Derecho de familia. Soledad Benítez-Piaya. Abogada – ESD242 - El Sol Digital
Derecho de familia. Soledad Benítez-Piaya. Abogada – ESD242

Derecho de familia. Soledad Benítez-Piaya. Abogada – ESD242

  • ¿Qué lugar ocupa el pago que he de hacer a mi ex e hijos en cuanto a otras deudas que pueda contraer como consecuencia de sanciones administrativas, pagos a Hacienda o la Seguridad Social, etc.?
  • Lo primero que aconsejaría es que si existe una deuda alimenticia se inicie procedimiento de ejecución lo antes posible para embargar antes que cualquier otro organismo o entidad.

Una vez que ya conste un embargo anterior, podemos hacer uso del art. 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en este sentido, aunque se mantenga el embargo anterior, se permite que el juez fije un importe para también cubrir al menos parte de la pensión alimenticia. En este caso, el tribunal valorará si el deudor tiene suficiente para vivir con lo que le queda tras los embargos, y en tal caso, la cantidad que acuerde embargar puede ser muy escasa.

Existe otra opción judicial, pero es cara y muy lenta, por lo que solo lo aconsejaría para el caso en que existe un embargo cuantioso y por un periodo largo que imposibilite poder cobrar las pensiones. Se trata de iniciar una tercería de mejor derecho y permite que con la sentencia que se dicte en este proceso y una vez valorada la situación de necesidad alimenticia, tenga prioridad el embargo de la pensión alimenticia en lugar, por ejemplo, del embargo bancario.

  • ¿Qué debo hacer para cambiar de juzgado de familia porque considero que el actual no me beneficia?
  • Los juzgados de familia no pueden elegirse. La competencia viene ya determinada por la ley.

No obstante, si existen causas para ello (tasadas en la ley), un juez puede ser recusado, siendo este el camino procesal que hay que seguir para indicar que la persona que va a conocer, o está conociendo de un asunto, no es válida para ello por determinados motivos.

En este sentido, y según resuelve nuestro Tribunal Supremo en sentencias nº 162/1999, de 27 de septiembre ; nº 69/2001, de 17 de marzo ; y nº 5/2004, de 16 de enero…”es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico».

 

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