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La Asociación Hablamos Español lleva a Sevilla su campaña de recogida de firmas para lograr que “ningún hispanohablante sea discriminado en ningún lugar de España”

Con el visto bueno de la Mesa del Congreso, la asociación inició la recogida de firmas en el pasado mes de noviembre. Se necesitan alcanzar las 500.000 firmas para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Libertad de Elección Lingüística se debata en Las Cortes. Tras los excelentes resultados obtenidos en Madrid, Barcelona y Oviedo, Hablamos Español ha organizó una recogida de firmas en Sevilla el domingo 11 de febrero.

Con esta ley, la Asociación Hablamos Español quiere lograr que se aplique en España una política de lenguas basada en los mismos principios que las normas vigentes en todos los países con más de una lengua en su territorio; es decir, basada en la libertad de elección de lengua: elección de lengua vehicular en la enseñanza, bilingüismo en la Administración, y que no se prime el conocimiento de una lengua a la competencia profesional.

De aprobarse esta ley, los hispanohablantes de toda España verían respetados sus derechos sin menoscabar los de los hablantes de las demás lenguas de España.

Se podría:

Estudiar en español en toda España.

Recibir atención e información en español en cualquier lugar del país.

Acceder a un puesto de trabajo en cualquier lugar de España sin trabas lingüísticas.

La Asociación Hablamos Español fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en septiembre de 2017 y cuenta con el apoyo de 49 entidades de toda España, que defienden los derechos civiles frente a las totalitarias y retrógradas políticas lingüísticas impulsadas por los nacionalistas, que utilizan las lenguas con fines políticos. Hablamos Español está formada por padres, profesores, y ciudadanos en general, preocupados por los perjuicios que la imposición de lengua genera. En este momento cuentan ya con miles de colaboradores en toda España, personas que quieren vivir en un país donde, en cuestión de lengua, todos sean libres e iguales en deberes y derechos, sin fronteras ni trabas lingüísticas. El objetivo de la asociación, como explica su presidenta Gloria Lago, es “extender el proyecto por todos los rincones de España” pues se trata, a su juicio, de “un problema de derechos civiles con grandes implicaciones afectivas, y que afecta a la educación de nuestros hijos, a nuestra libertad, a nuestro país”.

En Andalucía, Hablamos Español cuenta con gran número de colaboradores, entre ellos, el sindicato de profesores de Secundaria APIA, que ha denunciado la discriminación que implica que los profesores de comunidades con lengua cooficial puedan optar a plazas en toda España, mientras que los profesores del resto del país tienen las puertas cerradas en Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y Cataluña. Esta traba lingüística no solo afecta a los profesores, sino a muchos otros colectivos y también a cualquier persona con hijos en edad escolar que, temporal o definitivamente, se traslada a vivir a las comunidades autónomas con dos lenguas, y no puede escolarizar a sus niños en español y que ve como su idioma desaparece del ámbito oficial.

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