La inconstitucionalidad de un impuesto - El Sol Digital
La inconstitucionalidad de un impuesto

La inconstitucionalidad de un impuesto

Que la voracidad fiscal de las Administraciones resulta pantagruélica es algo sabido y que solo en algunos casos encuentra freno en la Justicia también. Hace unos días el Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto de plusvalía -Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU)- en los casos en los que la venta del inmueble no produce beneficio. Algo tan elemental ha llegado al Constitucional por la  incontinencia de los ayuntamientos españoles. Gravar la subida que haya experimentado el suelo, cuando se produce una transacción, y que deba abonarlo la persona que vende o la que lo recibe si se trata de una donación o herencia, es el marco del impuesto, pero si hay beneficio, claro, no si son pérdidas. Los municipios aplicaban para calcular la cuota, y automáticamente, unos coeficientes que se incrementan en función del número de años transcurridos desde la anterior transmisión, en vez de contemplar la realidad del mercado. De este modo, los ayuntamientos siempre ganan. El Constitucional entiende que tributar cuando la venta se ha producido con pérdidas va contra el principio constitucional de capacidad económica, recogido en el artículo 31 de la Constitución, que señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. El Alto Tribunal obliga al Gobierno a introducir las modificaciones que sean precisas en este impuesto y “que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos”.

Ahora los ayuntamientos, dada su desmedida falta de escrúpulos fiscales, pueden verse sometidos a miles de reclamaciones de devolución por parte de quienes durante la crisis han vendido propiedades por menos del precio de compra. Aunque es cierto que el Tribunal no aclara si el alcance de la nulidad parcial de la plusvalía tiene carácter retroactivo, que sería lo justo. Hay que añadir que en la mayoría de los casos los tipos de gravamen que se aplican a la base imponible rozaban o llegaban al máximo legal, como podía esperarse. Pero mucho nos tememos que dada la falta de recursos estables de los ayuntamientos y sus sobradas pruebas de insensibilidad social muchos, por este o por otros caminos, seguirán buscando cómo detraernos cuantos más recursos mejor. Solo nos queda elegir mejor a nuestros representantes y pleitear desde que tengamos conocimiento de un abuso. La Justicia es nuestro último recurso.

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