Entrevista con Ricardo Puyol, juez de lo Penal en Málaga, a propósito del caso Puigdemont - El Sol Digital
Entrevista con Ricardo Puyol, juez de lo Penal en Málaga, a propósito del caso PuigdemontRicardo Puyol, juez de lo Penal

Entrevista con Ricardo Puyol, juez de lo Penal en Málaga, a propósito del caso Puigdemont

Vicente Almenara.- Ricardo Puyol desarrolla su trabajo como juez en el ámbito penal. Ha estado destinado en Almería, en Marbella y ahora ocupa su plaza en la ciudad de Málaga. Hace unos meses,  visitó Bolivia, Panamá y Costa Rica y, más recientemente, volvió a Bolivia, pero dada la inestabilidad del país tras el fraude en las elecciones protagonizado por Evo Morales tuvo que regresar a España a los pocos días. De las relaciones con estos países hispanoamericanos y del fiasco que ha representado la euroorden para disponer a disposición de la justicia española a los golpistas catalanes huidos hablamos en este encuentro.

¿En qué consistía esta misión?

Son programas que implementa la Unión Europea en cooperación con el desarrollo en los países latinoamericanos. El aspecto principal es jurídico-penal en mi caso, o de desarrollo del procedimiento penal. Son países que, en general, tienen una formación, un desarrollo jurídico, muy parecido al español. De hecho, la mayoría de los códigos penales de todos estos países y los códigos de procedimiento penal pues, prácticamente, copian o trasladan a su soberanía, a sus legislaciones, todo el ámbito jurisdiccional y jurídico español. Por tanto, la Unión Europea, potencia mucho que seamos, precisamente, jueces y magistrados españoles los que acudamos a estos programas de cooperación con países o en vía de desarrollo o los que se han llamado o dado a conocer como países emergentes, Brasil, Bolivia…

¿Cómo está estructurado este programa?

Son de distinta naturaleza. En general, en el ámbito centroamericano inciden mucho en la necesidad de implementar políticas criminales comunes con las europeas para reprimir eficaz y adecuadamente la lucha contra el crimen organizado. Son programas que tratan de asimilar criterios jurídicos y policiales de lucha contra la criminalidad organizada. Pensemos que en el caso de Centroamérica tienen un problema muy grave, y no tanto Costa Rica y Panamá, aunque por extensión también, con las conocidas como maras, que son organizaciones criminales juveniles, que se dedican al menudeo de la droga, al tráfico de estupefacientes, a escala media-alta también, tráfico de armas, etc. En el caso de los países de la zona sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, inciden más en el ámbito de la cooperación en materia de delincuencia económica. Están ahora mismo muy volcados con el tema del blanqueo de capitales, de la legitimación de ganancias ilícitas, tienen un problema grave con la forma de blanquear dinero a través de la adquisición a bajo precio de metales preciosos, en minas, por ejemplo, de la plata y el oro. Hacen hincapié en formar a sus poderes judiciales y fiscales en la lucha contra este tipo de criminalidad. Y tratan de asumir criterios de lucha contra la criminalidad organizada en el ámbito económico que se manejan en Europa.

¿Estos asuntos se tratan exclusivamente desde el punto de vista judicial y del derecho, o implementan experiencias de la colaboración con Guardia Civil o Policía Nacional en la lucha contra el crimen?

Los programas son integrales, es decir, abarcan todo el ámbito represivo del Estado frente a estas formas de delincuencia, en las que juega un papel extraordinario no solamente la judicatura y el papel acusatorio del fiscal sino, sobre todo, y también, desde el ámbito preparatorio de los atestados policiales. Es decir, en estos programas, es frecuente que junto con jueces y fiscales podamos acudir también policías, miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, etc. Y se conforman programas de colaboración que, como digo, son integrales y abarcan todo el ámbito de la represión, desde el punto de vista tanto policial como fiscal y judicial.

¿Alguna experiencia se habrán traído también, no? Porque de allí vienen para acá sicarios y narcotraficantes.

Y permite dar un conocimiento exhaustivo de cómo funciona la delincuencia. La delincuencia organizada cada día, y hoy en mayor medida, es una delincuencia que se caracteriza, aparte de la profesionalización, por la internacionalización. Es decir, difícilmente una trama criminal desarrolla todas sus acciones y resultados criminales en el ámbito de la soberanía de un Estado. Efectivamente, como bien hace hincapié en esa idea, son países que han exportado criminalidad, porque la droga que se produce, de la que se proveen estos países, termina distribuyéndose, básicamente, en Europa. En esa perspectiva, hay un problema de cooperación que tiene que ser resuelto. Estos programas de formación en materia de cooperación jurídica, sin duda alguna, permiten la cohesión, a efectos de soberanía jurisdiccional, de los países receptores de este tipo de delincuencia, con los países emisores. El intercambio de información ahí es muy importante y se da de manera asidua.

¿Influimos nosotros, España por ejemplo, que hablamos la misma lengua que allí, más que los Estados Unidos? ¿Nuestra experiencia tiene más peso que la de la potencia número uno, los Estados Unidos?

Sin duda alguna. Cada vez que voy me siento como en casa. He desarrollado también programas de formación, por ejemplo, en Berlín o en París, pero cuando voy a Panamá o a San José de Costa Rica, o cuando he estado en Bolivia, estoy a 10.000 kilómetros de distancia pero yo me siento como en casa, porque la literatura es idéntica, la forma de expresarse es muy similar, la forma de concebir los giros a la hora de entender un chiste, por ejemplo, es exactamente igual que la nuestra. Es decir, se siente uno más cercano allí que aquí. Eso desde la perspectiva personal. Desde la perspectiva jurídica, pues es exactamente igual, se nota que evidentemente ellos han tomado sus ordenamientos de una fuente que es la española. Y eso a la hora de entender cómo funciona, por ejemplo, un procedimiento penal, tienes poco que explicar allí, porque los recursos son iguales, la forma de funcionamiento jurisdiccional es muy parecida, la propia estructura de la planta judicial es básicamente la que se ideara en España en el año 1848. A pesar de que han pasado más de 100 o 150 años del proceso de secesión, la independencia de estos países, sin duda alguna, la impronta jurídica es muy evidente.

Ricardo Puyol
Ricardo Puyol en su reciente misión en Bolivia

Los grandes narcos, a los grandes criminales, les horroriza ser extraditados a Estados Unidos. El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y ninguno quiere seguir sus pasos. Eso significa que le temen, que de allí no se escapan, que van a cumplir las condenas siempre.

El sentido es que en sus países están mucho más cómodos. Evidentemente, el narcotráfico, por ejemplo, en Colombia, está más cómodo allí. El jefe de la policía colombiana, que lo conocí en Costa Rica, el actual, es el segundo mando policial, por cierto, me regaló como representante del poder judicial español, unas medallas de la policía de Colombia.

¿Conoció al Chapo?

Sí. Y a Pablo Escobar. Es un superviviente a diez intentos de asesinato, un verdadero personaje. Además, se llama como yo, Ricardo Gustavo y tengo una relación personal con él que me congratula mucho. Este señor me decía que, efectivamente, ellos no quieren ser extraditados, porque en los países de origen tienen ciertas prebendas. Debemos pensar que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el narcotráfico ha controlado un treinta por ciento del territorio colombiano. Eso es mucho controlar. Había zonas vastísimas de Colombia donde el Estado no tenía potencialidad ni eficacia. Estas personas tienen una estructura de poder perfectamente asentada en sus territorios, que aunque pasen en las cárceles periodos de tiempo, que no son como las cárceles estadounidenses ni muchísimo menos, ellos no quieren salir de allí.

Hablando de extradiciones, hay algunos líderes catalanes que están en Bruselas, y ha habido toda una polémica acerca de la euroorden, de cuál es su efectividad, ¿no ha estado muy fina ahí la Unión Europea, verdad?

En eso, Vicente, tengo la tesis de que España tendría que haber cortado por lo sano. Ahí habría que haber impugnado el Acuerdo de Schengen y sus convenios, que son los que instituyen el tema de la euroorden, y haberse salido de la euroorden, porque fue concebida como mecanismo para evitar los riesgos, los viejos procedimientos de extradición, que eran complejos, que eran costosos, y sobre todo, que tenían una impronta política evidente, y dejar a los jueces que fueran los que determinaran en cada caso cómo debía de ser entregada una persona que comete un delito y se evade a la acción de la justicia de su país y termina residenciándose en el territorio de otro Estado. Evidentemente, a España esto no le ha reportado ningún tipo de beneficio. En los casos, como bien has puesto de manifiesto, más importantes, uno el de Puigdemont, ahora en Waterloo, en Bélgica, tanto las autoridades alemanas como yo presumo que ahora las belgas se van a irrogar la función de tener que juzgar si los hechos que fueron cometidos en España, y que ya han sido juzgados, son hechos constitutivos de un delito con arreglo a la legislación de su país, que era precisamente lo que trataba de evitar la euroorden, que la autoridad receptora del auxilio, la que tiene que implementar el auxilio solicitado por un país, se supone que hermano, en el ámbito de la Unión Europea, pues no entrara a juzgar ese tipo de cuestiones, sino que sencillamente verifique una serie de aspectos formales, la forma de la emisión de la euroorden, el conjunto de hechos delictivos, someramente, y proceder a la inmediata entrega. Eso, desde luego, no se ha producido. Mi impresión personal, profesional, es que es un desastre, lo que ha sucedido es para denunciar el tratado y salirse de su ámbito. Pero es que desde el punto de vista político yo creo que ha habido un defecto evidente por parte de los responsables políticos españoles. Ha habido dejación.

Nuestros jueces, los españoles, sí responden adecuadamente a las extradiciones europeas. Tendrá experiencia…

El caso de España, y sobre todo en la Costa del Sol, los jueces de lo penal somos las autoridades, precisamente los encargados, de dar trámite y cumplimentar las órdenes europeas, se implementaron una serie de medidas de cooperación, entre ellas estaban las órdenes europeas que se llaman de embargo y compromiso de bienes, y consisten básicamente en que cuando un ciudadano extranjero comete un hecho delictivo en Alemania o en Bélgica, en un país extranjero, pero este señor tiene bienes en territorio nacional para responsabilizarse y para dar cumplimento a la declaración de responsabilidad civil derivada del delito, la orden europea de embargo supone que la autoridad española al recepcionarla tiene que, inmediatamente, tratar un embargo sobre un bien residencial en territorio español que es de titularidad de esos ciudadanos extranjeros, que están procesados o que han sido acusados. Esa labor la hacen los jueces de lo penal, y yo en mi quehacer profesional tengo multitud de ejemplos donde he dado trámite y he cumplimentado adecuadamente las órdenes europeas de embargo y decomiso de bienes, de alemanes en este caso, ordenadas por tribunales alemanes.

“Habría que haber impugnado el Acuerdo de Schengen y sus convenios, que son los que instituyen el tema de la euroorden”

También de localización de personas, porque el Reino Unido persigue a individuos muy buscados en la Costa del Sol, y eso es cooperar con la justicia de nuestros socios europeos.

La idea de todas estas medidas es crear un espacio común de seguridad y de justicia, se llamaba así. Las directivas FAI son las directivas que tratan de implementar todas las políticas comunes en materia de seguridad y justicia, tenían una idea común en el año 1997 cuando todo esto comenzó, que era generar un espacio común judicial y de seguridad, que una autoridad judicial pudiera reportar directamente a una autoridad policial de Alemania o de Bélgica. Esa era la idea inicial, a la vista está que la idea ha fracasado, por lo menos para España.

¿Y con estos países a los que acude ahora, a Bolivia, Panamá, Costa Rica, es más fácil la extradición? El ciudadano sabe que hay estafadores que se han ido de aquí, de España, a esos países, el famoso Dioni es un ejemplo, se llevó el dinero de un furgón blindado. Hubo otro personaje, en el caso Malaya, que se fue a Argentina, Carlos García. Y se le localizó y, sin embargo, se le dejó estar allí. ¿Hay buena colaboración cuando uno desde España pide extradiciones?

Con los países iberoamericanos, en general, muy bien porque, además, casi todos ellos tienen tratados de extradición con España, con lo cual el procedimiento está perfectamente regulado, y eso facilita siempre las cosas.

¿Menos Brasil, no?

Brasil no lo tiene, no.

¿Y eso por qué?

Brasil ha tenido siempre una relación internacional mucho más intensa con Portugal, tradicionalmente ha sido enemigo de España, yo creo que por ahí vienen un poco las cuitas, pasa un poco como con el Reino Unido. Está claro que hoy el mundo es un mundo cada vez más globalizado, en la criminalidad también, y lo que hay que hacer es potenciar estos instrumentos de cooperación, sino es imposible perseguir la gran delincuencia.

¿Quiénes estuvisteis en la última misión?

En este caso fuimos jueces solamente. Yo voy con un compañero de Almería. Es frecuente, como digo, que también vayan fiscales, y miembros de los cuerpos de élite de la Policía y de la Guardia Civil, el GRECO, el grupo de respuesta especial contra el crimen organizado o de la Unidad Central Operativa.

En Hispanoamérica, lógicamente, los medios son menores, ¿notan la diferencia?

En el caso de Bolivia, no es el presupuesto, no hay una carrera judicial profesionalizada, para empezar. La cúspide de su carrera judicial está designada directamente por la presidencia del gobierno. Esto me lo contaron los que son mis compañeros allí. Hay dirección política de procedimiento. Ahora ha habido allí un problema grave, lo hubo en abril, en relación a un líder cocalero. En Bolivia, el cultivo y el consumo de la hoja de coca es plenamente legal. Un 12 por ciento de su PIB es de la producción de la hoja de coca, es una barbaridad. Ten en cuenta que allí hay dos partes: la parte andina del país, que es la que linda con Perú, Chile, que es un poco la zona más elitista, pero después está la zona tropical, que es la lindante con toda la Amazonía brasileña, donde este verano han salido en los medios de comunicación los grandes incendios que se han producido en la zona. Todas estas zonas son de producción de coca, hasta tal punto que hay una norma de su Constitución, la del Estado Plurinacional de Bolivia de 1995, que expresamente protege la producción y el consumo de hoja de coca. Claro, el problema es que la presión de los países a quién se exporta la hoja para la producción de la droga han presionado al país en el sentido de que había que limitar la producción. Con lo cual, hay una ley de producción de coca que lo que hace es limitar la zona donde se puede cultivar. A día de hoy, ha habido un problema gravísimo con varios amigos de Evo Morales, que proceden de la zona cocalera, del sur del país, de la zona de Cochabamba, que se excedieron en el ámbito del cultivo. Total, que hubo un procedimiento y quitaron a un fiscal y pusieron a otro. Es un país, en ese sentido, manifiestamente mejorable.  

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