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Editorial – El anteproyecto de ley de Memoria Democrática busca que una parte de España se imponga a la otra

Editorial – El anteproyecto de ley de Memoria Democrática busca que una parte de España se imponga a la otra

El anuncio de la mal llamada ley de Memoria Democrática es un nuevo intento, tras el de José Luis Rodríguez Zapatero de 2007 -Ley de Memoria Histórica-, de imponer una visión única de nuestro pasado más reciente pero con sobresalientes consecuencias sobre el presente y nuestro futuro. Ya se sabe que la coalición socialcomunista que nos gobierna tiene ese tic totalitario que no deja ni a los muertos en paz, aunque se trate de la media España que ganó la guerra a la otra media. Quieren reescribir la historia y venganza por su derrota.

Fernando del Rey, catedrático de Historia, ha declarado que si la cosa se centrara en desenterrar cadáveres, entregar los restos a sus allegados y devolverles la dignidad…, lo que es de justicia, nadie está en contra, pero es que no se trata de eso. El profesor recuerda que la dictadura de Franco surge de una guerra civil en la que hay dos bandos enfrentados y los dos con crímenes, y no solo durante la guerra, también después, pues  hay que contabilizar la represión del nuevo régimen y el maquis, que también mató a muchos españoles. Ni la extrema derecha de la época ni los anarquistas o los comunistas estaban comprometidos con la democracia, no podían estarlo, su naturaleza antidemocrática era clara al respecto.

Ahora, cuando esta ley pase el rubicón del Congreso, se instaurará una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en el Tribunal Supremo, como en su momento existió el Tribunal de Orden Público franquista, que también él se ocupó de juzgar y sancionar los delitos políticos. Y si alguien se pregunta cómo se pueden comparar instituciones de la dictadura y de la democracia no habrá más que juzgarlas por sus obras, lo demás es retórica hueca.

La ley, si entra en vigor, que es lo más probable, dada la debilidad numérica y de principios de la mal llamada oposición, anula en la práctica los derechos constitucionales de libertad religiosa, opinión, asociación, igualdad de los españoles ante la ley, libertad de expresión y otros, su espíritu es claro y su letra apunta en esta dirección.

Decía recientemente Lola Canales, la primera mujer condenada en España por rebelión militar en la época de Franco que “también murieron muchos del otro lado [el bando nacional], y hay que reconocerlo. Que lo de las checas aquí [en Madrid] era verdad, no fue ningún invento, ninguna entelequia. (…)”. Pues eso.

Más allá de que no puede ser una prioridad revivir el pasado del enfrentamiento de las dos Españas, para el que nunca debería existir el momento, o que coincide con la pandemia y la calamitosa situación económica que padecemos, que ahí está, el imponer, como dice Rafa Latorre, el olvido de lo reciente y un vívido recuerdo de lo remoto, tiene un carácter perverso.

Los crímenes del franquismo, de una y otra parte, su investigación, estaba vedada en España por la aprobación de la Ley de Amnistía, pero no importa, el Gobierno se agarra a lo que sea, en este caso al cumplimiento de los tratados internaciones de derechos humanos, en concreto la violación de los mismos desde el golpe militar de 1936 hasta la aprobación de la Constitución española.

Para más escarnio y el correspondiente adoctrinamiento, la ley prevé medidas y acciones en el plano educativo para incorporar los contenidos de la susodicha Memoria Democrática, lo que significará un cambio en los planes educativos para la correspondiente lobotomía de los más jóvenes.

Pero la desfachatez del Ejecutivo le lleva a  decir que “no distinguen entre víctimas republicanas y franquistas” y que no se trata de “abrir heridas sino de cerrarlas”, claro, no se esperaba otra cosa. Tiene que resolverse, además, si deja en paz a la orden religiosa de los benedictinos que habitan en el Valle de los Caídos, y la gran cruz que lo preside. No se olvide tampoco que el anteproyecto vulnera «la jurisdicción exclusiva que garantiza el artículo 117 de la Constitución», que establece que «para que se reconozcan unas víctimas se tiene que publicar un victimario», y éste no existe. Mientras tanto, el Gobierno intercambia presos por Presupuestos con los herederos de ETA, ¿creen que se les perseguirá con la misma ley del mismo Gobierno?

El anteproyecto de ley no queda ahí, sino que será también la base para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Por primera vez, la legislación española incorpora un sistema de sanciones, de entre 200 y 150.000 euros, para aquellas asociaciones que con recursos públicos enaltezcan el totalitarismo o figuras dictatoriales, como la de Franco. Se realizará una modificación de la ley de asociaciones para impedir estos fines en fundaciones públicas o con dinero público, aunque la referida Fundación no recibe un solo euro de dinero público. Bildu, sí.

Ya en 2018, Podemos pidió derribar la cruz del Valle de los Caídos, ¿entienden ahora contra qué media España se dirige el Gobierno y contra cuál otra no?

Pero a esta ley le falta algo y ese algo es la persecución del partido al que pertenece el ministro de Consumo, el PCE, un partido totalitario que a lo largo de su historia se ha cobrado miles de muertos en España y que se inserta en el conjunto comunista con más de cien millones de víctimas, según cifras de los estudiosos de su barbarie. ¿O se va a negar ahora que la simbología comunista, la hoz y el martillo, no representan la mayor opresión, junto al nazismo, que haya padecido la Humanidad desde el siglo veinte hasta nuestros días?

La ley, lo repetimos, solo está dirigida contra una de las dos Españas, de las que se lamentaba Antonio Machado:  Españolito que vienes/al mundo te guarde Dios./Una de las dos Españas/ha de helarte el corazón.

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