Conversaciones de El Sol Digital (XXI) - Vidal Setién, abogado mercantil - El Sol Digital
Conversaciones de El Sol Digital (XXI) – Vidal Setién, abogado mercantil

Conversaciones de El Sol Digital (XXI) – Vidal Setién, abogado mercantil

 “Por regla general, el derecho en España es una ley del embudo, el lado ancho es para el Estado y el estrecho para el ciudadano”

Vicente Almenara.- Vidal Setién lleva ya un cuarto de siglo entre los bastidores de las sociedades mercantiles y tiene ideas propias acerca de lo que sobra y de lo que falta en este complejo mundo. También imparte temas de su especialidad en la Universidad de Málaga. Pero, sobre todo, es un atento observador de la realidad malagueña y eso, si se tienen ideas propias, como es el caso, desazona muchas veces. Pero, además, lee, algo poco generalizado en estas coordenadas, así que… tiene puntería.

El Derecho Mercantil tiene en España una gran provisionalidad…

El Derecho Mercantil vive en un estado constante de provisionalidad. Mire, por ponerle un ejemplo, la Ley de Concurso de Acreedores del año 2003 viene a sustituir, entre otras, a la Ley de Suspensión de Pagos que tenía carácter provisional y que era de 1922. Es decir, fue durante más de ochenta años provisional. Siempre se está hablando de sustituir el Código de Comercio, de sustituir ya la Ley de Sociedades creando un código de sociedades mercantiles pero, al final, todos esos intentos se traducen en meras modificaciones de las normas que tenemos, y así vamos. Estamos en un proceso de cambio constante.

¿Cuál es el obstáculo para que no se dé a luz un nuevo Código?

Desde mi punto de vista, los intereses creados alrededor. Como en otras tantas materias, yo considero que no hay un acuerdo verdaderamente leal entre todos los partidos para ponernos manos a la obra y modernizar de una vez nuestras estructuras. Nuestro Código de Comercio es de 1885, tiene más de 130 años. Por tanto, nuestro Derecho Mercantil, que es el que regula nuestro capitalismo del año 2017, no tiene nada que ver con el que había en 1885.

¿Esto cómo afecta a una empresa en su día a día?

Las más de las veces en la propia sopa de normas jurídicas que tenemos en vigor y que hacen que el empresario no sepa nunca exactamente cuál es el terreno que está pisando. El empresario se ve obligado sin culpa alguna por su parte a verse en un terreno resbaladizo en el que nunca sabe si está actuando dentro o fuera de la legalidad. El no saber si lo que se está haciendo es bueno o malo hace que nos pongamos un freno para seguir actuando.

¿Eso da mayor discrecionalidad al juez?

Sí, sin duda. La falta de claridad desde mi punto de vista es, incluso, un instrumento de poder porque nos hace que el hecho de que los ciudadanos estemos siempre dudando de si estamos dentro o fuera de la legalidad nos convierte en ciudadanos asustados. Por eso pienso que es un instrumento de poder muy poderoso. Piénsese, por ejemplo, en la complejísima normativa laboral. Es una normativa llena de contradicciones y, al final, hace que el empresario que quiere contratar a alguien pues a veces no lo haga o, incluso, lo pueda hacer en negro. Yo estoy seguro que habría muchos empresarios dispuestos a contratar si la situación fuera distinta.

¿También supongo que la abundancia de normas complica extraordinariamente al empresariado?

Por supuesto, pero no sólo a los empresarios, sino también a los propios profesionales que ejercen el Derecho. Se ven en auténticas dificultades para aconsejar bien a sus clientes dada la abundancia de normas que constantemente están surgiendo. Por poner un ejemplo de esta diarrea legislativa, que es como se conoce en el sector, la Ley General de la Seguridad Social, que es de agosto de 1995, en diciembre de ese año ya había sufrido más de diez reformas. Como verá, se trata un a norma de mucho calado y de la que dependen nuestras pensiones y tantísimas cosas. Esto no solo es un inconveniente para el empresario sino también para los profesionales del Derecho.

Y esto sucede tanto en los despachos de abogados que trabajan para empresas igual que en aquellos profesionales que estén dentro de la propia estructura de la empresa. ¿Es mejor subcontratar o trabajar en la propia estructura de la empresa?, ¿qué es lo más aconsejable para el empresario?

Se tiende a la externalización. Porque el asesoramiento jurídico y económico precisa hoy por hoy una estructura que hace que no sea suficiente tener un abogado en la empresa, porque el abogado o economista no es omnisciente, tiene que acudir a una estructura externa para buscar a un especialista en temas relacionados con la contratación, con lo laboral, lo fiscal, lo societario, etc. Como un departamento jurídico de una empresa no va a tener varios puestos, lo normal es externalizarlo. Pero la realidad es que nos vemos casi obligados por la propia diarrea legislativa de la que antes he hecho mención.

¿Son razonables las minutas mercantiles?

Indudablemente supone un coste para la empresa, pero es imposible no tenerlo. Una empresa no se puede permitir estar en el tráfico jurídico sin un mínimo asesoramiento jurídico.

En cuanto a la saturación de los juzgados mercantiles, ¿qué solución tiene?

Esto es terrible, además es más acusado en unas ciudades que en otras. Por ejemplo, Málaga es una de las más saturadas.  Creo que legalmente la única solución tiene varios frentes. Un primer frente es que los empresarios se tienen que acostumbrar a algo, a lo que es usual en Europa en el comercio internacional, pero inusual en España. Se trata de utilizar los procedimientos arbitrales y de mediación. Una decisión empresarial no puede quedar en manos de un juez, ésta debe quedar en manos de empresarios o en manos de personas que por su especial cualificación estén resolviendo este tipo de conflictos. El empresario español debería educarse y acostumbrarse a ello. El otro frente es el incremento de la plantilla de jueces en especialización mercantil y de personal al servicio de los juzgados de mercantil. No es de recibo que las vistas de un juicio mercantil citen a dos, tres o cuatro años vistas. Muchos pensamos que esto no es justicia ni es nada. En esto quiero incidir porque parece que estamos saliendo de una crisis muy profunda, de las más profunda de nuestra historia quizás. Durante esta crisis hemos visto numerosos casos de concursos de acreedores. Muchas de las sociedades que han caído y que eran salvables, no lo han sido por la propia lentitud del concurso de acreedores. Pongo un ejemplo personal, una autorización judicial para la venta de un bien necesario para un concurso se ha visto impedida debido a lo que ha tardado el juzgado en autorizarla. Al final la venta se ha fastidiado. Esto resulta insólito. Yo he llevado quiebras con empresas hispano holandesas y un fiscal se echaba la mano a la cabeza sobre cómo se hacían estas cosas en España.

¿Y  hay alguna clase de responsabilidad del Estado?

Creo que muchas veces sí.

¿Pero se puede exigir?

No. ¿Quién la va a exigir?, sería un proceso muy largo, costoso y arriesgado. Realmente, no se llevan adelante estas causas.

Pero cuando los retrasos y demoras son culpa del justiciable sí se le exige a él.

Bueno decae su derecho. Por regla general el derecho en España es una ley del embudo, el lado ancho es para el Estado y el estrecho para el ciudadano.

Ahí se abre una gran fuerte de reformas políticas para que esto no suceda, pero no se dan pasos significativos en esta dirección.

Creo que no interesa. Llevo 25 años en esto, siempre he escuchado hablar sobre la reforma de la Justicia, pero yo creo que no se hace porque no hay una verdadera y profunda voluntad política para hacerlo. Habría que reformarla desde arriba hasta abajo y desde principio a fin. Hay que resolver de una vez por todas este problema y tratar simplemente de ponernos a la altura de nuestros socios, como son Holanda, Francia, Alemania e Inglaterra. Antes he hecho referencia a una quiebra en Holanda, este fiscal también se sorprendía porque en Holanda cuando una persona que entra en un proceso de quiebra, simplemente sale del tránsito jurídico, ese empresario no vuelve a ser empresario. No puede volver a serlo. Sin embargo, aquí una persona normalmente quiebra, y salvo que haya una declaración de culpabilidad, al día siguiente puede volver a tener una nueva empresa, lo cual le genera nueva posibilidad de hacer otra vez lo mismo. Por tanto, el sistema es muy dificultoso, tiene inconvenientes, genera mucha inseguridad jurídica para todo el mundo, pero no hay una voluntad franca de arreglarlo. Incluso hay muchos empresarios que no quieren que se arregle, ya que viven de esa ventaja.

El concurso de acreedores ha hecho ricos a muchos profesionales de la economía y del derecho.

Sí, pero también hay mucho mito sobre esto. Porque también es verdad que hay muchos concursos a los que los profesionales le han dedicado mucho tiempo, y al final no se han llevado nada.

Pero otros han encontrado las minas del Rey Salomón.

Sin duda, peros son los menos, muchas veces se ha extendido la imagen del administrador concursal como una especie de buitre carroñero, pero eso no es cierto. Es más, le diría que en la mayor parte de los concursos o han cobrado una pequeña parte de sus honorarios, o no lo han cobrado porque no había dinero de donde cobrarlo. Y ahora los sucesivos parches que se han producido de la Ley de Concurso de Acreedores, que tiene decenas de reformas, lo que han hecho es incrementar los privilegios sobre todo de la Hacienda Pública y Tesorería, de manera que son ellos los que cobran antes que el administrador general.

Hacienda es otra de las grandes espadas de Damocles para los empresarios. ¿Esto tendrá fin o la voracidad del Estado nunca acabará?

Creo que, además, se va a incrementar mientras la evolución demográfica siga siendo la misma y no cambiemos realmente nuestro sistema productivo de arriba abajo. La voracidad del Estado se va a mantener, no le queda más remedio para mantener unos servicios que cada vez se mantienen entre menos gente. Yo creo que esto es un error, desde mi punto de vista, es un error incrementar la presión fiscal sobre las sociedades porque, a fin de cuentas, las sociedades no solo contribuyen con sus impuestos, sino también con la creación de riqueza y de puestos de trabajo.

La solución viene de la mano del recorte del gasto público y no del incremento de los ingresos.

Por supuesto que sí. Yo creo que tenemos un estado muy sobredimensionado, en todos los aspectos, y que debemos hacer un recorte en serio del gasto público en la medida en que sea posible. No podemos soportar un Estado tan inmenso como el que ahora tenemos. Tampoco podemos soportar el hecho, especialmente sin exigir ningún tipo de responsabilidad, de que el país haya venido gastando como un nuevo rico y después cuando los negocios hayan ido mal han ido siendo rescatados. Sea el rescate de la banca o de las autopistas de peaje, por ejemplo. Yo creo que hay que afrontar las cosas con más racionalidad y si alguien era rico y tiene que dejar de serlo, pues mala suerte

¿Los tribunales son los únicos refugios ante esa sombra todopoderosa de Hacienda?

Por supuesto, no hay más que ésa y tener un asesoramiento inteligente que se dedique a buscar los resquicios del propio sistema que casi siempre, afortunadamente, los tiene para disminuir así el impacto del Estado en nuestras vidas y haciendas.

 

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