Inversión Day. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital
Inversión Day. Carlos Ramírez. Abogado

Inversión Day. Carlos Ramírez. Abogado

En 2018 se generaron en España un millón de páginas de nueva legislación y reglamentación. En Alemania, en el mismo tiempo 5.000. Si no solucionamos esto, iremos a un precipicio burocrático en el que es imposible ganar en competitividad. Así, la sobrerregulación es una realidad perversa que ocasiona burocracia y provoca dilaciones innecesarias en tramites tanto para crear empresas como en el mantenimiento de las existentes.

Lo que demandan los empresarios malagueños y andaluces es que se les facilite su labor: más simplificación normativa y que no sea contradictoria e incumplible. Aún quedan muchas áreas donde mejorar. España no puede ser el cuarto país por la cola en coste de la electricidad en Europa. Junto a la electricidad, está la necesidad de planificar los recursos hídricos. La regulación andaluza sigue sin considerar debidamente que la industria funciona con agua, ya sea la del turismo, la agricultura o la minería y la revalorización de residuos. Se hace necesaria una apuesta decidida por la energía con renovables.

Andalucía sigue teniendo impuestos altos, trámites administrativos muy complejos y una administración poco preparada. De otra, el sector empresarial agroalimentario andaluz, especialmente el productor de aceite y aceituna, es consciente del impacto negativo que las medidas arancelarias de EEUU van a representar, máxime cuando van a afectar en gran medida a los productos producidos en España, que no ha tenido el impulso y el buen carácter político necesario, con un gobierno en funciones y fatigado, que no ha sabido buscar un diálogo bilateral, al margen de la UE, que haya permitido salvar sus productos de estas exigencias norteamericanas.

Estos aranceles afectan mucho más que a las exportaciones inmediatas, pues afectan a unas inversiones de muchos años, y a una posición ganada en las cadenas de distribución de un mercado prioritario como es EE. UU. que ahora irá en beneficio de productos de terceros países que van a sustituir a los andaluces y españoles. En un medio plazo, además, puede afectar con una posible bajada de precios en origen y, lo más preocupante, con la pérdida de actividad y empleo.

Según fuente estadística de EXTENDA, las exportaciones de Andalucía a Estados Unidos en 2018 alcanzaron los 1.659 millones de euros, de ellos unos 678 millones en agroindustria y de éstos, los productos afectados por los aranceles sumaron unos 497 millones de euros: aceite de olivas y refinados 329 millones, aceitunas casi 142 millones y vinos 11 millones.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) fijó hace semanas en 7.500 millones de dólares la cuantía de las sanciones comerciales que EE. UU. podrá imponer a la Unión Europea por las ayudas ilegales que ha otorgado al constructor aeronáutico europeo Airbus en detrimento de su rival estadounidense Boeing. Las ayudas consideradas ilegales se refieren a ayudas de lanzamiento de ciertos modelos, así como a la financiación aportada por Francia, Alemania, España y Reino Unido a tipo de interés más bajos que los del mercado y con las que Airbus pudo desarrollar sus aviones más recientes. El dictamen recuerda también que las ayudas al lanzamiento continuaron existiendo incluso después del 1 de diciembre de 2011, para cuando la UE se había comprometido a cumplir con la decisión original que la OMC dictó en junio de 2010 -declarándolas ilegales- y que fue confirmada por su instancia de apelación al año siguiente.

Los países más afectados son los que eran socios en Airbus. La diplomacia española, francesa y alemana no han funcionado en estas semanas y la UE no ha logrado que EE. UU dé marcha atrás en esta medida que supondrá, en el caso de España, que los sectores afectados (aceite de oliva, lácteos, vino y aceitunas, principalmente) paguen unas tasas anuales de 192 millones, según los cálculos iniciales realizados por el ministerio de Agricultura.

Los aranceles pesarán sobre exportaciones por valor de casi 800 millones de euros. Con 1.843,47 millones de euros vendidos en 2018. Esta no es la primera medida del Gobierno de EE. UU que impacta sobre el sector, pues ya la aceituna de mesa viene desde 2017 sufriendo aranceles, que suman un 35 por ciento, que ha reducido la exportación de aceituna negra  a la mitad y la cuota de mercado de España ha pasado del 35 por ciento al 17 por ciento, con pérdidas superiores a los 50 millones de euros. Estas nuevas medidas arancelarias perjudicarán también a un número importante de sectores relacionados, como el transporte o la industria auxiliar.

En cambio, hay un subsector empresarial, el de la minería metálica que genera miles de empleos. Andalucía aporta ya el 40 por ciento de la minería española, gracias fundamentalmente a la explotación de cinco grandes yacimientos de cobre en la Faja Pirítica: Riotinto, Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel, en la provincia de Huelva; y Cobre Las Cruces, en Sevilla. Solamente ese subsector minero dará empleo a 45.000 personas y su facturación anual se elevará a 2.200 millones de euros. Los áridos y afines, materiales esenciales para la obra pública y civil, así como para la industria es la mayoritaria, pero ofrece menos empleo directo y facturación.

El pulso de la industria auxiliar que trabaja para las grandes minas de la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla, se mueve entre la satisfacción por el crecimiento del sector regional, que se ha convertido en epicentro de la minería española, y una cierta inquietud por las incertidumbres que pesan sobre importantes proyectos.

La minería permite atraer inversiones y fijar población en la llamada “España vaciada”. ¿Qué sería de la cuenca minera y del Andévalo sin la minería? Hay un efecto tractor en la empresa auxiliar y una economía inducida (restaurantes, hoteles, viviendas, comercios) que revitalizan los pueblos.

De cara a las elecciones del 10N, los golpes de efecto del PSOE para movilizar sectorialmente a su electorado con varias reuniones de Consejos de Ministros, incluso un viernes antes de que arranque la campaña, y en el que se aprueben pensiones, peonadas y funcionarios, no se sabe si tendrá los mismos efectos que el 28 de abril.

Cataluña puede dar un vuelco a todas las estimaciones demoscópicas. El PSOE necesita movilizar a la izquierda. Si se cumplen los pronósticos, los pactos postelectorales para formar Gobierno vuelven a ser muy complicados. ¿Habrá sorpresas para formar mayorías?

Nuestra Constitución consta de una Disposición Adicional Primera que ya reconoce de una desigualdad entre territorios: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.” Además, no establece un cierre competencial que determine qué le corresponde al Estado y a los gobiernos autónomos. Esto es un enorme problema transversal que no se ha resuelto porque ha faltado visión de Estado y valor en los diversos gobiernos, hasta llegar a la actual situación de hipertensión territorial.

Rodríguez Zapatero rompió los pactos de la Transición e impulsó el nuevo estatuto para Cataluña. La consulta y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional que modificaba algunos artículos, originaron desde el año 2012 una crisis institucional larvada décadas antes, en esa zona de España.  Con otra crisis económica en las puertas se hace evidente una debilidad institucional estatal, y urge un pacto de Estado en temas esenciales que nos unan y respeten los derechos de los ciudadanos.

Deja un comentario

El email no será público.