Los desahucios y el derecho

Los desahucios y el derecho

Vicente López Mortes
Nuestra constitución proclama el derecho a una vivienda digna, así mismo protege la propiedad privada y los derechos reales. El desahucio forma parte de las acciones que el propietario puede solicitar para proteger su derecho de propiedad y de las que el titular de una finca adquirida en subasta puede requerir para tomar posesión de la finca, básicamente el desahucio restituye la posesión al propietario.

 

El caso particular de solicitar la posesión para proteger el bien en caso del inicio de una ejecución cuando existan indicios de un posible deterioro, por parte del propietario, del bien objeto de garantía, con objeto de “vengarse” (pues no cabe otra interpretación) no debería ser un caso general ya que el deudor debería entender que en la subasta cuanto más se obtenga por su bien menor será su deuda, obviamente esto es absolutamente virtual ya que en época de vacas gordas la existencia de subasteros hace poco transparente y eficaz el mecanismo de subasta y en época de crisis el bien suele acabar en manos del acreedor.

 

El derecho que a una vivienda digna se otorga al ciudadano, no está regulado por ninguna ley orgánica.

 

Se dejó aparcado como otros derechos personales que aparecen en la Constitución y que se han considerado meras expresiones de voluntad de los padres de la Constitución. En mi opinión, el cambio de orientación producido con el Plan de Estabilización de 1959, utilizando la propiedad horizontal como locomotora, y cambiando el modelo habitaciónal de alquiler a propiedad tuvo efectos muy positivos creando una gran clase media.

 

La tortura a la que se ha sometido la regulación de las viviendas de protección oficial desde 1978, ha hecho que el modelo que facilitó el desarrollo haya sido el que ha expulsado de sus casas a un buen número de ciudadanos.

 

El PSOE lo tenía claro, había que dinamizar el mercado del alquiler y desarrolló el desahucio exprés, además modificó la ley del suelo y el concepto del derecho de propiedad.

 

La reforma de la ley del suelo y la redacción de las legislaciones sobre el suelo en cada comunidad, han dinamitado el modelo nacido en 1959. Por otra parte, ningún partido, desde 1978, se ha preocupado de desarrollar el concepto constitucional de “derecho a una vivienda digna”.

 

En este marco, los antisistema deciden paralizar las consecuencias de la dejadez del legislador, atacando un derecho regulado, “el desahucio”.

 

Desde mi punto de vista, hay que destinar una partida importante a asistir a las familias desahuciadas y en dos vertientes:

 

-Primera, la asistencia letrada en la negociación con el propietario o acreedor.
-Segunda, agotada la vía anterior, habrá que proceder al realojo de los desahuciados y poner en marcha otras medidas de subsidio e integración de los afectados.
Estas dos actuaciones son imperativas. Además, de inmediato, debería ponerse en marcha la redacción de una ley orgánica que desarrolle el “derecho a una vivienda digna” y establezca cómo se puede acceder a dicho derecho. Esta Ley incidirá en el mercado de la vivienda y en el modelo habitacional.

 

El Estado del Bienestar, para que sea sostenible, necesita de una visión de conjunto y de un buen número de reformas-renuncias para que los fondos destinados a salud, vivienda, educación, sanidad y dependencia sean distribuidos de forma que atiendan tanto a la población en general como a los que, temporalmente, han sido expulsados del mercado del trabajo y, en consecuencia, sufren de todo tipo de necesidades y carencias.

 

Por último comentaré que los esfuerzos de la Junta de Andalucía o la Ley de Segunda Oportunidad y otras medidas, son parches que no hacen más que poner de manifiesto la falta de interés de los políticos en el problema.

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