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Editorial – Un golpe de Estado anunciado

Editorial – Un golpe de Estado anunciado

El presidente de la Generalitat, Puigdemont, y quienes le secundan en su aventura separatista -PeDeCat, ERC y CUP- llevan meses anunciando la comisión de un delito gravísimo contra el ordenamiento constitucional como es la declaración de independencia de Cataluña, bien sea como resultado de un referéndum ilegal o de una declaración institucional igualmente delictiva.

Esta pretensión independentista tiene sus antecedentes en el gobierno de Artur Mas. El ex presidente ya ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación por la consulta del 9N de 2014, y Francesc Homs, ex consejero, a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave por la misma causa.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial en el primer estudio estadístico sobre casos de corrupción en España, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, desvela que por comunidades autónomas el ranking lo lidera Cataluña, seguido a distancia de Andalucía y Madrid. Dato revelador que casa perfectamente con las causas que se siguen de financiación ilegal del PeDeCat -antes Convergencia de Cataluña- y los escándalos de la familia Pujol, cuyo patriarca también fue presidente de la Generalitat. De aquí se deduce una clara trama delictiva en lo económico -con dinero procedente de empresas que se hacen con concursos públicos- y en lo político -pretendiendo la separación de Cataluña de la nación española-. Ya es hora de hablar claro, se trata de la comisión de delitos muy graves que deben concluir con juicios en los que la privación de libertad sea exigida sin titubeos, a la vez que el Gobierno, que se ha conducido en todo este proceso con paños calientes sin advertir que no había marcha atrás por parte de la trama, debe proceder con contundencia y sin complejos.

Ya tenemos un ex presidente, Mas, sentenciado como delincuente, y otros dos, Pujol y Puigdemont, sobre los que recaen fundadas sospechas de delito y sobre los que habrá que esperar. Pero lo que también tenemos la mayoría de los españoles es una firme convicción: el imperio de la ley debe prevalecer sobre cualquier otra consideración haciendo frente, con todas las consecuencias, a esta amenaza a la Constitución y la democracia españolas.

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