La fiebre de las minas en Málaga. Carlos Ramírez. Abogado. - El Sol Digital
La fiebre de las minas en Málaga. Carlos Ramírez. Abogado.

La fiebre de las minas en Málaga. Carlos Ramírez. Abogado.

En la provincia de Málaga, entre los años 1820 y 1840, se realizaron prospecciones minerales de cromo y níquel en Carratraca, así como la explotación de hierro en la mina El Peñoncillo (Marbella), una de las más importantes en toda la historia minera de la provincia, que abastecía a la ferrería de La Concepción, fundición creada en 1826 sobre las terrazas del río Verde en Marbella, a partir de 1826 con la aprobación de la primera ley de minas, que supuso la aparición de minería privada a pequeña escala. Es cuando realmente se inicia el despegue de la producción minera; legislación, estudios científicos y puesta en marcha de las minas de cobre, hulla y plata están ligados, en esta época, a un grupo de hombres de negocios: López Ballesteros, Gaspar de Remisa, Aguado, el científico Elhuyart…

La historia de la minería, y del ferrocarril, está unida a familias malagueñas. Jorge Loring impulsó el desarrollo del ferrocarril y su entronque con los diferentes sectores económicos. El primero de ellos, en cuya formación estuvo presente, Jorge Enrique como portavoz de la sociedad encargada de su implantación. En 1877 nace la Compañía de Andaluces de la mano de Loring y La Gándara, quienes adquirieron en 1876 el ferrocarril Utrera-.Morón-Osuna y obtuvieron en el mismo año la concesión de Osuna-La Roda. En 1877. se fusionaban las compañías de Córdoba a Málaga y la de Sevilla a Cádiz, lo que dio pie a que con la intervención de capital francés se formalice dicha Compañía de Andaluces. Un total de 312 kilómetros y 181 metros a los que había que asociar los correspondientes a la línea Córdoba Málaga y las perspectivas de ampliación con las nuevas líneas Marchena-Écija y Córdoba-Bélmez, con minas de carbón para el propio abastecimiento de las locomotoras.

No obstante, la creación de la red ferroviaria sirvió a muchos personajes para enriquecerse, como el marqués de Salamanca, un banquero malagueño que obtuvo con la aquiescencia de la Corona y el Parlamento toda una serie de concesiones en 1853–1854, y que vendió al gobierno la línea Madrid–Aranjuez y la volvió a recibir de éste en arrendamiento, sin licitación previa, por un precio que nunca llegó a pagar.

Un elemento relevante para el empresariado de las comarcas mineras será la existencia de ferrocarril. Mediante la Real Orden de 31 de diciembre de 1844, se establecieron las condiciones de carácter general para la regulación de la construcción de las futuras líneas de ferrocarril que, movido por madera o carbón, supuso un gran impulso al desarrollo minero y, con él, un aumento de las externalidades negativas al medio ambiente. Otro elemento significativo fue la adecuación de diversas vías, como las carreteras, que se duplicaron entre 1855 y 1868, alcanzando los 17.500 kilómetros.

En Marbella, había ricos criaderos de hierro magnético.  Con el fin de explotarlos, el industrial y comerciante Manuel Agustín Heredia forma una sociedad en 1828.  En 1832, montaba los altos hornos, fundiendo los minerales en Marbella con los carbones vegetales de los bosques vecinos.  En esta ferrería de Marbella fue donde por primera vez en España se obtenía hierro colado.  Se llamó a esta ferrería “La Concepción”, a la que siguió la de “La Constancia”, en Málaga, donde también por primera vez en España se obtuvo el hierro forjado por el método indirecto (afino del lingote).  A estos dos establecimientos, pioneros de la moderna siderurgia española, siguió otro, también andaluz, en Cazalla de la Sierra, con el nombre de “El Pedroso” (1833). Málaga y Sevilla ocuparon los dos puestos de honor con sus altos hornos.

Andalucía ostentó la hegemonía de producción durante treinta años.  En 1844, Marbella y Pedroso producen el 85,5 por ciento de todo el hierro colado español; todavía en 1861 producen el 55 por ciento del total, pero ya en 1862 declina la preponderancia andaluza, pese al apoyo de los vinateros de la región, como el malagueño Larios, y es superada por Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa.  En 1880, los altos hornos malagueños dejaron de producir; la razón era lógica, la diferencia del precio en Málaga y en Oviedo.  Los andaluces no se surtieron de carbones minerales, mientras las fábricas asturianas estaban ubicadas en las mismas cuencas hulleras. En 1877 España era el primer país de Europa en la producción de minerales de plomo, cobre y hierro.  Sin embargo, la producción siderúrgica, en esta fecha, era 100 veces menor que la inglesa, 30 que la alemana, 20 que la francesa y 10 que la belga.  Entre 1875 y 1911, la actividad minera malagueña vive su periodo de mayor esplendor con la explotación de numerosos metales en cientos de minas, la mayoría de ellas de pequeño tamaño y producción limitada, distribuidas de modo preferente en la zona de Carratraca, Ojén, Marbella, Sierra de Ronda-Sierra Bermeja. Las explotaciones más importantes fueron de hierro, cobre, plomo, cromo, níquel, zinc, grafito y platino.

La eclosión de la producción minera tuvo graves consecuencias ambientales.  A su vez, se aprobaron las primeras disposiciones relevantes, unas veces con rango de ley para establecer el principio de responsabilidad y las indemnizaciones que pudieran ocasionar las empresas mineras, reconociéndose en la Ley de Minas de 11 de abril de 1849, y posteriormente en la Ley de Minas de 6 de julio de 1859, y otras en normas de rango inferior, para la adopción de medidas de control en las industrias mineras. En las normas de rango inferior al legislativo, de forma paulatina se establecieron medidas de control en las industrias metalúrgicas, con el objeto de reducir los efectos de las emanaciones de humos. Así, la Real Orden de 30 de septiembre de 1848, con el objeto de evitar los efectos negativos a la salud de vecinos, de sus tierras o ganadería, estipulaba las condiciones que tenían que cumplir las empresas metalúrgicas respecto a los gases sulfurosos, arsenicales y antimoniales. Esta disposición fijaba unas condiciones para la construcción de las nuevas instalaciones en las afueras de los núcleos de población.

La Real Orden fue objeto de ampliación en otra Real Orden de 30 de mayo de 1849 en la que el gobierno, consciente de la peligrosidad de los humos para la salud pública, agricultura y ganadería, establecía la obligación de instalar en las citadas empresas, cámaras de condensación, y que la construcción de las nuevas instalaciones fuese en las afueras de los núcleos de población, a partir de la vigencia de la Real Orden. Estas normas, que regulaban las emanaciones de humos y los vertidos, se consideran, por parte de la doctrina, como unos precedentes del derecho ambiental en España. La citada Real Orden de 1848, así como la del año 1849, será invocadas por afectados por los humos del cobre en la cuenca minera de Rio Tinto, para exigir su cumplimiento de “prohibir que los humos sulfurosos se arrojaran a la atmósfera sin esterilizarse, y recordando que la ley de minas no permite las calcinaciones al aire libre; así como que la industria minera ningún daño produce a la provincia de Huelva, siendo la industria metalúrgica la que la destruye y arruina”.

A partir de 1911, se produce un declive progresivo en la actividad minera a causa del agotamiento de los filones, problemas técnicos en la explotación y un acusado descenso en los márgenes de beneficio económico. Estos hechos condujeron al abandono de las instalaciones mineras, sobre todo a partir de 1945, hasta el estado actual, donde aparece todo un patrimonio arqueo-minero en estado ruinoso, distribuido a lo largo de las antiguas zonas de explotación.

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