Las comunidades de propietarios necesitan el voto unánime de todos los vecinos para prohibir las viviendas turísticas. Álvaro Graciani. Abogado - El Sol Digital
Las comunidades de propietarios necesitan el voto unánime de todos los vecinos para prohibir las viviendas turísticas. Álvaro Graciani. Abogado

Las comunidades de propietarios necesitan el voto unánime de todos los vecinos para prohibir las viviendas turísticas. Álvaro Graciani. Abogado

El artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal dice que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos. Este artículo está siendo fuente de diversas opiniones jurídicas, sobre todo en lo relativo al alcance de la palabra “limitar”. Mientras que algunos juristas atienden al significado que a la misma da el diccionario (poner límites a algo, acortar, ceñir, fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien), otros, en un ejercicio de exégesis (o eiségesis según se mire), quieren entender que limitar es sinónimo de prohibir, y por tanto que una comunidad de propietarios pueda prohibir que las personas titulares de viviendas no puedan utilizarlas como viviendas turísticas, poniendo límites (esta vez sí) al derecho de propiedad privada.

Este punto parece que se está aclarando, en concreto a través de la sentencia 89/2020 de 22 de junio del Juzgado de Primera Instancia de Fuengirola, la cual indica que limitar no es sino establecer restricciones en el ejercicio y, por otro lado, condicionar es establecer requisitos para su ejercicio. Prohibir, imposibilita de plano tal actividad, sin que el legislador lo pusiera en la redacción del Artículo citado, y ello pese a las dos reformas recientes (sin entrar a valorar que, quizás, hubiera sido lo deseable con la concurrencia de determinadas condiciones). En todo caso, fijadas las restricciones y/o requisitos, si no se cumple por las mismas, lo que sí entiendo que cabe es la opción que la Comunidad solicite tal prohibición de la actividad de tal tipo de arrendamiento pero por la vía Artículo 7.2 de la LPH, pero, insisto, a la vista de la redacción del legislador, lo que no está previsto es prohibir ad initio tal ejercicio atendiendo al reiterado Artículo 17.12 de la LPH sin previa regulación de ese tipo de ejercicio en la Comunidad con las restricción o requisitos que la Comunidad estime adecuadas.

Habrá que estar a la espera de cómo se van pronunciando otros juzgados, pero esta sentencia arroja bastante luz sobre una norma que está teniendo no pocos críticos.

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