El aumento de las inspecciones provoca el cierre de centenares de piscinas comunitarias - El Sol Digital
El aumento de las inspecciones provoca el cierre de centenares de piscinas comunitarias

El aumento de las inspecciones provoca el cierre de centenares de piscinas comunitarias

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Los continuos cambios normativos y el aumento de inspecciones para que se cumpla con la legislación están provocando un incremento en el cierre de piscinas comunitarias en la provincia de Málaga.
Desde 1999 hay una normativa específica sobre la construcción de piscinas, que se ha ido modificando sucesivamente, con aclaraciones y nuevos requisitos hasta la última modificación que data de 2015, con el objetivo de tener el permiso de apertura del recinto acuático comunitario.

 

Uno de los cambios que ha movilizado más se produjo en 2011 cuando hizo responsable de la aplicación de la normativa al representante de la comunidad de propietarios, y no al administrador como venía ocurriendo hasta entonces.

 

Hay que decir que la competencia de la inspección de las piscinas fue cedida por los ayuntamientos a la Junta de Andalucía, salvo algunos municipios que decidieron quedarse con ella, como Mijas.
Con la llegada del verano se produce la apertura de piscinas, pero una gran mayoría carece de los permisos necesarios, y las distintas administraciones comienzan a exigirlos, y en caso de no estar en regla cerrar el recinto.

 

Hasta ahora el municipio que se ha mostrado más estricto en el cumplimiento de la legislación ha sido el de Mijas que el año pasado decretó la clausura y vaciado de más de 300 piscinas de uso comunitario del término municipal -ubicadas en comunidades con 20 o más viviendas- al no contar con los permisos necesarios ni estar debidamente legalizadas.

 

La medida fue adoptada ante la obligación que tenían los titulares de estas instalaciones acuáticas de cumplir la legislación de la Junta de Andalucía. Fueron piscinas situadas no solo en urbanizaciones, sino en Mijas Pueblo, La Cala y Las Lagunas, núcleo donde muchas comunidades poseen instalaciones acuáticas.

 

Fuengirola es otra de las zonas que más está sufriendo con las inspecciones y el cierre de piscinas comunitarias.

 

En la capital malagueña hay censadas más de 3.500 piscinas, y la inspección corre a cargo de los funcionarios de la Junta de Andalucía, de cuyo trabajo se deduce que la mitad de estos recintos no cumplen con la normativa, aunque la mayoría de los fallos encontrados eran leves y fueron subsanados rápidamente.

 

La principal falta es la ausencia de un permiso de apertura, seguida de la ausencia de socorristas (sólo para piscinas de más de 200 metros cuadrados) y el incumplimiento de medidas como los suelos antideslizantes, vallados, dosificación para la calidad del agua, cuartos de aseos, duchas, y últimamente se ha endurecido la legislación en materia de acceso a minusválidos donde se requiere dos escaleras, una anclada en el vaso, y la otra construida dentro del vaso, lo que supone una aportación económica importante.

 

Según la Consejería de Salud, en las inspecciones se presta mayor atención a tres aspectos: la calidad del agua, el uso de materiales antideslizantes y la correcta vigilancia del recinto por parte de un socorrista. Asimismo, en el supuesto de infracciones muy graves se podrá acordar el cierre de la piscina por un plazo máximo de cinco años.

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