Editorial - El 155 precisa más tiempo de aplicación - El Sol Digital
Editorial – El 155 precisa más tiempo de aplicación

Editorial – El 155 precisa más tiempo de aplicación

Internarse en la realidad de lo que está sucediendo en Cataluña tiene mucho de película de suspense sino fuera porque todo es real, incluso lo que no lo parece. Algunos de sus protagonistas pertenecen a tramas delictivas en lo político y en lo económico y esto no hay que olvidarlo en ningún momento. Así, el trasfondo político se confunde con este plano criminal que encuentra en Andorra refugio a sus fortunas, como la del clan de los Pujol. Porque la extinta Convergencia tuvo que cambiarse hasta el nombre para disimular, una cirugía estético-política -ahora dice llamarse PDeCAT- obligada por los numerosos casos de corrupción en los que estuvo enfangada, ya saben, el famoso 3 por ciento de comisión a las empresas que contrataban con la Generalidad y los ayuntamientos.

Pero al “todo por la pasta” se unía también una lenta y prolongada labor de zapa del Estado para levantar un día otra realidad, aunque fuese ilegal. La guerra de propaganda que emprendieron, desde el “España nos roba” hasta los 900 heridos en las cargas del 1 de octubre, ha dado sus frutos y buena parte de la sociedad catalana se ha creído las mentiras propagadas por estos sectarios. Y todo en un ambiente de desobediencia contumaz a la ley y las sentencias judiciales, desde la del Constitucional sobre el Estatuto, de 2005, a otras muchas. En aquella ocasión, el Alto Tribunal anuló 14 artículos y reinterpretó otros 27. Casi nada.

Ah, no se olvide el blindaje legal del expresidente, 115.000 euros anuales de pensión temporal hasta 2021 y vitalicia de 87.000 cuando se jubile.

Puigdemont, Junqueras, Forcadell, los antidemócratas de las CUP y sus compañeros de viaje los podemitas se han exhibido sin pudor como unos golpistas a los que poco importa el imperio de la ley. Pero, además, son repugnantes el supremacismo/etnicismo del que hacen gala por doquier. Como en la escuela. Son incontables los casos de profesores que hacen política en clase a favor de la independencia y que desprecian o ridiculizan a quienes hablan castellano, a los que llaman “barriobajeros”. Y si los padres dicen algo los marcan con el estigma del “fascismo” o el “españolismo”. Cuando son ellos los racistas más obscenos.

En esta continuada erosión de la ley y la convivencia ciudadana tienen sus aliados, caso del conde de Godó, Grande de España, que financia una de las emisoras más independentistas y maniqueas que emiten en Cataluña. Extraña que Felipe VI no le haya retirado el título después de su reciente biografía política de sumisión a la república catalana. Pues bien, en esta campaña de falsedades diarias, TV3 -la televisión autonómica más cara de España- está en cabeza sin escrúpulo alguno, y sin que levante las protestas de los que se rasgan las vestiduras por RTVE que, por cierto, podría y debería hacer mucho más por la España constitucional, sacudiéndose los complejos que la aquejan.

En la coral no faltan personajes como Rufián, insultador oficial de ERC, o Colau, conscientemente ambigua aunque al final colaboracionista de los rebeldes, a los que ofreció los colegios electorales hace un mes.

No se trata de que hay unos señores que tienen unas ideas políticas y se les persigue por éstas, de ninguna manera. Se trata de unos individuos que, a sabiendas del ordenamiento jurídico se lo saltan y delinquen. Son contumaces en el delito y ya empiezan a estar perseguidos por la Justicia a la par que les tiemblan las piernas. Como en cualquier país democrático, se les debe detener y conducirlos a la autoridad judicial. Como sucedió con los golpistas del 23-F de 1981.

Es cierto que ha faltado hasta ahora movilización entre los catalanes que quieren seguir siendo españoles pero ya han despertado y este es uno de los pocos efectos benéficos del espectáculo de los bellacos que dieron el golpe de Estado en la pasada tarde del viernes 27 de octubre. Como dice José Borrell, no tienen la llave de la puerta y la echan abajo. Hasta ocultaron su voto con la acostumbrada cobardía que les guía para eludir así la acción judicial.

Desconoce esta banda que el derecho de autodeterminación no está reconocido ni en la Constitución española ni en el derecho internacional. Y que lo que ellos llaman el derecho a decidir es una excrecencia de sus calenturientas mentes, porque nadie puede decidir aunque  le dé la gana decidir, sino es dentro de la ley.

Los rebeldes y sediciosos han llegado, incluso, a alentar unos grupúsculos, los CDR, al estilo cubano, para interponerse a la acción del Gobierno de la nación. Pero lo importante es que viene de antiguo esta semilla del odio que se plasma en el Estatuto y ahora en esta nacida y muerta al mismo tiempo República de Cataluña. Se han inventado un pasado que nunca existió y dicen emprender un camino hacia una Arcadia feliz que lo primero que provoca es la salida de más de 1.700 empresas, incluidas bancos.

Su locura va así unida a una supina ignorancia, fingida o real, según los casos, como su atribución de la sentencia del Constitucional relativa al Estatuto a la presión del PP, cuando fue dictada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y decantada por el voto de un magistrado progresista.

Pero llegamos a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, excesivamente demorado. Y es que, y hay unanimidad en esto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Rey Sol del PP y único mandamás del gabinete, debía haber intervenido contundentemente mucho antes. Porque este es un golpe anunciado y cuando se sabe que se va a cometer un delito la obligación del Ejecutivo es abortarlo, no dejar que se produzca suplicando antes que el delincuente se convierta a la fe.

El caso es que la aplicación del 155 ni va a ser fácil ni va resolver el problema de fondo, que es producto de lo lejos que se ha llegado en esta autonomía, y posiblemente en otras que observan atentas el bochornoso episodio nacional.

En un mes y medio no se puede volver a la normalidad, se necesitarán años de información plural y de batalla por las ideas para reasentar el juicio de la mayoría de los ciudadanos. Que se mantengan las competencias de Educación en esta comunidad infectada por el virus separatista es seguir suministrándole al enfermo el mismo mal que se dice curar.

Por si fuera poco, una precipitada convocatoria de elecciones es echar a cara o cruz el resultado. ¿Y si vuelven a tener la mayoría los delincuentes? Parece como si a Rajoy le quemara en las manos la autonomía de Cataluña y se la quisiera quitar de encima cuanto antes, aunque sea a costa de no resolver el problema. Así, no presidente. Así pasamos la pelota pero no ganamos el partido. Hay que reordenar el caos autonómico y hay que reconocer que se han cometido desde la transición errores de bulto que ahora estamos pagando. Y con la ley en la mano, como hasta ahora, y voluntad política a raudales deben convocarse elecciones, en el momento político más oportuno, para iniciar un proceso constituyente, no en el sentido que desean los enemigos de España sino en el de la corrección de la deriva española para arribar a tierra segura.

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