El 21 D, un día para el cambio político. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital

El 21 D, un día para el cambio político. Carlos Ramírez. Abogado

El movimiento independentista sigue pretendiendo ofender a toda la sociedad con grandes movilizaciones para denunciar la existencia de “presos políticos” en España, en referencia a los ocho exconsejeros del Govern y los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium. Para ello, cuentan con el impulso de Ada Colau y de su candidato a las elecciones del 21-D. El sábado día 11 las entidades escogieron el lema “Libertad, presos políticos. Todos somos República“, para ese fin no debió faltar dinero acumulado de subvenciones millonarias, que pagamos todos. Es en este contexto tan enrarecido de forma estratégica por los soberanistas, con la mitad de los consellers en la cárcel y los otros en busca y captura en el que se van a celebrar las elecciones del 21 D en Cataluña.

Los soberanistas, aunque militen en cuatro formaciones políticas representan casi lo mismo. O, por lo menos, tienen un objetivo común: desestabilizar España, acabar con lo que ellos llaman el régimen del 78 y alcanzar el poder mediante un pacto de gobierno de coalición de la izquierda radical en Cataluña. En ERC tienen claro que el procés ha fracasado, por eso planean en un nuevo tripartito, formar un ejecutivo con la CUP y la coalición de Podemos en Cataluña, apoyado en el comodín de Juntos por Cataluña. Un gobierno con unos socios que apoyan abiertamente el derecho a decidir, para dinamitar los cimientos del Estado de derecho. El lema de Pablo Iglesias y de Colau ha sido y será muy claro: ni DUI ni 155, referéndum pactado. ¡Ah!, y el nombre del dictador Franco ha vuelto para nombrar a todos aquellos que no les dan la razón a los soberanistas catalanes, ya sean las leyes o las sentencias de los tribunales de Justicia o simplemente la Constitución. Así siguen el camino abertzale vasco de los ochenta, en el que los soberanistas radicales identifican la democracia española con el franquismo. ¿Y la Asociación Nacional de Cataluña y Ómniun Cultural? Estas dos asociaciones, fuertemente subvencionadas con dinero público han pagado la fianza de 150.000 euros para sacar de prisión a la expresidenta Carme Forcadell, y hace unas semanas más de dos millones de parte de la multa de Artur Mas. ¿Con qué dinero?

La pregunta más repetida no debería ser si logrará el independentismo reeditar su mayoría, o se quedarán esta vez por debajo del umbral, sino que harán los que consigan formar el gobierno. Todo un dilema, hasta quizás el 22 de diciembre lleguen al punto de desear no haber ganado[1] si son los soberanistas. Si reeditan la mayoría en el Parlament seguirán huyendo miles de empresas. Sin duda.  Hasta la fecha casi 1.000 empresas que figuraban con domicilio fiscal en Cataluña han trasladado su sede fiscal a otras comunidades autónomas desde el 1 de octubre, y de esta forma, del total de 2.471 empresas, según datos del Colegio de Registradores, han trasladado su sede social fuera de Cataluña desde la celebración del referéndum hasta el 13 de noviembre. La participación de ventas declaradas por empresas domiciliadas en Cataluña ha caído casi tres puntos porcentuales en la segunda quincena de octubre frente a la primera, esto supone un descenso del 12,5 por ciento en apenas 15 días. Tomando como base la recaudación de IVA correspondiente a 2016, de trasladar esta caída al conjunto del ejercicio, significaría que Cataluña contabilizaría unos 2.000 millones de euros menos por este concepto debido al traslado de sedes[2].

Ante el enorme reto electoral, el PSC ofrece sus soluciones, como son la reforma federal de la Constitución y un trato diferencial para el catalán y el “estatus de nación” de Catalunya[3], y para ello ha integrado en las listas a ex miembros de Units per Avançar que no se iban a presentar a las elecciones por la imposibilidad de obtener escaño y que propugnan un estado confederal y la no aplicación del 155.  Por otra parte, C’s, quizás logre capitalizar el voto protesta y del cambio constitucionalista, y ya está pidiendo que no vuelva el tripartito de PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds que desgobernó entre 2003 y 2006. Además, algunas formaciones independentistas irán encabezadas por presos y huidos en Bruselas, con la explícita intención de convertir las elecciones en un plebiscito de absolución por las urnas a esos presuntos delitos que serán próximamente juzgados. En medio de la división de los partidos constitucionalista, se sitúan unos 500.000 votos y sólo con una participación superior al 75 por ciento tendrían alguna posibilidad de formar gobierno sin las fuerzas independentistas. En un 80 por ciento de participación se conseguiría movilizar a más de 200.000 abstencionistas, una importante parte de esa “mayoría silenciosa” a la que apelan PP, PSOE y Ciudadanos.

Para influir en las elecciones hay dos foros, en el interno, desde el apoyo que el PSOE prestó al Gobierno de Mariano Rajoy para intervenir la autonomía catalana, cesar al Gobierno catalán y convocar elecciones, han perdido cinco alcaldías y han salido al menos de una docena de gobiernos municipales en los que estaban gobernando con soberanistas e independentistas. Pactar con los equivocados tiene su precio.

Sin embargo, para el día 21-D, los catalanes no habrán sufrido aun los desastres que si reconocerían si se hubieran celebrado elecciones en abril del 2018.  Además, no se podrá elegir entre dos frentes, al contrario, hay muchas opciones que pueden intentar coaligarse según en que renuncien a sus programas y Rajoy se la juega [4] condicionado por el PSOE-PSC en su convocatoria.  En todo caso, el 155 demuestra que el Estado se puede defender poco a poco si se incumplen sistemáticamente las leyes de manera tan brutal. Después de la configuración del nuevo Gobierno catalán se podrían levantar las medidas que se han aprobado, aunque hasta entonces habría margen para aprobar alguna medida en el marco de la enseñanza y sería lo ideal de la mano de la Intervención General del Estado[5].

Lo que está claro es que los ciudadanos catalanes deben elegir de forma clara entre un cambio al respeto a la legalidad constitucional y de lealtad y estabilidad institucional basado en partidos constitucionalistas, tal y como sucedió en la presidencia de Patxi López en el País Vasco, o continuar con la bronca y conflictos continuos, la tensión social y la huida masiva de empresas, con efectos devastadores en el empleo y la economía de esa Comunidad autónoma. Si sumasen mayoría los constitucionalistas y priman los intereses generales sería lo acertado, y si, en cambio, prevalecieran pactos municipales en poco se habría avanzado en la unidad de los demócratas. El  porvenir de una generación de ciudadanos libres e iguales, el modelo de convivencia y la recuperación económica dependen de esa fiesta de la democracia.

[1] https://elpais.com/elpais/2017/11/09/opinion/1510233643_438485.html

[2] https://www.libremercado.com/2017-11-14/las-empresas-se-llevan-sus-impuestos-de-cataluna-y-la-recaudacion-por-iva-cae-un-12-1276609088/

[3] http://www.lavanguardia.com/politica/20171110/432758844595/montilla-proces-2-elecciones-21d-prision-consellers.html

[4] https://politica.elpais.com/politica/2017/11/05/aixo_va_de_democracia_blog_contra_l1o/1509878126_255084.html

[5] http://www.lavanguardia.com/politica/20171114/432880184704/rajoy-elecciones-catalunya-articulo-155-normalidad.html

 

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