Derecho a una buena administración. Carlos Ramírez Sánchez-Maroto. Abogado - El Sol Digital
Derecho a una buena administración.  Carlos Ramírez Sánchez-Maroto. Abogado

Derecho a una buena administración. Carlos Ramírez Sánchez-Maroto. Abogado

La Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por instrumento de 20 de enero de 1988, reconoce no sólo la autonomía local (artículo 3.1), sino también el principio de subsidiariedad (artículo 4.2), en virtud del cual las » entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad «.

También resulta acorde esta conclusión con la doctrina del Tribunal Supremo que, por ejemplo, ha considerado posible que los Ayuntamientos regulen a través de ordenanzas las condiciones para la instalación de antenas y redes de telecomunicaciones y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones con la finalidad de proteger sus intereses ambientales, de protección del patrimonio histórico-artístico o urbanísticos (entre otras, Sentencia de 15-12-03, rec. nº 3127/2001).

En el sentido expuesto, se viene declarando, en SSTS de sentencias de 11 de febrero de 2013 (recurso de casación nº 4490/2007 ), 8 de marzo de 2013 (recurso de casación nº 5778/2005 ), 2 de abril de 2013 (recurso de casación nº 97/2006 ) y 30 de abril de 2013 (recurso de casación nº 3027/2006 ), que de los artículos 25 a 28 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) , interpretados de acuerdo con la cláusula de subsidiariedad que contiene la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, ratificada por España mediante instrumento de 20 de enero de 1988 resulta “una atribución genérica de potestades a los Ayuntamientos para intervenir en todo el conjunto de materias relacionadas en el artículo 25.2 de aquella disposición y que representan el contenido competencial en que se hace reconocible el principio de autonomía municipal garantizado en los artículo 137 y 140 de la Constitución”.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo Europeo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000 dedica su artículo 41 al denominado “Derecho a una buena Administración” (…) Se trata, dicho sea en síntesis, de la tradicional idea del «buen gobierno» en la gestión pública, adelantándose a los hechos, ante la duda de que de una determinada actividad puedan deducirse ciertos riesgos, siendo preferible el error en la previsión de futuro a la pérdida de seguridad(…)”.

El principio de buena administración ha alumbrado con fuerza en enero de 2020 con una sentencia de la misma Sala de lo contencioso administrativo, que aplica con firmeza y pragmatismo el principio de buena administración al considerar contrario al mismo la actitud municipal de no desarrollar el planeamiento que ella misma aprueba y estableciendo que ese errado proceder no puede perjudicar al tercero.

Se trata de la sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo que se refiere a los mapas acústicos, pero de la que merece la pena extractar dos fragmentos: El primero por su contundencia expresa que “El permitir el crecimiento y desarrollo urbanístico residencial en las inmediaciones de una zona industrial, cuyo traslado contemplaba el mismo planeamiento, pero sin articular los mecanismos adecuados para la efectividad de lo acordado, constituye una inestimable colaboración municipal al anunciado conflicto vecinal, y, como decíamos, se nos presenta como una actuación contraria al principio de Derecho de la Unión Europea del «derecho a una buena administración» que la jurisprudencia viene imponiendo como necesidad y exigencia entre otros en el ámbito del planeamiento urbanístico.

La STSJ CV 3343/2008, del  Tribunal Superior de Justicia,  Sala de lo Contencioso Sede: Valencia Sección: 1, de fecha: 12/05/2008, Nº de Recurso: 1024/2006 Nº de Resolución: 586/2008 , en relación al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Valencia, de 25 de febrero de 2005, por el que se aprueba la Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos, expresa en su fundamento jurídico segundo que “no es imprescindible el reconocimiento legal previo de competencias a los municipios para aprobar ordenanzas sobre ahorro y uso eficiente de la energía.”

Es bien sabido que la Constitución Española se limita a reconocer la autonomía local (art. 137), pero no determina cuáles son las competencias locales, por lo que la atribución de competencias a los entes locales que rige en nuestro Derecho viene determinada, fundamentalmente, por la ley, que es la que define su esfera competencial, como se desprende de la jurisprudencia constitucional (por todas, STC 32/1981, de 28 de julio).

Desde esta perspectiva, el artículo 28 de esta Ley se refiere expresamente a la protección ambiental cuando establece la posibilidad de que los municipios desarrollen actividades complementarias de las de otras Administraciones Públicas. De ahí que la abundante legislación ambiental, tanto estatal como autonómica, aprobada en nuestro país en los últimos años haya venido reconociendo numerosas competencias en este ámbito a los entes locales, entre ellas, normativas.

La protección ambiental constituye un ámbito material propio de actuación de los entes locales, como establece la LBRL, por lo que las corporaciones locales pueden, en tanto que la Constitución les reconoce autonomía, desarrollar políticas propias en este ámbito.

La STS 2339/2015, Sección: 4, de fecha 22/05/2015, Nº de Recurso: 2433/2013, reitera los criterios de la sentencia anterior comentada en base a varias sentencias de las Salas de orden jurisdiccional contencioso administrativo de algunos Tribunales Superiores de Justicia. En su fundamento jurídico cuarto expresa que:

 “(…) la jurisprudencia más reciente de esta Sala se ha inclinado por el criterio de la «vinculación negativa», en virtud del cual la competencia normativa de las entidades locales no precisa de una específica habilitación legal en cada ámbito sectorial en el que, como ahora sucede, se dicta la ordenanza, siempre, claro está, que no esté excluida dicha competencia y que no contravenga la correspondiente legislación, estatal o autonómica, que resulte de aplicación.”

Ni que decir tiene que el ejercicio de la competencia normativa municipal en materia de protección del medio ambiente, como es natural, ha de respetar las competencias que también ostentan al respecto el Estado y las Comunidades Autónomas, artículo 149.1.23 y 148.1.9 de la CE. Pero es que, además, la norma estatal faculta a los municipios a adoptar medidas de eficiencia energética.

Acorde con los principios citados, sobre la cláusula de subsidiariedad, la autonomía local y la concepción de la vinculación negativa en relación con el principio de legalidad de las entidades locales, no está de más recordar que el principio institucional organizativo de subsidiariedad exige la atribución de competencias y responsabilidades públicas a las autoridades más próximas a los ciudadanos, que se encuentren en condiciones de ejercerlas ( art. 2.1 características de localización y ámbito territorial, lo que supone nueva LRBRL y art. 4.3 de la Carta Europea de Autonomía Local).

Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo, demuestra en su reciente y magnífica obra titulada “La lucha por el buen gobierno y el Derecho a una buena administración mediante el estándar jurídico de diligencia debida” (Cuadernos de la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, 2019), que el principio de buena administración, en la práctica es un avance real en lo que califica de “tecnificación jurídica del concepto”.

En esa obra ofrece propuestas claras y directas para mejorar el servicio público: una hoja de ruta e instrumentos para fijar el estándar de diligencia de los servidores públicos: estándares sectoriales, el seguimiento de la huella normativa de grupos o intereses en la aprobación de normas, la proscripción del clientelismo en cargos públicos, robustecimiento de la motivación en las resoluciones, reformas sobre recusaciones e incompatibilidades de funcionarios, freno a los lobbies,  evaluación de políticas públicas, la transparencia e información comprensible, etc.

La obra propone sugerentes líneas de reforma normativa para la efectiva buena administración, distinta del «buen gobierno» y de la «gobernanza».

Propone varios frentes: la apertura a la acción pública en defensa de la buena administración; la posibilidad de impugnar actos de trámite contrarios a la buena administración; el desplazamiento de la carga de la prueba hacia la Administración para que demuestre que ha hecho uso del máximo posible de los recursos disponibles; la vinculación de la ausencia de buena administración al fumus boni iuris del recurrente para obtener medidas cautelares; la reforma del art. 29 LJCA en relación con la “insuficiente diligencia en la actividad”. Y todo ello con el añadido de la funcionalidad de garantía de la buena administración que reside en el instituto de la responsabilidad patrimonial.

Será muy difícil conseguir las reformas sugeridas o reclamadas por el autor. Al menos, la jurisprudencia avanza en la buena dirección.

 

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