Hacienda aumenta al límite la presión a los empresarios - El Sol Digital
Hacienda aumenta al límite la presión a los empresarios

Hacienda aumenta al límite la presión a los empresarios

La inquietud entre la mayoría de los empresarios, especialmente pequeños y medianos y los autónomos, aumentó la pasada semana hasta límites desconocidos al acercarse los plazos para hacer frente al pago de retenciones (20 de enero) e IVA (día 30 de este mismo mes). Una de las principales novedades normativas es que el IVA no se podría fraccionar, con lo que la capacidad de tesorería de la generalidad de las empresas españolas se vería gravemente afectada e, incluso, muchos empresarios no podrían, sencillamente, pagar. Hasta ahora, el fraccionamiento conllevaba un interés para Hacienda del 3,75 por ciento, interés más bajo que el de los bancos, que prestarían el dinero entre el 6 y el 7 por ciento, convirtiéndose en los grandes beneficiarios de la carga fiscal. Pero el pasado viernes, Hacienda decidió aflojar un poco la presión sobre los autónomos que no sobre las sociedades en cuanto al fraccionamiento del IVA.

Es cierto que hay empresarios que dejan para el último trimestre del año parte de la facturación, acumulando una importante cantidad de IVA pero esto es normal y entra dentro de las necesarias vías de alivio de tesorería que cualquier empresa buscaría.

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, eliminó la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias, entre ellas las derivadas de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y las derivadas de tributos que, como el IVA, deben ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas afectadas por esta medida se inadmitirán, mientras que el resto de solicitudes se tramitarán en función de su importe, de acuerdo con el procedimiento establecido, que no ha sido modificado por el Real Decreto-ley. Así, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que se refieran a deudas por importe global igual o inferior a 30.000 euros no necesitarán aportar garantías, y se tramitarán mediante un proceso automatizado. Las solicitudes por un importe global superior deberán aportar las garantías adecuadas y se tramitarán mediante un proceso ordinario no automatizado. El límite exento de aportar garantías se elevó en octubre de 2015 desde 18.000 euros a los 30.000 euros actuales.

Por lo que se refiere a los autónomos, la medida relativa a los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades no les afecta, puesto que tributan en el IRPF. La medida sobre el IVA repercutido sí les afecta, si bien van a poder seguir solicitando aplazamientos y fraccionamientos de IVA si justifican que no han cobrado las cuotas repercutidas. Por tanto, la principal modificación para los autónomos será que deberán acreditar que no han cobrado las cuotas de IVA repercutidas, en particular en aquellas solicitudes que excedan el límite exento de garantías.

En consecuencia, los autónomos podrán solicitar el aplazamiento, cualquiera que sea su importe, de su IRPF e IVA en las siguientes circunstancias, en función del importe global de la deuda:

Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global es igual o inferior a 30.000 euros, se podrán conceder los aplazamientos, sin garantías, hasta un máximo de 12 plazos mensuales, salvo que el obligado hubiera solicitado un número de plazos inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos solicitados. La periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual. Se tramitan mediante un mecanismo automatizado de resolución.

Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global excede de 30.000 euros, se podrán conceder los aplazamientos, en función del tipo de garantía aportada por el deudor, y por un plazo máximo de 36 plazos mensuales, salvo que el obligado hubiera solicitado un número de plazos inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos solicitados. Si las deudas son por IVA, será necesario, además, acreditar que las cuotas de IVA repercutidas no han sido pagadas.

Todo esto tiene lugar por la necesidad de reducir anticipadamente el déficit del Estado como consecuencia de los requerimientos de Bruselas. Así las cosas, el problema lo están pagando las empresas porque el Gobierno decide la vía socialdemócrata de más impuestos y más presión antes que la reducción del gasto público, que es lo que se esperaría de un gobierno de centro-derecha. Naturalmente, las graves consecuencias que una mayor presión fiscal supone para las empresas se traducirá en menos empleo y más dificultades empresariales, ahora que muchas empresas empezaban a salir de la crisis, si es que no habían cerrado durante la misma. El Gobierno, aunque no cuenta con mayoría parlamentaria, debería pensar muy bien qué política económica seguir y con qué aliados, porque de continuar por este camino tiene garantizado -más allá del natural castigo electoral- un freno al crecimiento económico general.

RESIDENCIA

Deja un comentario

El email no será público.