El llamado derecho penal laboral sanciona fundamentalmente situaciones de explotación, que integran ilícitos laborales criminalizados, ya que  el bien jurídico protegido está constituido por un conjunto de intereses concretos y generales que protegen la indemnidad de la propia relación laboral, mediante la sanción de aquellas conductas que atenten contra los derechos y condiciones laborales de los trabajadores.

La prostitución voluntaria en condiciones que no supongan coacción, engaño, violencia o sometimiento, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones de trabajo  y que no conculquen los derechos de los trabajadores, puede ser considerada como una actividad económica sin más, y por ende, no cabría su inclusión como  delito del art. 312  del Código Penal.  No obstante, estudiamos en esta ocasión la impugnación llevada a cabo por la  Comisión de Malos Tratos a Mujeres con el respaldo del Ministerio Fiscal, frente a unos Estatutos del Sindicato de Organización de Trabajadores Sexuales, que, como Organización Sindical se había constituido con la finalidad de desarrollar sus actividades  relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes.

No obstante lo anterior, el sindicato en cuestión, alegó  que en el ámbito funcional, además de la prostitución, se incluía  actividades como las que realizan los trabajadores de alterne, los bailarines eróticos, los actores porno y aquellas personas  que prestan servicios en centros de masajes….

Bueno será indicar la existencia de  numerosas  sentencias, donde  se han admitido la condición de trabajadores por cuenta ajena de personas  que  ejercían el alterne. Ahora bien,  lo determinante  para el  reconocimiento  de tal condición, no ha sido nunca  el ejercicio de la prostitución,  antes al contrario, sino  el ejercicio de una actividad por cuenta ajena licita y perfectamente separable del ejercicio  de la prostitución, actividad esta que se desarrolla  por cuenta  propia  por los trabajadores de alterne. A mayor abundamiento, la STS  de 27-11-2004, admitió  como válidos  los Estatutos de una asociación patronal cuyo ámbito sectorial se circunscribía  al servicio de la actividad mercantil de establecimientos públicos hosteleros destinados a  dispensar  productos  o servicios a terceros, ajenos éstos  al  establecimiento donde  ejercían  el alterne  y la prostitución por cuenta propia.

No obstante, lo que se trata en esta ocasión  por un lado,  es que si bien el derecho a la libertad sindical es un derecho fundamental que incumbe a toda persona, dicho derecho se ejerce en cuanto que se ostenta la condición de trabajador; por otro lado, dicha condición de trabajador,  presupone  la existencia de un legítimo empleador frente al que realizar  los derechos  que tal  libertad sindical implica, por lo que,  si la finalidad de parte de esos Estatutos es el desarrollo de una actividad empresarial, cuyo objeto sea la oferta de servicios sexuales prestados por terceras personas contratadas al efecto habría que concluir declarando su nulidad, en virtud de cuanto dispone el convenio de ratificación para la Represión de la Trata de personas y de la Prostitución Ajena, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2-12-1949 y al que se adhirió España el 19-6-1962 con  las sucesivas reformas que se tipifican como delito (actualmente el art. 187. Párrafo 2º del Código Penal), ya que su   práctica  por cuenta ajena,  conllevaría   que la conducta de quien se lucre explotando la prostitución  de esa  persona, aun con el consentimiento de la misma  como consecuencia de  un contrato,  donde   el trabajador  asume la obligación de mantener  las relaciones sexuales que  le indique el empresario  y con las personas que éste  determine a cambio de una remuneración,  debe  reputarse nulo.

En efecto, las consecuencias de que los fines de los Estatutos que nos ocupan hubieran sido admitidos a efectos de su inscripción, resultarían totalmente contrarios al Ordenamiento Jurídico , por cuanto que ello supondría  dar carácter  laboral a una relación contractual con objeto ilícito e igualmente  admitir que el proxenetismo es una actividad empresarial licita,  e incluso  admitir   el derecho de los proxenetas a crear asociaciones patronales con las que negociar condiciones de trabajo  y frente a  las que  se pudieran adoptar  medidas de conflicto colectivo, posibilidad ésta que expresamente descarta la STS  de 27-11-2004. En efecto,   asumir que de forma colectiva la organización,  los proxenetas y sus asociaciones puedan negociar las condiciones en las que debe ser desarrollada la actividad de las personas empleadas en la prostitución, disponiendo así  de un derecho de naturaleza personalísima como es la libertad sexual, entendiendo por tal el derecho   de toda persona  de decidir con qué persona determinada se quiere mantener una relación sexual, en qué momento y el tipo de práctica o prácticas en que dicha relación debe consistir,  ha llevado a la Sala de lo Social de la  Audiencia Nacional a  dictar Sentencia con fecha 19-11-2018 declarando  la nulidad de la cláusula estatutaria que fija el ámbito de actuación y por ende, la nulidad de los Estatutos en su conjunto.

En resumen: desde una perspectiva punitiva, si no queda acreditado que la prostitución  se produjera en condiciones de las que se derive un claro perjuicio, supresión o limitación  de los derechos que la persona tiene  reconocidos por disposiciones legales, ello no tiene por qué ser declarado delito, pero cuando  la prostitución es ejercida por cuenta ajena,  no puede ser objeto de contrato de trabajo, por lo que  no se  puede reconocer el derecho a fundar un sindicato, ni afiliarse  al mismo  a quienes ejerzan dicha actividad, lo contrario llevaría consigo  el reconocimiento como  actividad empresarial licita  del  proxenetismo, que como todos sabemos, se encuentra  tipificada como delito en el art. 187.1 del Código Penal.