La revolución religiosa y las reformas sociales de Trump. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital

La revolución religiosa y las reformas sociales de Trump. Carlos Ramírez. Abogado

El ritmo es trepidante. La locomotora Trump ha iniciado su andadura con gran impulso. Los grandes medios han encontrado un filón en él, comprensible porque Trump es el primero que se ha atrevido a acusar a la prensa de falta de profesionalidad y de que “están vendidos” a sus propios intereses, originando una reacción brutal, con lo que el foso que ya existe aumentará. Ahora surge otro tema que será objeto, ya lo es, de grandes titulares y debates. El presidente prometió “destruir” una ley que limita la participación y el apoyo a actividades políticas de los credos religiosos, en un discurso en el que aseguró que su Gobierno hará “todo lo posible” para proteger la libertad religiosa. Afirmó que “me voy a deshacer (de ella) y destruiré totalmente la Enmienda Johnson, y permitiré que nuestros representantes de la fe hablen libremente y sin temor a represalias”. ¿Se habrá olvidado que habitan en EEUU casi 5 millones de musulmanes[1]  y miles de mezquitas?

 La llamada Enmienda Johnson estableció que los credos religiosos y otras organizaciones exentas de impuestos no están autorizados a hacer campaña o apoyar abiertamente a candidatos a cargos políticos. Una regla vigente durante 60 años que bloquea a los grupos religiosos exentos de impuestos de apoyar u oponerse a candidatos políticos. Esta ley federal fue introducida por el entonces senador Lyndon B Johnson en 1954 (más tarde Vicepresidente con Kennedy y luego presidente 1963-1964 y 1964-1969). Es una cláusula que estipulaba que entidades libres de pagar impuestos, como iglesias u organizaciones caritativas no pueden participar, directa o indirectamente, en ninguna campaña política a favor o en contra de un candidato. De este modo, impide que líderes religiosos usen sus púlpitos para manifestar su apoyo —u oposición— a un candidato con el objetivo de influenciar a su congregación.

Esta disposición durante décadas, no fue cuestionada ni por republicanos ni por demócratas. Después de la enmienda, las iglesias se confrontaban con la decisión de hablar libremente de cualquiera de los asuntos mencionados en la Biblia y potencialmente arriesgar la exención fiscal, o permanecer en silencio y proteger su estatus de exención. Irónicamente, después de más de cincuenta años de estricta interpretación del IRS, no hay muchos casos donde una iglesia haya perdido su estatus de exención fiscal o, haya sido castigada directamente por sermones dados desde el púlpito, si bien la presión ha existido. La ley permanece sin ningún cambio. Trump considera[2] que existe una amenaza global a la libertad religiosa, que es un derecho sagrado y un derecho que está siendo amenazado seriamente. Su intención es permitir que los representantes de la fe hablen de manera libre y sin miedo a represalias. Es, sin duda, un abrazo al sector religioso más conservador del país, ese que le votó en bloque. Como ejemplo de su revolución, su vicepresidente, Mike Pence, y su asesora, Kellyanne Conway, se convirtieron en los primeros miembros de un gobierno que participan en la anual marcha contra el aborto que se celebra en Washington por el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo que legalizó la interrupción del embarazo en 1973. El año pasado, en uno de sus actos de campaña, Trump aseguró que, bajo su gobierno, “nuestra herencia cristiana será preciada, protegida, defendida como no habéis visto nunca antes”. Estados Unidos es un país profundamente religioso, pero no es un país de un credo único, oficial.

En el ámbito social, sumado al frente del muro con México para reducir la emigración ilegal y el poder de las mafias que los controlan, se abre otro exterior en el que ya han intervenido el poder judicial y grupos empresariales. El conflicto social es en relación a la suspensión de visados a ciudadanos de seis países musulmanes por un plazo de noventa días y a Siria de forma permanente. Después de una aplicación algo caótica, un juez federal decretó la paralización de la orden, y motivó que el Departamento de Justicia elevase recurso inmediatamente a la Corte de Apelaciones de San Francisco. Este Tribunal de Apelaciones ha afirmado que la decisión del presidente inflingiría un daño significativo a los negocios estadounidenses, además de que  “el Gobierno no ha mostrado ninguna prueba de que ningún extranjero de los países nombrados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos”[3]. Sin embargo, Trump trasladará el mismo argumento de defensa de su decreto al máximo tribunal. Respecto de las empresas de tecnología, gigantes como Google, Apple y Microsoft han desarrollado un escrito legal para hacer oposición a esta determinación. Así, Facebook, Twitter, eBay, Netflix, Uber e Intel son otras de las casi 100 empresas que se han unido a esta causa[4], incluso también han firmado compañías como Chobani y Levi Strauss. Esta industria de la tecnología, ha dependido durante años de la inmigración ha decidido aunar esfuerzos para responder a las nuevas medidas. La causa principal de esta oposición es que muchos de los trabajadores de estas compañías han sido o son inmigrantes y provenientes de esos países vetados  y se niegan a aceptar tal imposición.

¿Una farsa política? Probablemente sí. Se trataba de una suspensión temporal, y el efecto sería mínimo, teniendo en cuenta que solo uno de esos siete países exporta esos talentos. Sin embargo, esas mismas empresas reconocen que tener un sistema de administración de inmigrantes en Estados Unidos por la seguridad nacional es una iniciativa necesaria. El sistema judicial favorece a los residentes con visado y posibles afectados. Según los datos del Centro de Procesamiento de Refugiados del Departamento de Estado sobre la admisión de refugiados entre 2001 y 2016, la mayor cantidad de refugiados en ese período llegó de Birmania (166.693), seguido de Irak (142.967) y Somalia (105.881). De esos siete países, Libia es el país del que llegó la menor cantidad de refugiados entre esos años: 17. En total, durante la gestión de George W. Bush (2000-2009), entraron 381.802 personas bajo ese estatus. Durante la administración de Barack Obama (2009-2017), 583.138.

Mientras tanto, en Europa, el Ministerio del Interior germano[5] pone en marcha el programa «Start Hilfe Plus», que consiste en pagar 1.200 euros a cada refugiado que acceda a retirar la solicitud de asilo y ser repatriado. El pago será dividido en dos partes: la primera la cobrarán al abandonar Alemania y la segunda tras seis meses en su país de origen.

[1] http://es.danielpipes.org/1492/cuantos-musulmanes-de-los-estados-unidos

[2] http://www.sexenio.com.mx/df/articulo.php?id=10018

[3]http://www.lanacion.com.ar/1983167-cuatro-cifras-para-entender-a-quienes-afecta-el-veto-migratorio-de-donald-trump

[4]http://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/los-gigantes-de-la-tecnolog%C3%ADa-que-se-han-unido-contra-trump/ar-AAmFsJR?li=AAltdRD&ocid=spartanntp

[5]http://www.abc.es/internacional/abci-alemania-paga-refugiados-para-vuelvan-pais-201702100241_noticia.html

 

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