.

Desde el punto de vista ambiental, hay que distinguir dos cosas. Una es el tema de la restauración minera, de obligado cumplimiento desde hace ya casi 40 años, y los costes que supone esto para las empresas. El segundo aspecto es que cumplir con lo anterior implica que exista seguridad jurídica. Por eso, hay explotaciones ilegales y el hecho de que la Administración Pública lleve desarrollando desde mucho tiempo lo que se denomina canteras de préstamo. Esto supone en la práctica una competencia al empresario que quiere vender sus materiales a la obra pública. Por tanto, son muchas las medidas que deberían de analizarse de forma transversal para que el sector pueda cumplir adecuadamente con la normativa que está en vigor.

– ¿Qué lecciones podemos extraer de Aznalcóllar?
– Este asunto ha sido uno de los hechos más sangrantes de la historia medioambiental de Andalucía. Es cierto que hubo un cúmulo de errores hace 15 años. Por parte de la empresa no se cumplieron con las medidas de protección y prevención, y por parte de la Administración autonómica si bien inició desde un primer momento una iniciativa por vía penal en un juzgado, al ser rechazado por una jueza no supo seguir adecuadamente esta vía y se fue a la contencioso administrativo. Al cabo de un tiempo, volvemos otra vez a la vía penal, pero en la práctica la empresa se fue de la explotación, los miles de millones que había obtenido de subvenciones no los ha devuelto ni tienen intención. El coste que nos ha supuesto a los andaluces ha sido de 100 millones de euros. Lo curioso es que no hay responsabilidad penal ni civil. Las consecuencias son que ha habido una mayor sensibilización en España y a nivel de Europa en el tema de las medidas de protección ambiental.

A raíz de esto, sí se ha aprobado una serie de directivas comunitarias que tienden a proteger más el medio ambiente y la salud de las personas, en concreto de la explotación minera y de residuo. Se ha implementado la seguridad, la protección y prevención ambiental y también se han aprobado normativas con orientación de impacto medioambiental. Pero no se trata tanto de aprobar las normas como de su cumplimiento. Los empresarios deben adecuarse a la normativa y cumplirla, y la Administración debe verificar ese cumplimiento.

– Tenemos en la provincia de Málaga las canteras en Alhaurín de la Torre. Se creó una Fundación con los empresarios, ¿cuál es su estado actual de la misma?
– Se aprobó en un momento de bonanza económica y de gran consumo y, desafortunadamente, la crisis que existe en la obra pública en España ha supuesto un descenso excepcional en el consumo de los materiales. En este sentido, ha habido problemas de cumplimento de los acuerdos de la Fundación y no sabemos si esto va a continuar o no.

– ¿Qué futuro espera al sector?
– Habrá otra dinámica completamente distinta y creo que va a ser así respecto de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Es decir, el consumo que había de 2004 a 2008 no se va a repetir. Desde ese año ha habido una bajada de un 85 por ciento en los materiales de construcción y áridos. En algunas comunidades este descenso ha sido de un 95 por ciento. A muchas empresas les ha pillado la crisis y se han visto sin poder pagar la maquinaria y las ventas han caído. Ha sido un crak de destrucción de empleo. La mayoría van a seguir existiendo, pero van a producirse nuevas dinámicas.

– ¿Las empresas del sector no pueden dar un salto a la internacionalización teniendo en cuenta el Magreb, que está enfrente?
– Esto tiene que hacerse de forma sectorial. No es nada fácil, porque en la zona del Magreb la normativa es muy distinta a la europea. El sistema de licencias y explotación es diferente. Ha habido un grupo de empresarios que han intentado irse y, al parecer, no han tenido mucho éxito.

La gran mayoría se ha ido a América Latina. Allí hay mucho trabajo de obra pública. En Paraguay Colombia, Bolivia y, sobre todo, en Perú. Ha habido empresarios que han abierto explotaciones mineras, pero allí la normativa es distinta, la burocracia está más ralentizada que en nuestro país. Pero sí ha habido bastantes empresarios, especialmente andaluces y catalanes, que dan dado el salto a la internacionalización.

– ¿Qué relaciones mantienes con la Confederación de Empresarios de Andalucía?
– La Asociación de Fabricantes de Áridos en Andalucía entró en la CEA en el año 2006. Desde entonces, nos hemos sentido siempre perfectamente integrados y asumimos la presidencia de la Comisión de Minería Extractiva desde el año 2007. Además, he sido el asesor jurídico de esa Comisión hasta 2013. Hemos trabajado mucho, también desde la Comisión de Medio Ambiente, de Ordenación de Territorio, Prevención de Riesgos Laborales y Minerales.

– ¿Y el agua?, ¿no os preocupa?
-Sí. Aunque es un tema que está básicamente orientado a la agricultura y grandes superficies y distribuidoras de este segmento, donde hay grupos empresariales muy fuertes que tienen intereses en este sector. Nosotros también colaboramos con ellos en normativas de carácter estatal, como fue el proyecto de ley de minas del año 2014, que supuso una renovación absoluta de las aguas.

– ¿El medio ambiente tiene tanta importancia que debería tener un ministerio y consejería propia y no estar junto a otros sectores como son la agricultura y el mar?
– No es tanto el nombre como la transversalidad del medio ambiente. Lo importante es que las políticas medio ambientales impregnen las actuaciones sobre las necesidades públicas en todo aquello que pueda afectar a la salud de las personas, al medio ambiente y a los recursos naturales. Debe de ser un barniz que cubra las políticas autonómicas, estatales y locales en sus actuaciones, pero debe de ser también un barniz que cuando se vaya a aplicar se haga con el consenso de los agentes sociales para que su vigencia sea lo más conforme posible con las pautas de lo que es la economía de mercado y la democracia representativa.

– ¿Crees en el cambio climático o eres un heterodoxo?
– Sí, se está produciendo. Los primeros indicios de los efectos del cambio climático fueron escritos en el siglo I. También historiadores de la época romana hablaban de los efectos que producían los humos sobre la población y el medio natural. En torno a la primera revolución industrial surgieron los primeros movimientos y agrupaciones voluntarias de vecinos burgueses para luchar contra la contaminación de humos. Esos efectos produjeron una primera fase de cambio climático, porque antes esto no existía. Basta con irse a la literatura del siglo XIX y a las normativas que se aplicaban sobre contaminación, para ver los efectos que se producían en el río Támesis y el Sena.El Támesis era un río de cenizas y el Sena estaba totalmente contaminado. En cambio, nuestro país supo adelantarse a esos efectos y la primera ley de aguas de 1863 estableció una primera prevención ambiental sobre vertidos a las aguas. Incluso más, en el siglo XVI existe una enorme densidad de ordenanzas de carácter local en la que se prevenía expresamente sobre los vertidos en los ríos, porque se sabía que eso podía provocar problemas en la agricultura y en la ganadería.
Por último, te puedo decir que, en Europa, el primer movimiento que existió de empresarios y obreros que defendieron expresamente el medioambiente y la salud de las personas se produjo en 1888 en España, en concreto en Huelva, en el conocido “año de los tiros”. A diferencia de EEUU e Inglaterra, ahí únicamente eran los vecinos los que se quejaban, no los empresarios. En España, a diferencia del resto de Europa sí se produjo ese movimiento. Se exigían mejoras laborales y que dejasen de quemarse las famosas teleras porque producía una afección a la salud de las personas. Aquí existe un cierto perjuicio o una cierta impresión de que en España somos menos sensibles hacia los efectos ambientales, pero no es cierto.

– ¿No crees que hay más ecologistas de salón que de conciencia?
– Bueno, yo creo que el movimiento de los ecologistas surgió como una reacción a unos problemas muy concretos, ha tenido una labor muy meritoria en defensa de la salud de las personas y del medio ambiente.
Si después esto se ha magnificado y se ha burocratizado, y se ha servido a intereses ajenos a lo que es la ecología y protección del medio ambiente es posible que se haya producido ese cambio en algunas personas. Pero no hay que mitificar a ningún movimiento, sea ecologista o no. Hay que defender legítimamente unos intereses que son la salud, el medio ambiente y los recursos naturales con honestidad y transparencia, y cualquier cosa que suponga una transformación de los intereses en otros que son ajenos a lo que se defiende es condenable.

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