El ministro de Justicia paraliza la privatización del Registro Civil - El Sol Digital
El ministro de Justicia paraliza la  privatización del  Registro Civil

El ministro de Justicia paraliza la privatización del Registro Civil

Juan A. Ruiz
La privatización de los registros civiles, prevista para el 15 de julio, quedó paralizada según anunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “a la espera de un mayor consenso” entre los sectores implicados. La decisión de que los re-gistros civiles pasaran a manos de los registradores de la propiedad y mercantiles, provocó las protestas de todos los sectores de la judicatura, amplios sectores de la sociedad y de los partidos políticos.
Catalá anunció que seguirá promoviendo el diálogo hasta encontrar una propuesta compartida por sindicatos, autonomías, partidos y otros agentes, al tiempo que ad-vierte de que, en todo caso, no van a estar dialogando sine die.
Desde la Junta de Andalucía se apoya la medida tomada por el Gobierno, aunque no descarta conti-nuar con la reforma del Registro Civil emprendida por el anterior Gobierno socialista, que aprobó “con amplio acuerdo parlamentario” la Ley 20/2011 de 21 de Julio del Registro Civil, que preveía entre otras cuestiones “la desjudicia-lización de los Registros Civiles, y que estas oficinas públicas dejaran de depender de los juzgados”.

Sefardíes

Los primeros afectados por la privatización, ahora paralizada, iban a ser los sefardíes, según había denunciado el Sindicato Andaluz de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Una ley reciente da la posibilidad de nacionalizarse español a los sefardíes (judíos de origen español) en un plazo de dos años. Para ello se puso una tasa de 75 euros, que actualmente no se cobra en los registros civiles. No obstante, en una reunión que mantuvo el ministro de Justicia con los sindicatos, le confirmó que al privatizarse estos registros en favor de los registradores de la propiedad y mercantil, se suprimiría esta tasa por un arancel que tendrían que abonar estas personas para obtener su nacionalización.
Aunque algunos servicios como la partida de nacimiento, continuarían siendo gratuitas, entre las “aberraciones” de la privatización de este servicio, según denunciaba Juan Antonio Luque, responsable de Málaga del STAJ, eran los cobros por los registradores a los pensionistas “para obtener el certificado de fe de vida, que hay que renovar anualmente y que ahora se consigue gratuitamente, mientras que al privatizarse los pensionistas tendrían que pagar 20 ó 30 euros: Hay que tener en cuenta- continúa Luque- que este año se ha subido dos euros a los pensionistas y le pedirán 20 ó 30 para poder cobrarlos”.
El STAJ también reveló que el Ministerio de Justicia “le iba a regalar 150 millones de euros que ha costado informatizar el Registro Civil desde 1950, ahora que se podía mejorar la atención de este servicio público. Además, ya le ha entregado 4 millones de euros para que adapten su servicios informáticos”.
Al parecer, desde el Ministerio de Justicia se previa crear nuevas tasas para ser cobradas por los registradores mercantiles y re-gistradores de la propiedad, que hasta ahora no existían como el de Vecindad Civil, o exigir trámites que hasta ahora no se exigían.
El origen de esta situación viene desde 2011 cuando el PSOE quería desligar los registros civiles del Ministerio de Justicia, “lo que no esperábamos es la situación a la que se ha llegado de privatizarlo a manos de un sector que no mueve un bolígrafo por menos de 20 euros”, concluye el representante del SATJ.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia insistía en que esta privatización que suponía la asignación del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles estaba siendo ampliamente contestada no sólo por STAJ y los funcionarios de Justicia, sino también por asociaciones de usuarios, de abogados, jueces, secretarios judiciales, Ayuntamientos y, en general, por toda la ciudadanía. Todos temían por la pérdida del carácter público y gratuito del servicio, así como su alejamiento de los ciudadanos, al perderse el carácter municipal que actualmente tienen las oficinas de Registro Civil Manifestaban que con la privatización del Registro Civil, de manera inadmisible, se tiraban 144 años de experiencia y buena gestión, privatizando un instrumento que ha sido parte de nuestra sociedad y ya de nuestra historia todo este tiempo, más antiguo que nuestro sistema de Seguridad Social e incluso con más “solera” que nuestra Democracia, pues no en vano ha sobrevivido a dos Repúblicas, Monarquías, Regencias, Guerras y Dictaduras, perdurando aún hoy como uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía, a pesar de la carencia de medios materiales y humanos.

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