Desaparece la obligación de los intermediarios de informar a la Agencia Tributaria sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Álvaro Graciani. Abogado - El Sol Digital
Desaparece la obligación de los intermediarios de informar a la Agencia Tributaria sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Álvaro Graciani. Abogado

Desaparece la obligación de los intermediarios de informar a la Agencia Tributaria sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Álvaro Graciani. Abogado

El artículo 54.ter.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, establece que las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien.

Esto suponía que toda persona intermediaria en la gestión de viviendas turísticas debían presentar trimestralmente, a la Agencia Tributaria, información sobre el titular de la vivienda cedida, el inmueble objeto de cesión, las personas usuarias y el importe de la transacción.

Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo indica que los términos de la sentencia del TJUE (…) son claros, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición de la directiva de información, y en consecuencia debería haber notificado el Estado español a la Comisión Europea la intención de aprobar la norma reglamentaria que ahora se impugna, lo que no ha hecho, por lo que se producen los efectos que se derivan de dicho incumplimiento formal, y en consecuencia, procede dar lugar al recurso contencioso-administrativo y anular y dejar sin efecto el reglamento impugnado por ser contrario a Derecho. 

En este caso, el Tribunal Supremo aplica la sentencia del Tribunal Justicia de la UE en el ‘caso Airbnb’, de 19 de diciembre de 2019, de la que se desprende que una norma como el artículo 54 ter del citado Reglamento debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su invalidez.

Debido a lo anterior, al ser anulado el artículo indicado, desaparece la obligación de la empresas intermediarias de presentar el modelo  recogido en la Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

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