El centinela (y II)

El centinela (y II)

Carlos Ramírez, abogado

¿Qué daño hace este problema secesionista a España y a su economía?, y ¿la convivencia?, ¿y la imagen exterior?, ¿y las responsabilidades?, ¿y la sociedad?, ¿ha exigido responsabilidad y puentes de diálogo para el entendimiento sincero?

El gran problema no es el resultado del 27–S, sino tener un Parlamento mayoritario secesionista y, ante todo, un gobierno enemigo del respeto a la ley y a favor de la confrontación y de expandir su ideario bélico como un conflicto internacional, a cargo del presupuesto autonómico, y olvidándose cuatro años más de la sanidad pública.

Sólo con intentar cumplir la legalidad no es suficiente, y es posible que no haya suficientes fiscales para perseguir de oficio todas las ilegalidades de actuaciones del gobierno y la administración catalana, y lo más grave, la inquebrantable decisión del gobierno central de perseverar en la tarea contra unas actuaciones de gobiernos democráticos nacidos para incumplir la Constitución española de 1978 que, a su vez ,es origen de algunos de los males citados por sus inconcreciones y generalidades.

El Tribunal Constitucional, piedra angular del Estado autonómico, es la plaza que algunos pretenden repartirse aún para defender sus ideas de los límites de competencias, y, en definitiva, un objetivo a batir por los nacionalistas, quizás cada vez menos, a diferencia de los tribunales superiores de Justicia en las comunidades autónomas en las que gobiernan, pues con la reforma de los estatutos, el Estatuto de Cataluña dedica a la definición y enumeración de las competencias más de sesenta artículos para blindar competencias frente al Estado y al Tribunal de Constitucional. Asi, el Alto Tribunal negó que las competencias del Estado pudieran resultar afectadas por la redacción de los estatutos, dado que derivan directamente del artículo 149.1 de la Constitución y no de la interpretación que el Estatuto haga de las mismas, y al subrayar la subordinación de los Estatutos de Autonomía a la Constitución y , por tanto, a su jurisprudencia.

La raíz del problema tiene su origen, quizás, en la Carta Magna, y en virtud de su principio dispositivo, que no cierra completamente el modelo sino que remite su mayor concreción a los estatutos de autonomía, erigiendo al alto tribunal en árbitro del pluralismo competencial, en un Estado en el que cada estatuto de autonomía regula las funciones y las materias de manera distintas entre sí, haciendo que algunos actos y normas del Estado que resultan válidos en algunas Comunidades Autónomas sean inválidos en otras. El riesgo se hace evidente, y el Tribunal Constitucional deja de ser una instancia revisora de las decisiones adoptadas por los poderes legitimados democráticamente para convertirse en el protagonista de la toma de decisiones. El modelo de reparto competencial que sigue nuestro país configura el control jurídico como principal garantía del pluralismo territorial, y lo confía al Tribunal Constitucional , pero resulta insuficiente, es decir, es necesario establecer otras formas de garantía que actuaran antes de la contradicción normativa y a efectos de evitarla.

Si bien el federalismo que se sigue en España es de ejecución y de devolución y su control corresponde al Tribunal Constitucional, el modelo resultaría más eficaz si, al igual que sucede en otros paises de nuestro entorno, se supera el principio dispositivo que caracteriza nuestra Constitución y se cerrara la distribución de competencias en la propia norma fundamental, aliviando las presiones al Tribunal Constitucional porque, en definitiva, no sólo importa lo que se decide sino también cómo se decide.

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