La carta. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital
La carta. Carlos Ramírez. Abogado

La carta. Carlos Ramírez. Abogado

Un solo día puede concentrar lo peor de un año. Así ha sucedido con el 31 de diciembre de 2019, que han sonado tres golpes en el rostro de Donald Trump. Uno en Bagdad, otro en Corea del Norte, y el peor en su país, en la Cámara de Representantes

Esto no es un Bengasi, porque Bengasi nunca debería haber ocurrido, y nunca volverá a haber un Bengasi”. Se refería el presidente de Estados Unidos, en una conversación con la prensa el día 31 de diciembre al asalto de 2012 al consulado norteamericano en la ciudad libia, en el que murieron cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador Christopher Stevens.

La reacción del Gobierno estadounidense al asalto a la legación diplomática en Bagdad el día 31 de diciembre, demuestra que Trump, en año electoral, quiere evitar la humillación de una toma de rehenes y bajas como las de Bengasi, en Libia. Hubo otro menosprecio, los diplomáticos tuvieron que pasar 48 horas en un búnker ante la pasividad de las fuerzas de seguridad iraquíes, entrenadas y financiadas por EEUU.

Los peores recuerdos en la memoria de EE.UU. en Oriente Próximo retornaban, se acaban de cumplir 40 años de la toma de rehenes en la Embajada norteamericana en Teherán, el clímax de la revolución islámica y una de las peores humillaciones nunca olvidadas por la Casa Blanca.

Estados Unidos ha matado a un general iraní, líder de las fuerzas de élite Quds de la Guardia Revolucionaria y arquitecto de la expansión militar de la República Islámica en Oriente Próximo, en un ataque aéreo sobre el aeropuerto de Bagdad.

La “guerra en las sombras” entre Irán y Estados Unidos y sus aliados en la zona, principalmente Israel y Arabia Saudí, es un inicio de una campaña de “ojo por ojo” en la región. Irán tiene un pie en la guerra de Yemen, ayudas a organizaciones criminales en el Líbano, Siria e Irak, y es aliado de Rusia y Turquía para algunos temas estratégicos.

Las manifestaciones en Bagdad motivadas por los bombardeos estadounidenses en Irak y Siria contra la milicia chii Kataib Hezbolá, es una excusa. En Irak no hay gobierno, los kurdos y chiiies van por libres, pero éstos unidos a Irá. Frontera con Irak están Kuwait, y países del Golfo, el petróleo de Occidente.

Y en su discurso para concluir la quinta reunión plenaria del actual Comité Central del Partido de los Trabajadores, el dictador norcoreano Kim aseguró que no ve razón para preservar la medida activada desde 2018 de no realizar más pruebas de armas de destrucción masiva, y ha anunciado que “la desnuclearización ha quedado fuera de la mesa de negociación”.

La tercera es la peor, quizás. Así, horas antes de una histórica votación a finales de diciembre en la Cámara de Representantes que aprobó el juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump envió una nítida carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, acusando de “proceder con su inválido juicio político, están violando sus juramentos ante el cargo, quebrando su respeto a la Constitución y supone una declaración de guerra a la democracia estadounidense«.

La carta del presidente, de seis páginas, refleja la aguda crispación política que vive actualmente Estados Unidos. Trump envió la carta a la vez que el Comité normativo de la Cámara discutía las normas de la votación, de los cargos de “abuso de poder y obstrucción a la justicia contra el presidente”. Trump exigió a Pelosi y a los demócratas el «cese inmediato» del proceso de destitución política, que tildó de «fantasía«, sabiendo que es imposible, pues los demócratas no le quieren de rival en noviembre 2020 en las presidenciales, o al menos que si es candidato vaya muy tocado por este asunto. Otro candidato republicano sería “barrido” en las elecciones.

Trump se va a convertir en el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentarse a un juicio político en el Senado, y entra así en la Historia al engrosar una lista en la que están Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869). Dada la mayoría republicana en el Senado por un ligero margen, de 53 frente a 47, a lo que se suma que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, la destitución es improbable.

El juicio político comienza este mes en el Senado. Empieza un ciclo en el que tanto la acusación como la defensa presentarán pruebas e interrogarán a testigos y el veredicto de culpabilidad sólo se podrá alcanzar con una mayoría de dos tercios de votos.

El Comité Judicial de la Cámara Baja publicó los detalles del caso en un documento de 658 páginas, donde se concluye que Trump «traicionó a la nación con el abuso de su cargo” y se le acusa de «múltiples delitos federales», en los que se incluye el soborno y el fraude. Los artículos aseguran que “el presidente ha puesto sus intereses personales y políticos por encima de nuestra seguridad nacional, nuestras elecciones libres y justas y nuestros sistemas de equilibrio de poderes”, por ello, el presidente debe ser procesado en juicio político y recusado de su cargo, concluye.

El informe y los argumentos reducen los estándares similares para futuros juicios políticos a mandatarios, y marcan peligrosamente un camino en los años venideros.

En otro país americano, la misión electoral de la Unión Europea en las elecciones de Bolivia del pasado 20 de octubre publicó hace días su dictamen en línea con lo que ya había denunciado la Organización de Estados Americanos (OEA) en el sentido de considerar probado que hubo graves «errores e irregularidades generalizadas».

El informe dice textualmente que “las elecciones se caracterizaron por un temor extendido previo de que se cometiera fraude y finalmente por las numerosas denuncias de fraude tras la jornada electoral. La confianza en la imparcialidad del TSE fue muy baja, al ser percibido como una institución sujeta al control político. Sin embargo, el TSE hizo poco por restablecer la confianza: no adoptó medidas contra el flagrante uso ilícito de los recursos del Estado durante la campaña (…)”

La Fiscalía de Bolivia ya ha ordenado la detención del expresidente Evo Morales, que se encuentra asilado en Argentina desde el pasado 12 de diciembre. La resolución de la justicia del país andino, firmada por dos fiscales de la ciudad de Cochabamba, llega casi un mes después de que el gabinete interino que le sucedió en el poder presentara una denuncia por «sedición y terrorismo» contra el exmandatario.

La orden insta a policías y funcionarios públicos a que aprehendan y conduzcan a Morales ante la Fiscalía Anticorrupción de La Paz para prestar declaración por la presunta comisión de esos delitos. La acusación se basa en el supuesto intento de alentar los bloqueos a las principales ciudades, impidiendo así el paso de alimentos y combustibles.

Un tema central que deberá aclararse es la visita de diplomáticos españoles acompañados de “encapuchados” y “presumiblemente armados” a la embajadora de México en Bolivia, que derivó en la determinación del Gobierno interino del país de declararlos “personas no gratas” y darles 72 horas para salir de Bolivia.

En la residencia mexicana en La Paz están asiladas alrededor de una decena de exautoridades del Gobierno del expresidente Evo Morales, incluidos algunos exministros acusados por el Gobierno interino de delitos como “terrorismo”.

La cronología de los sucesos en la tensión diplomática entre los tres países ha sido que el 10 de noviembre Evo Morales renuncia a su cargo y denuncia que hubo un “golpe de Estado” para derrocarlo. El día 11 de noviembre Morales viaja a México en un avión enviado por el Gobierno de ese país. El día 12 de noviembre asume la presidencia interina la entonces senadora opositora Jeanine Áñez, tras activarse un procedimiento sucesorio avalado por el Tribunal Constitucional. El día 6 de diciembre, Morales viaja a Cuba para una “consulta médica”, y el día 12 de diciembre llega a Argentina y pide que se le acoja como “refugiado”. El viernes 27 desde el gobierno de Bolivia se denuncia que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de “encapuchados” a la residencia que acoge a algunos antiguos ministros del expresidente.  Y el Gobierno español declaró personas no gratas a tres diplomáticos bolivianos.

Entre tanto, hay acusaciones desde Bolivia de financiación ilegal de Podemos a través de una empresa de Monedero. Esto no acaba más que empezar. La acusación boliviana es contra Podemos, “ahora son burgueses de chalé en España”, que quieren venir a hacer “colonialismo de complicidad criminal».

Después de la crisis abierta, el Gobierno boliviano pretende superar este impasse a la mayor brevedad posible y mantener estrechas relaciones con el Reino de España, tras un encuentro entre representantes del Ejecutivo boliviano y una delegación de la Unión Europea. ¿Hubo una sobreactuación del bisoño gobierno boliviano? Sí. Se dio pábulo a una versión de vecinos cercanos al legado mexicano.

Y el parlamento turco ha autorizado el despliegue militar en Libia para apoyar al Gobierno de Trípoli, respaldado por la ONU. La guerra en Libia deja enormes espacios a grupos islamistas y a las mafias de seres humanos. La guerra sigue tras ocho años, desde el derrocamiento y muerte de Muamar el Gadafi.

La “ayuda” llega tras el acuerdo militar, y una nueva delimitación de las fronteras marítimas entre ambos países, que le permite a Turquía salir del aislamiento donde se encuentra después de que Grecia, Chipre, Egipto e Israel hayan establecido zonas económicas exclusivas que facilitan la exploración de petróleo y gas.

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