El Brexit y su repercusión en España: la incertidumbre. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital

El Brexit y su repercusión en España: la incertidumbre. Carlos Ramírez. Abogado

El referéndum del día 23 de junio de 2016 en el Reino Unido con la victoria de la salida de la UE ha creado decenas de incógnitas que se quedan en el aire, al menos por ahora.

Los motivos que llevaron a los británicos a querer salir de la UE ha sido dos: la aportación económica del Reino Unido al resto de países comunitarios y la inmigración. Sin embargo, en el período 2013-2014, el flujo neto de inmigrantes de la UE, por parte de Suiza, Noruega e Islandia, como porcentaje de su propia población, fue dos veces mayor que el del Reino Unido, siendo miembro de la UE. La realidad es que hay tres millones de inmigrantes comunitarios que residen actualmente en Reino Unido, 200.000 de los cuales son españoles.

La salida de la Unión Europea no es inmediata. Una vez que el Gobierno británico informe oficialmente del resultado del referéndum a la Comisión Europea y al Consejo, será de aplicación el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea en el que se establecen dos procedimientos de retirada de un estado miembro de la Unión Europea:

­ Previa celebración de un acuerdo internacional entre la Unión y el Estado miembro de que se trate, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión.

­ Pasados dos años, prorrogables, desde que el Estado miembro en cuestión notificara su deseo de hacerlo al Consejo, los Tratados dejarán de aplicarse al Estado en cuestión a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación de retirada al Consejo Europeo.

Las consecuencias del Brexit, desde el punto fiscal, afectarán principalmente a la imposición indirecta, a la limitación de la libre circulación de mercancías con la consecuente calificación de las operaciones realizadas entre miembros de Reino Unido con otros países miembros. El Reino Unido pasará a considerarse como un “tercer estado” y cualquier importación y exportación tendrá que seguir los trámites de aduanas, soportando los correspondientes aranceles aduaneros y el IVA de importación. Con el Brexit ¿utilizará el Reino Unido esta retirada de la Unión para establecer unos tipos tributarios más bajos que el resto de la Unión con el objetivo de convertirse en un destino atractivo desde un punto de vista empresarial y fiscal?[1]. Al salir Reino Unido de la UE, los bancos británicos, sean los ya establecidos en el país o en otros países miembros, tendrían que obtener otra licencia añadida, del supervisor nacional de cada estado miembro del Área Económica Europea, para poder ofrecer sus servicios bancarios y financieros, en cada uno de los países.

El escenario más plausible que barajan altos cargos gubernamentales es que Reino Unido querrá una suerte de acuerdo comercial similar al que se ha rubricado con Canadá y se está negociando con Estados Unidos. Lo cual permitiría la libertad de movimientos de capitales y casi todo tipo de intercambios comerciales. Existen hoy cuatro países europeos que no son estados miembros de la UE: Islandia, Liechtenstein y Noruega, que son miembros de la AEE, y Suiza, que no lo es, pero que lo consigue negociando acuerdos bilaterales, que le permiten tener bastante acceso al mercado único.

En la actualidad, según los datos del Colegio de Registradores, los británicos encabezan la compra de viviendas de extranjeros en España con un 21 por ciento de las adquisiciones en 2015. Y ese apartado se verá claramente amenazado. El turismo también acusará el impacto y sectores como el automovilístico, el agroalimentario o la maquinaria lo notarán. El problema central más bien residirá en la circulación de personas, los 200.000 españoles allí residentes. Por el contrario, los británicos en España, el grueso de ellos pensionistas, verían cómo peligra la asistencia sanitaria gratuita. Los datos de la relación entre Gran Bretaña y España que pueden verse modificados son:

-Inversiones. El stock de inversiones británicas ascendía en 2014 a 37.670 millones de euros.

-Compra de vivienda. El 21,34 por ciento de las compras de vivienda por parte de extranjeros se corresponde con ciudadanos británicos.

-Contribución a la UE. El 12,57 por ciento del presupuesto de 2015 de la UE lo aporta Reino Unido, frente al 8,06 por ciento que sufraga España, Alemania (21,36 por ciento) y Francia (15,7 por ciento).

-Comercio español con Reino Unido. 5.647 millones es el saldo comercial positivo y en términos de bienes y servicios, el superávit de España suma el 1,3 por ciento del PIB en 2015.

-Turismo. Reino Unido es el que genera más visitantes, con más de 16 millones de turistas. En los cuatro primeros meses del año, los británicos se dejaron 3.432 millones.

-Trabajadores. Decenas de miles de españoles están inscritos en la Seguridad Social británica para trabajar, de los cuales unos 4.000 pidieron ayuda social.

El euro podría perder toda su importancia global si Reino Unido decide dejar de operar en los mercados internacionales con esta moneda. Las negociaciones sobre el Brexit empiezan mal. La cuestión del acuerdo financiero es un asunto esencial. La UE no quiere hablar de cifras, pero “este detalle” significa que lo que dejen de pagar los británicos deberán suplirlo los demás países que permanecen en la UE, y así será difícil que los británicos cumplan los plazos marcados para este proceso. Bruselas exige que este órgano siga garantizando los derechos de todos los ciudadanos europeos afectados por la ruptura y, sin embargo, Londres argumenta que no puede mantener la jurisdicción del tribunal europeo en su territorio cuando se desvincule del proyecto comunitario.

La primera etapa de las conversaciones se ha centrado en los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y el acuerdo financiero entre Londres y Bruselas, sin embargo, las conversaciones sobre el acuerdo financiero se encuentran en un impasse extremadamente preocupante. Sobre la posibilidad de que no se alcance un acuerdo con Bruselas, los británicos dicen estar preparados para opciones alternativas, en tal caso deberán dedicar nuevos recursos económicos para planes de contingencia que incluyan la posibilidad de abandonar la Unión sin un acuerdo. El plazo para las negociaciones vence el 30 de marzo de 2019 y no se vislumbra ninguna prórroga más allá de este límite, porque ello daría lugar a que el Reino Unido tuviera que celebrar elecciones europeas en mayo de 2019. La Unión Europea tiene la misión común de ampliar, consolidar y extender derechos, no de reducirlos. El Parlamento Europeo se reserva el derecho de rechazar cualquier acuerdo que ofrezca a los ciudadanos de la Unión un trato menos favorable que en la actualidad, por ser una cuestión de derechos y valores fundamentales.

 

Deja un comentario

El email no será público.