Impulsos imperfectos. Carlos Ramírez Sánchez-Maroto. Abogado - El Sol Digital
Impulsos imperfectos.  Carlos Ramírez Sánchez-Maroto. Abogado

Impulsos imperfectos. Carlos Ramírez Sánchez-Maroto. Abogado

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga al comprador de una vivienda a justificar el origen del dinero con el que pagará el inmueble. Todos los profesionales implicados en la compraventa deben comprobar de dónde vienen los fondos para evitar el blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales.

En este caso, tanto los promotores como los agentes inmobiliarios “tendrían” que poner sobre aviso a la Agencia Tributaria en caso de detectar algo sospechoso. El intermediario está obligado a “comprobar si los fondos proceden de una cuenta corriente de un banco de nuestro país o extranjero”.

Cualquier profesional que intervenga en la transacción debe cumplir con sus diligencias, aunque ya lo haya hecho otro anteriormente. Así, hablaríamos de promotores, agentes de propiedad inmobiliaria, comisionistas y consultores. También estarían incluidos el banco y el notario que, antes de la firma, debe hacer las comprobaciones pertinentes.

Cualquier indicio de delito debe ser comunicado a las autoridades. En caso contrario, el profesional inmobiliario podría ser sancionado. Las multas fijadas en la ley pueden ir desde los 150.000 euros hasta 10 millones de euros. Además, los administrativos o directivos que fueron cómplices por omisión de la infracción, además de ser sancionados económicamente, pueden ser inhabilitados hasta diez años.

El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España) ha señalado al sector como “uno de los más deficientes a la hora de implantar controles internos para la detección del origen ilícito de los fondos”. Las pequeñas agencias aún no han invertido en el soporte tecnológico que exige este control

El 17 de enero de 1920 la producción, distribución y venta de alcohol quedó prohibida en Estados Unidos al entrar en vigor la enmienda 18 de la Constitución. La Ley Seca estuvo vigente hasta el 5 de diciembre de 1933. El veto no sirvió para un cambio global de hábitos. Bares clandestinos, bandas organizadas, contrabando de whisky, ginebra y ron, destilerías ilegales, películas de gánsters, venganzas a tiros, sermones de fanáticos. Era parte de la resaca de la Ley Seca de 1920 en EEUU.

A finales de la década de 1910 los habitantes de EE. UU. consumían, por habitante, alrededor de 7,5 litros al año. Hoy la media de consumo por ciudadano es de 8,7. Algunos estudios sanitarios concluyen que durante esa época se redujeron las muertes e ingresos hospitalarios por intoxicaciones etílicas, la Ley Seca se cobró otras víctimas: los fallecidos por la guerra de mafias para hacerse con el control del contrabando de alcohol y los muertos o lesionados por la ingesta de unos licores mal destilados y de mala calidad.

La violencia y el estraperlo inundaron las calles. Antes de la prohibición había cuatro mil personas en las prisiones federales; en 1932 esa cifra de reclusos ascendió hasta casi los 27.000.

Se construyeron por todo el país alambiques ilegales para satisfacer consumos particulares y atender una demanda que no paraba de crecer. Mafias con una violencia nunca vista antes abrieron rutas de contrabando para importar alcohol de Canadá o Cuba. Durante la Ley Seca se montaron más de cien mil locales clandestinos en Estados Unidos. Con la connivencia de funcionarios y policías sobornados por gánsters que amasaron ingentes fortunas gracias a esa ley.

Plantear el problema del alcohol desde la vertiente económica, postura defendida por algunos economistas de la época, como Irving Fisher en los meses previos a la implantación de la Ley Seca, no fue la receta acertada. Fisher, un ardoroso fanático con raíces religiosas que abogaba por la vida sana, sostenía que “las naciones sobrias serían mucho más competentes que aquellas con una fuerza laboral borracha”.

Su teoría era que los trabajadores de la época ingerían cinco tragos fuertes antes de ir al trabajo, lo que reducía en un 10 por ciento su producción. Lo que no calculó este economista es que en plena Ley Seca iba a producirse el crack del 29.

En este sentido otros economistas como Gary Becker han concluido que prohibir el alcohol provocó una “demanda inelástica”, un efecto que se produce con productos cuya demanda no se ve apenas afectada por la subida de precio o las dificultades para adquirir el bien. La demanda inelástica de la que habla Becker funcionó, principalmente, con las bebidas de alta graduación. Pese a ser las más caras, licores como el whisky, ron o ginebra fueron las más consumidas durante la prohibición, mientras que la demanda de cerveza y vino disminuyó durante esos trece años.

Si hay que buscar a ganadores o beneficiados por la Ley Seca, la industria del cine se erigiría como la clara vencedora. La prohibición del alcohol cambió la vida en EEUU y la violencia desatada en las calles provocada por las mafias del contrabando de licores fue plasmada con especial crudeza en la gran pantalla.

Y lejos del “relato clásico de la lucha de los americanos” por conseguir su independencia respecto a los españoles, las sucesivas guerras de emancipación que se vivieron en los territorios del Imperio español fueron, en esencia, una guerra civil entre españoles, esto es, españoles de América contra españoles de Europa.

Simón Bolívar, un criollo de ascendencia española y dueño de grandes plantaciones era español. Fue un buen representante del caudillismo y la intromisión de elementos militares en la política tan característicos de la historia en el siglo XIX.  A su muerte,  fue víctima de un proceso de mitificación en términos excepcionales que dura hasta la actualidad.

La salvación de la causa revolucionaria vino en esas fechas procedente de Inglaterra a través de hombres, buques, munición e incluso oficiales ingleses, franceses, alemanes y polacos. El mando directo sobre esta legión extranjera permitió a Bolívar imponer los términos de lo que debía ser la Gran Colombia que sustituyera a las instituciones realistas:

Un contemporáneo suyo, el monarca Fernando VII,  mantuvo el reinado porque aplica una represión durísima, y la clave de su pervivencia en el trono está en la Guerra de Independencia, donde fue necesario construir una imagen muy positiva de él.

La figura mitificada del Rey unió a los españoles para afrontar aquel desafío bélico en un país en ruinas y arrasado por franceses e ingleses. Entró en el imaginario colectivo de forma muy profunda, de modo que cuando terminó la guerra la mayoría de los españoles pensaban que el Rey, que no había tenido ninguna participación en el conflicto, era el artífice de la victoria.

Fernando VII nunca pensó en otra solución para resolver el problema de los insurgentes americanos que en la fuerza. Se le presentaron planes alternativos y siempre hizo oídos sordos a la opción de un sistema de confederaciones. Su intransigencia fue fundamental para la pérdida de los territorios en América. Cuando en Europa se intentó restituir el continente tras la derrota de Napoleón, el monarca adoptó una actitud muy poco inteligente en el Congreso de Viena, donde España no representó ningún papel. Se perdió una oportunidad única y la razón de que el país cayera en el olvido a nivel europeo.

En la segunda década del siglo XIX surge un incipiente interés ambiental en materia de salubridad, en los controles municipales con el decreto de 23 de junio de 1813, denominado “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, que concede a los ayuntamientos la “policía de salubridad y comodidad”, y con el decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813, “Sobre el libre establecimiento de fábricas y exercicio de cualquier industria útil”, que condicionaba la instalación de esos establecimientos de “las reglas de policía adoptadas, o que se adopten para la salubridad de los mismos” .

El 4 de julio de 1825, reinando Fernando VII, se aprueba por real decreto un texto legal que puede ser considerado como la primera Ley General de Minas, disposición que viene a sustituir a las Ordenanzas de Felipe II de 1584, vigente para la minería durante casi tres siglos. El nombre que acompaña al real decreto es de por sí esclarecedor: “Real Decreto de 4 de Julio de 1825 dando las reglas que deben observarse en la explotación y laboreo de minas; de que modo se adquiere su dominio; qué contribución se debe pagar y cuáles quedan reservadas a la real Hacienda, con lo demás que expresa.”

El real decreto se aprobó en pleno de bienio progresista y permitió el desarrollo de la minería privada en España, si bien, de la minería de las pequeñas empresas.

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