El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por unanimidad, avala las 'devoluciones en caliente' de inmigrantes - El Sol Digital

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por unanimidad, avala las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló el 13 de febrero las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes. La Gran Sala del TEDH, ante la que no cabe recurso, falló por unanimidad a favor de España en el caso de dos inmigrantes de Mali y Costa de Marfil que fueron expulsados a Marruecos tras entrar ilegalmente en Melilla en agosto de 2014.

La Corte europea rectifica así su sentencia de octubre de 2017, en la que la Sala condenó a España por esta «expulsión de carácter colectivo», contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, «sin ninguna medida administrativa o judicial previa».

Ahora, la Gran Sala de 17 jueces concluye que los dos demandantes, el maliense N.D. y el marfileño N.T., «se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad», al acceder «a lugares no autorizados, en un grupo numeroso, aprovechando el efecto masivo y recurriendo a la fuerza».

Entiende que «decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español».

Añade que la ausencia de una decisión individual de expulsión «se puede imputar al hecho de que los demandantes no utilizaron los procedimientos de entrada oficiales existentes a tal efecto y que, por lo tanto, es la consecuencia de su propio comportamiento».

En este sentido, la Corte europea «no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión».

Esa falta de un recurso contra la expulsión «no constituye por sí misma una violación del artículo 13 del Convenio». Ese artículo garantiza el derecho a un recurso efectivo, que fue desestimado, al igual que el artículo 4 del Protocolo número 4, que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros.

La sentencia comparte el argumento del Gobierno español de que los inmigrantes disponían de «un acceso real y efectivo al territorio español en el puesto fronterizo de Beni-Enzar», al igual que a las embajadas y consulados españoles.

Los Gobiernos belga, francés e italiano apoyaron las tesis de los abogados del Estado español y defendieron que tienen la obligación de vigilar sus fronteras exteriores y luchar contra el cruce irregular de las mismas.

 

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