Desplantes y cordura. Carlos Ramirez. Abogado - El Sol Digital

Desplantes y cordura. Carlos Ramirez. Abogado

Ciudadanos se suma al grupo de evadidos con Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT. Ciudadanos ha abandonado la comisión territorial impulsada por el PSOE en el Congreso de Diputados para reformar el Estado de las autonomías, después de que diputados socialistas impidieran su petición para que compareciera Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno; Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono, exjefes de los Ejecutivos autonómicos de Extremadura y Castilla-La Mancha, respectivamente; y Juan José Laborda, expresidente del Senado, todos ellos contrarios a la posición predominante en el Grupo Parlamentario Socialista de una España plurinacional. El efecto era múltiple, ocupar espacios en los medios, difundir que una parte del PSOE quiere un país confederal, de otra dividir aún más a ese grupo parlamentario y lo más importante motivar al electorado más españolista socialista. Es esta una práctica, la del desplante o salidas bruscas, que ya tienen antecedentes del PSOE en la Comisión de Educación, y la de Podemos en ese foro y en otros.

Sea como sea, se busca protagonismo, tener presencia y fotos, y lo que demanda la ciudadanía, el trabajo serio, riguroso, jurídico se evaden, de momento. Con la salida de Ciudadanos, la comisión territorial se queda con socialistas, populares y Grupo Mixto.  Sobran guantes de boxeos.

De otra parte, la orden europea de detención enviada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a las autoridades alemanas para solicitar la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont incluye la acusación de corrupción, pese a que el político catalán fue procesado hace semanas solo por rebelión y malversación de caudales públicos. La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí se ha entregado a en una comisaría de policía en Edimburgo en cumplimiento de la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo. Así, es de cordura que muchos diputados catalanes reconozcan que debe haber realidades paralelas y que es lógico desacatar las leyes de la democracia española y de la autonomía catalana sometida. Los culpables ya se saben el PP, o “el Estado”, el franquismo redivivo impregnándolo todo, prueba irrefutable de la democracia ausente.

Cataluña se aboca a un bloqueo institucional si antes del 22 de mayo no se ha investido al presidente de la Generalitat. Uno de los escenarios alternativos en el que los Comunes vienen reclamando son “mayorías alternativas”. Lo que parece unir a Colau con parte del independentismo está claro, la defensa de un “referéndum legal y acordado” y la oposición al encarcelamiento de líderes secesionistas. Pretende un “frente democrático” en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades que abarque desde el PSC hasta la CUP. ¿Mas insensatez, es posible? Sí, la del presidente del Parlament, Roger Torrent, que viene reclamando ampliar la base contra “la represión”.

En el plano más trágico, Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos menores asesinados por su padre, José Bretón, en Córdoba en 2011, tacha de “indignante y patético” que el PP haya “politizado” un acto en defensa de la prisión permanente revisable y en recuerdo de las víctimas de muertes violentas.   Ortiz se ha referido de ese modo al acto celebrado en la Plaza de las Monjas de la capital onubense al que acudió junto con padres de otros menores asesinados. También estuvieron presentes, entre otros, dirigentes del PP como la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, o el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno. ¿La mera asistencia a un acto en apoyo de hechos luctuosos en los que no intervinieron políticos es para acusarlos de politizar el acto? Son los únicos con Ciudadanos que defienden la petición de esos padres mártires apoyados con casi tres millones de firmas. El Pleno del Congreso ha dado un paso más para derogar la prisión permanente revisable tras rechazar las dos enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos que pretendían ampliar los casos de aplicación de esta figura y endurecer el Código Penal especialmente en los casos de reincidencia, al tiempo que trataban de paralizar el trámite de derogación en marcha de esa figura. Con ello, el Congreso ha optado por no frenar la derogación de la prisión permanente revisable, una figura punitiva máxima aprobada por la mayoría absoluta del PP en la X Legislatura. La iniciativa de derogación, presentada por el PNV, seguirá ahora su trámite en comisión, donde estaba, pudiendo volver a ser bloqueada por la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen la mayoría.

La cordura viene por el sur, ante una afrenta continuada desde décadas al Estado por los narcotraficantes del Campo de Gibraltar. El pacto alcanzado entre la presidenta de la Junta, y el ministro del Interior, es el mejor camino para luchar contra los narcos en el Campo de Gibraltar ante el que el Estado debe responder de manera unánime y sin polémicas partidarias. La Línea de la Concepción se convirtió, por un día, en el epicentro político y a ella acudieron el secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno y el portavoz del PSOE en el Parlamento Mario Jiménez. Por su parte, el ministro del Interior anunció el despliegue de ocho equipos del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil en La Línea y lo mismo con unidades especiales de la Policía Nacional. Lo que no hubo fueron promesas de inversiones, que ahora demanda el gobierno andaluz a Rajoy, junto a políticas de empleo necesarias y el declarar la comarca como Zona Fiscal Especial. Unas medidas insuficientes al no haber aún un plan específico para el Campo de Gibraltar, que necesita un plan de formación y empleo para atajar de raíz  los problemas.

Las estrategias de obtener réditos electorales fáciles, el todo vale, ya no se ve reflejada en votos, pues el electorado está cansado del marketing y la propaganda vacía y la mayoría social demanda seriedad y rigor en las políticas públicas. La ciudadanía reclama empleo de calidad, mejores servicios públicos y transparencia en la gestión pública. El impulso que pueda dar el gobierno central a situaciones de emergencia en algunas comarcas no deja de ser una excusa para tapar la indolencia de gobiernos autonómicos que ejercen sus competencias desde los años ochenta y no son capaces de resolver esos y otros problemas que son pilares de la sociedad como la salud, la educación y la precariedad laboral.

 

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