Impulso a las pequeñas empresas: 1825, Carlos Ramírez Sánchez-Maroto, Abogado y doctor en Derecho Medioambiental - El Sol Digital
Impulso a las pequeñas empresas: 1825, Carlos Ramírez Sánchez-Maroto, Abogado y doctor en Derecho Medioambiental

Impulso a las pequeñas empresas: 1825, Carlos Ramírez Sánchez-Maroto, Abogado y doctor en Derecho Medioambiental

El año 1819 no empezaba bien para el rey de España en un país en bancarrota y asolado tras la guerra de siete años contra el invasor francés y la pérdida del comercio con la América hispana desde 1805 que ahora se revelaba para ser independiente.

El Fray Juan de Almaráz fue requerido por Doña María Luisa de Borbón para la que sería su última confesión. También le instó a que redactara un documento para que se hiciera público una vez que el confesor hubiera muerto. El 8 de enero de 1819, redactó un documento que guardó en sobre lacrado:

«Como confesor que he sido de la reina madre de España (q.e.p.d.) Doña María Luisa de Borbón. Juro imberbum sacerdotis como en su última confesión que hizo el 2 de enero de 1819 dijo que ninguno, ninguno de sus hijos e hijas, ninguno era del legítimo matrimonio; y así que la dinastía Borbón de España era concluida, lo que declaraba por cierto para descanso de su alma, y que el Señor la perdonase”.

Este documento lo ocultó el hijo de la reina, Fernando VII, pues ponía en duda su filiación y por encima de todo la legitimidad como sucesor real. Su futura hija, fruto del cuarto matrimonio, Isabel, imitará en la maternidad extramatrimonial a su abuela.

Al año siguiente, en 1820, Fernando VII preparó un cuerpo expedicionario de veinte mil hombres para luchar por la integridad del imperio en América. El militar Riego eliminó la posible salida hacia el destino bélico de los soldados y asumió el mando de la conspiración y, al frente de su batallón, pronunció su famoso discurso constitucional en Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820. A raíz de un golpe absolutista en julio de ese año, se inició la represión contra los miles de afrancesados, liberales y los masones.

Rafael del Riego, masón, fue Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del 33 y fue último “Grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado”. El 7 de noviembre de 1823, “ese mal político y mediocre militar”, como le retrató Benito Pérez Galdós en los “Episodios Nacionales”, fue ajusticiado en la Plaza de la Cebada, de Madrid.

Y a inicios del siglo, surge un incipiente interés en materia de salubridad, que se mantiene en el ámbito municipal, basado en la Constitución Española de 1812 en su apartado primero del artículo 321. A continuación, se aprobaron el decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813, “Sobre el libre establecimiento de fábricas y exercicio de cualquier industria útil”, que condicionaba la instalación de esos establecimientos a “las reglas de policía adoptadas, o que se adopten para la salubridad de los mismos”, y el decreto sanitario del 23 de junio de 1813,  denominado “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias” , que concedía  a los ayuntamientos la “policía de salubridad y comodidad”.

Sin embargo, de lectura del decreto de 8 de junio de 1813, derogado en 1815 y puesto en vigor en 1836, se evidenciaba un casi nulo margen de aplicación de la salubridad, primando su gran objetivo, que es el impulso liberalizador de fábricas y actividades útiles, y por consiguiente la libertad de establecimientos.

Así, a lo más que llega el decreto es a expresar lo relacionado con la salubridad, que las nuevas actividades “se sujeten a las reglas de policía adoptadas, o que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos”.

Para impulsar la minería ordenó el Rey aprobar el real decreto de 1825, de 4 de julio, considerado por la doctrina jurídica como la primera ley de minas española, que inició un periodo constituyente del derecho minero moderno. Un texto legal que sustituyó a las Ordenanzas de Felipe II de 1584.

Se regulaba la libertad de explotación de todo español o extranjero que obtuviera la meritada concesión minera, y se otorgaba por tiempo ilimitado.

Este decreto fue complementado, en tanto no se dictaba la nueva ordenanza indicada en varios de sus artículos, por la Instrucción Provisional de 18 de diciembre de 1825, que reguló las competencias de la Dirección General de Minas, como autoridad superior directiva y jurisdiccional del ramo, asistida de los inspectores de distrito.

El real decreto supuso un impulso muy importante a la minería hasta el punto que permitió el desarrollo de la minería privada en España, si bien, sólo para las pequeñas empresas.

Sin embargo, antes de la aprobación del citado real decreto, el día 3 de febrero de 1825 Fausto de Elhuyar redactó la “Memoria sobre la formación de una Ley Orgánica para el Gobierno de la Minería en España”.  En las “Consideraciones preliminares” de la Memoria se describían los abandonos de las minas, y se cita un fragmento significativo:

Por la poca seguridad que a causa de su inconsistencia ofrecen las minas, se    reconocerá lo expuestas que están a que sus empresarios se retraigan de continuar los trabajos, ya por falta de fondos y sufrir los gastos de las obras y disposiciones que lleguen a exigir siguiéndose su prematuro abandono y la repugnancia a su restauración, sino también por la impresión de inutilidad que deja en el público su deserción”.

En el citado texto describía el papel que había tenido la mala administración, con un gran abandono, y una falta de restauración y de rehabilitación de las mismas.

En relación al real decreto de 4 de julio de 1825, regulaba, por primera vez, la concesión de explotación de las minas mediante un procedimiento administrativo, y creó para tal fin los órganos de la Dirección General de Minas, radicada en Madrid, y los distritos mineros, que operarían en las provincias.

En el artículo 24, se establecía un límite para los edificios que hubieran de construirse, en la extensión de la entrada de las minas, bocas de las minas, a juicio de inspectores de minas, “entendiéndose lo mismo del uso y aprovechamiento de aguas y del terreno necesario para los caminos respectivos”. Se establecía así un doble control, si se suma al citado el de las ordenanzas locales para uso y aprovechamiento de aguas.

Un aspecto a significar, por su relevancia fue la creación primero de la Dirección General de Minas, y entre sus funciones cabe destacar una relacionada con la inspección y vigilancia sobre los trabajos y operaciones de las minas de particulares procurando “mantener tranquilidad y buen orden”.

En este periodo, la minería de los metales inició un gran desarrollo, destacando el plomo, debido tanto al gran incremento en la producción como por la multiplicación del número de explotaciones y de sus fundiciones, hasta finales de los años sesenta de ese siglo. Los sistemas de explotación agotarán buena parte de las reservas del subsuelo en el siglo XIX.

Las inspecciones mineras no fueron fáciles, debido a la gran escasez de recursos e insuficiencia de medios humanos para un conjunto de miles de pequeñas explotaciones mineras repartidas por montes, lomas, y sierras de la extensa geografía del territorio nacional.

Un elemento relevante para el empresariado de las comarcas mineras será la existencia de ferrocarril. Mediante la real orden de 31 de diciembre de 1844, se establecieron las condiciones de carácter general para la regulación de la construcción de las futuras líneas de ferrocarril.

A finales de la primera mitad del siglo, las minas de plomo, hierro y cobre eran muy numerosas, y productivas, destacando las minas de plomo, permaneciendo la producción española en el segundo lugar del ranking internacional entre 1820 y 1870, si bien estos datos no aparezcan en las estadísticas mineras.

Esta eclosión de la producción minera tuvo graves consecuencias ambientales. Durante estos años encontramos el primer expediente administrativo relacionado con la contaminación minera en el que se obligaba a una empresa titular de la mina al pago de resarcimientos por los perjuicios económicos causados a un agricultor cercano.

A su vez, se aprobaron las primeras disposiciones relevantes, unas veces con rango de ley para establecer el principio de responsabilidad y las indemnizaciones que pudieran ocasionar las empresas mineras, reconociéndose en la Ley de Minas de 11 de abril de 1849, y posteriormente en la Ley de Minas de 6 de julio de 1859.

En las normas de rango inferior al legislativo, se establecieron medidas de control en las industrias metalúrgicas. Así, la real orden de 30 de septiembre de 1848, con el objeto de evitar los efectos negativos a la salud de vecinos, de sus tierras o ganadería, estipulaba las condiciones que tenían que cumplir las empresas metalúrgicas respecto a los gases sulfurosos, arsenicales y antimoniales.

Esta real orden fue objeto de ampliación en la real orden de 30 de mayo de 1849 en la que el gobierno, consciente de la peligrosidad de los humos para la salud pública, agricultura y ganadería, establecía la obligación de instalar en las citadas empresas, cámaras de condensación, y que la construcción de las nuevas instalaciones, fuese en las afueras de los núcleos de población a partir de la vigencia de la real orden. Estas normas, que regulaban las emanaciones de humos y los vertidos, se consideran por parte de la doctrina de juristas como unos precedentes del derecho ambiental en España.

 

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