Días negros para Cataluña. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital

Días negros para Cataluña. Carlos Ramírez. Abogado

Con absoluta tranquilidad la alcaldesa de Barcelona ha expresado en relación a los últimos acontecimientos del día 30 de octubre que es “dia negre per Catalunya. El govern escollit democràticament a les urnes, a la presó. Cal front comú per aconseguir llibertat presos polítics”, es decir “día negro para la democracia y para Catalunya”, ha reclamado un “frente común” de partidos, entidades y colectivos, y del “todo el catalanismo político” con el fin “defender la cohesión”, reclamar la “libertad y la amnistía” de los presos y “parar la aplicación del artículo 155”.

La reacción de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al encarcelamiento de ocho miembros del Govern cesado, decretado este jueves por la juez de la Audiencia Nacional, en una declaración institucional que ha leído desde el consistorio, ha calificado la decisión de “despropósito jurídico” y de “gravísimo error político” que “nos aleja de la solución”, algo que, a su juicio, responde al objetivo de “espíritu de revancha” y de “humillar a las instituciones catalanas y a sus legítimos representantes”.  Además, se ha reafirmado en que los miembros del Govern encarcelados hoy, así como los que se encuentran en Bélgica a la espera de una orden internacional de detención –incluido el president Puigdemont–, “forman el gobierno catalán legítimamente escogido en las urnas” a pesar de haber sido “cesados”.

La barbaridad de la señora alcaldesa ha sido tan exorbitante que solo es asumible desde el nivel ínfimo de la salud democrática de quienes lo pregonan. Si, en esa mentira colectiva, bochornosa, para cualquier demócrata se han instalado los dos polos del soberanismo, el independentista (PDCAT, ERC y la CUP) y el del pacto de referéndum para la independencia (Podemos, Ecomun). Son dos caras de un mismo muñeco que pretende dinamitar la democracia de todos, la soberanía nacional y la convivencia social. Los arrabales de la ilegalidad constitucional se llenan de políticos radicales, oportunistas y vividores de las subvenciones a objetivos lapidarios, en una sociedad banalizada y adormecida que en parte se queda estupefacta ante tanto ruido mediático. Decenas de años en la impunidad de hechos fuera de la ley relativizan actuaciones que dejan fuera de juego a cualquier demócrata europeo.

Todos los partidos golpistas, sumados a Podemos, defienden que el president Puigdemont–, “forman el gobierno catalán legítimamente escogido en las urnas” a pesar de haber sido “cesados”, tachando al Estado en la “pendiente resbaladiza del autoritarismo”, con un “un ataque a los fundamentos democráticos del Estado español”, que “pone en entredicho la separación de poderes”. Por su parte, el candidato de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, también ha solicitado “Amnistía ya”. Y el líder de Podemos, Pablo  Iglesias, insiste en un “me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Catalunya pero hoy decimos: libertad presos políticos”. Bochornoso.  Así que el exalcalde y líder del grupo Demócrata, Xavier Trias, exprese que “un Estado que encarcela personas decentes es un Estado indecente” no debe extrañar, pues los ilegales y sus cómplices se defienden sabiendo la maldad de sus acciones.

Ante la acción subversiva de los soberanistas y sus movilizaciones, hay dos frentes, uno el político, en el que los partidos constitucionalistas no muestran la unidad deseable. El líder municipal del PSC en Barcelona y segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha asegurado que los encarcelamientos del vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, y otros consellers son “desproporcionados” y alejan la solución al conflicto entre Catalunya y el resto de España. El PSC también ha apoyado en junta de portavoces del Ayuntamiento colgar una pancarta que pide ‘Libertad presos políticos’ en el balcón del edificio consistorial. ¿Eso es unidad constitucional? En el otro, el judicial, la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión incondicional para el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete consellers que han acudido a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Para el único que no solicita su encarcelamiento es para Santi Vila, quien dimitió de su cargo 24 horas antes de que el Parlament aprobara la declaración unilateral de independencia. Ahora pretende postularse como adalid del PDCAT, o lo que queda de él, en una formación dividida entorno a ERC. La Fiscalía se querelló contra todo el Govern, cesado por el Ejecutivo central el pasado viernes, por delitos y les acusa de haber declarado la independencia de Catalunya fuera de las vías legales. Para ello, habrían utilizado al Parlament, a los Mossos d’Esquadra y a las asociaciones independentistas como ANC y Ómnium.

La decisión de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de mandar a la cárcel a ocho miembros del depuesto gobierno catalán ha dado la vuelta al mundo. El encarcelamiento de los ocho miembros del Govern de la Generalitat de Catalunya copa portadas en la prensa internacional.  Es solo el principio de la estrategia del espectáculo y el magnificar unos hechos regionales en un país a nivel mundial. Una estrategia diseñada hace años, quizás desde el 2012, cuando todo empezó a girar más rápido a las ilegalidades.

Hemos visto la violencia de los escraches cometidos a la Policía y en todos los casos el elemento fundamental de la rebelión, el objetivo de independizarse de España o abolir la Constitución y que los exconsellers han podido cometer delito de rebelión, sumado a otros… y que ese delito se ha llevado a cabo con violencia, tanto el día del referéndum del 1-O como antes y después de dicha jornada. Todo eso sumado a un expresident huido a un país monárquico para defenderse de la falta de separación de poderes, esa misma que el negaba en la Ley de Transitoriedad.

Queda aún mucho trabajo, estamos en los inicios de la aplicación suave y ponderada del artículo 155, pero quizás lo más relevante es que sea cual sea el resultado del 21-D, ese artículo ha venido para quedarse en Cataluña si los ganadores son los mismos que alcanzaron mayoría en las elecciones pasadas, pues el respeto al Estatut y a la Constitución no depende de unas elecciones autonómicas.

 

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