La economía colaborativa a debate

La economía colaborativa a debate

Representantes de diferentes comunidades autónomas debaten sobre el impacto de la economía colaborativa

Maite Díaz Torres

España tiene 15.000 establecimientos hoteleros que representan un millón y medio de plazas registradas, sin embargo, en los mercados online “aparece la oferta de cerca de 2 millones cuatrocientas mil plazas”, según explicó Joan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) durante una mesa redonda celebrada el pasado 7 de marzo en el marco del Salón de Equipamiento, Alimentación y Servicios para Hostelería y Turismo de Málaga. Muchas de estas plazas se anuncian en portales como Airbnb, que practican la llamada economía colaborativa, práctica que ha experimentado un crecimiento muy grande en los últimos años y que puede fomentar la competencia desleal y la economía sumergida.
Durante el citado evento, en el que participaron Diego Ramos, viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía; Marian Muro, directora general de Turismo de Cataluña, y Antonio Gil, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera de Madrid, se debatió sobre las medidas llevadas a cabo en cada comunidad para combatir los alojamientos turísticos no registrados y se puso sobre la mesa la posibilidad de un decreto homogéneo a nivel nacional para evitar el impacto que la economía colaborativa está causando a los hoteleros.
Mientras en 2013 el tamaño de mercado de esta economía era de 3.200 millones de euros en todo el mundo, hoy en día la Comisión Europea prevé un “potencial de crecimiento que supera los 91.800 millones de euros en 2016”, según dice la resolución del Parlamento Europeo titulada Hacia un Acta de mercado único digital, aprobada el pasado 19 de enero. La economía colaborativa, explicó Joan Molas durante su intervención, “es un engaño, en realidad es economía sumergida”. Molas comentó que desde CEHAT y ITH no están en contra de las personas que “por su situación económica alojan a turistas en su domicilio para mejorar sus rentas particulares”, pero sí combaten que haya empresas “con hasta 500 viviendas que no cumplen con la normativa y que se alquilan a través de grandes portales”.
El presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera de Madrid, recalcó que el concepto de economía colaborativa ha sido “traicionado” durante los últimos años, ya que “el poner en común una serie de bienes y servicios infrautilizados a todos nos parece bien como concepto, pero el problema es cuando entra el factor puramente económico y la economía colaborativa se convierte en un negocio con ventajas competitivas”. Con la intención de encauzar el fenómeno de la economía sumergida para evitar los impactos negativos que puede provocar en el conjunto de la sociedad se están promoviendo diversos decretos en diferentes comunidades autónomas como Madrid, Cataluña y Andalucía.
Dichos decretos son el germen para una posible regulación uniforme a nivel nacional, que permitiría “homogeneizar y buscar puntos de encuentro para que la norma sea parecida en todas las comunidades autónomas”, explicó el vice consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. Una unificación que para Molas es necesaria, ya que los decretos existentes en la actualidad en las diferentes comunidades autónomas son muy diferentes y “el Estado debería acatar de una forma mucho más directa la regulación y no dejarlo en manos de las comunidades”. Uno de los motivos para exigir “un decreto lo más endurecido posible para que hoteles y alojamientos jueguen con las mismas armas” es la seguridad nacional, ya que según aseguró Molas “en todos los establecimientos de todas las comunidades autónomas tiene que haber placa distintiva con el número de registro”.

Decreto de las viviendas con fines turísticos de Andalucía
Andalucía aprobó el pasado mes de febrero el decreto de las viviendas con fines turísticos promovido por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, que tiene como fin regular la llamada economía colaborativa y evitar el impacto que ésta causa en los hoteleros andaluces, ya que en la actualidad “hay una cantidad muy importante de viviendas turísticas sin registrar en Andalucía”.
Esta resolución, que entrará en vigor el próximo 11 de mayo, obliga a los apartamentos turísticos a inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía para regular su situación y así “acomodar a un sector que siempre ha convivido con la oferta hotelera”, explicó el viceconsejero. Ramos aseguró que este decreto se encuentra en la actualidad “en proceso divulgativo y pedagógico”, por lo que, aunque hasta el momento solamente se han realizado 15 solicitudes de registro se espera conseguir “muchas solicitudes como ha pasado en Cataluña”.

Medidas para encauzar la economía colaborativa en Cataluña y Madrid
Marian Muro, directora general de Turismo de Cataluña puso el acento durante su intervención en la necesidad de poner sanciones a “quien incumple” el decreto. Para ello, durante el año y medio que ha pasado desde que aprobaron en Cataluña el decreto para regularizar la situación del sector se ha “hecho un promedio de 12.000 inspecciones combinando online y presencial” y se han puesto multas “desde 3.000 a 30.000 euros”, habiendo recaudado 2 millones de euros hasta el momento. El resultado, asegura, es que en estos momentos “hay 49.000 viviendas turísticas registradas en Cataluña, lo que significa que en un año y medio hemos regularizado el 55,5 por ciento de las plazas ilegales”. Por su parte, el decreto llevado a cabo en Madrid tiene unas características “sumamente laxas”, según aseguró el presidente, ya que en un principio se pretendió prohibir con este decreto la venta de estancias de menos de 28 o 30 días “para que quedara bien claro lo que es la venta por estancias cortas, que es la que hacen los hoteleros, de lo que son las estancias en edificios residenciales”. Sin embargo, finalmente “quedó en cinco días” y a fecha de hoy, “no se ha cumplido la exigencia en ningún momento”, como demuestra el hecho de que “se han abierto un total de 73 expedientes” en los casi dos años de vigencia de este decreto en Madrid y de éstos, “solamente 37 han finalizado con una sanción”.

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