Marbella necesita al “Equipo A” - El Sol Digital
Marbella necesita al “Equipo A”

Marbella necesita al “Equipo A”

Juan Goñi Uriarte, Arquitecto Urbanista.

O más concretamente, a Anibal Smith, ya saben, ese hombre de pelo blanco al que le encantaba que los planes saliesen bien. Porque el último Plan de Marbella, el PGOU de 2010, ha salido realmente mal. Tres sentencias del Tribunal Supremo (STS 4378/2015 y STS 4379/2015 de 27 de octubre y STS4380/2015 de 28 de octubre) han anulado la Orden del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de 25 de Febrero de 2010, por la que se aprobaba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella (Málaga), nulidad que comprende igualmente la del propio Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella aprobado en ella. Debido a esto, todo apunta a que Marbella pasará a regirse por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986. Tres décadas nos separan del momento en que dicho plan fue concebido, un cuarto de siglo desde que fue aprobado inicialmente. Nunca fue aprobado de forma definitiva.

¿Cuál es el motivo por el que se anula el planeamiento de 2010?

Básicamente, el Tribunal Supremo entiende que no está entre las atribuciones del planeamiento urbanístico la legalización de actuaciones urbanísticas irregulares. El PGOU de 2010 plantea legalizar más de 16.500 viviendas construidas de manera irregular durante los gobiernos del GIL (1991-2006), y es este uso del PGOU del 2010 el que ha provocado su anulación.
Es de reseñar que aquí la justicia no actúa de oficio. Han sido particulares y empresarios, propietarios de viviendas y edificaciones, los que han ejercido acciones legales, y obviamente no es porque se legalicen sus propiedades en situación irregular, sino porque se plantea un sistema de compensaciones económicas para hacerlo. Es ahí donde los propietarios no están de acuerdo con el planeamiento y por lo que ejercen acciones legales, ya que si bien todos sabemos que desde la llegada del GIL al poder en 1991 hasta su salida en 2006 se cometieron infinidad de actuaciones irregulares, en las que se lucraron unos pocos a costa de muchos, no hay que obviar que 25 años 16.500 viviendas después, muchos de los propietarios son sin lugar a dudas “terceros de buena fe”, que no formaron parte ni obtuvieron beneficio de las situaciones acaecidas en esos años, pero a los que el plan de 2010 les carga como propietarios con la responsabilidad de “ponerse al día” con la Administración mediante dicho sistema de compensaciones. Es obvio que hubo privados que realizaron acciones punibles para su enriquecimiento en aquellos días en connivencia con aquella Administración corrupta hasta el tuétano, pero también lo es que ahora pagarían justos por pecadores de aplicarse el rodillo de los procedimientos administrativos a todos los propietarios, y creo razonable que quien dicte cosas tales como quien es justo y quien no lo fue, quien paga por sus pecados y quien es un tercero de buena fe que ninguna culpa tiene de lo acaecido anteriormente, sea un juez, y no la Administración. Creo que la paralización del sistema de compensaciones por vía administrativa es de justicia, ya que si bien estas acciones las han llevado a cabo empresas y comunidades de propietarios con capacidad suficiente como para afrontar los gastos que implica un juicio de esta complejidad contra la Administración llevado hasta la última instancia (algo terriblemente costoso), esto no está al alcance de la inmensa mayoría de los individuos que pueden verse afectados por este problema, con lo que cuando terminan una serie de procedimientos llevados a la más alta instancia judicial, y esta dicta sentencia con un determinado criterio, ese criterio debe de ser aplicado al conjunto de los ciudadanos sin que todos deban ir a juicio individualmente para defender sus derechos, ya que no todos pueden permitírselo.

El gran problema es que por esta situación antes mencionada se anule el planeamiento vigente, pasemos a una situación en que el planeamiento en vigor sea un plan concebido hace treinta años, y esto haga peligrar el incipiente desarrollo del sector de la construcción en Marbella. En los últimos años de crisis, y en el sector de la construcción, todos teníamos claro que Marbella sería el primer municipio en dar señales de recuperación. A causa también de los problemas urbanísticos que vivió la ciudad en los últimos años de la burbuja inmobiliaria, Marbella fue uno de los municipios en los que el frenazo de la construcción se dio primero, y se esperaba que fuera también de los primeros en mostrar el repunte del sector de la construcción. De una manera tímida, en los dos últimos años tanto el aumento del número de compraventas, que reducían el stock inmobiliario, como el aumento en el número de licencias de obra, presagiaban un cambio de tendencia en el estancamiento del sector de la construcción. Mi experiencia personal es que el trabajo en nuestro sector en la provincia lo acaparaban Málaga capital y Marbella, incluso se volvían a contratar técnicos en el departamento de Urbanismo, para que los plazos de concesión de licencias fueran los adecuados y no fuesen un elemento disuasorio para los inversores.

¿Cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de la anulación del planeamiento de 2010?

Más allá del contrasentido de que un plan concebido el pasado siglo gobierne el planeamiento de la ciudad actual, o de los contratiempos administrativos que esto genera, más allá incluso del tiempo que se tarde en plantear una solución provisional (se habla de seis meses) o un nuevo PGOU (se habla cómo mínimo de tres años), el problema fundamental de la anulación del planeamiento de 2010 vuelve a ser, una vez más, la incertidumbre que una situación de este tipo genera en el inversor, ya sea éste pequeño o grande, nacional o extranjero. España no se puede permitir dar esta imagen al exterior en una de sus ciudades más internacionalmente conocidas, en el momento en el que dicha ciudad estaba llamada a ser la locomotora de la recuperación de un sector, el de la construcción, cuyo repunte marcará a buen seguro la senda de la recuperación del empleo y de la prosperidad en nuestro país. El Estado debe poner los medios para evitar nuevas burbujas, pero no palos en las ruedas que obstaculicen su normal recuperación para poder, una vez liquidado el stock de vivienda, dar oferta a la demanda que el crecimiento vegetativo, la inmigración y la segunda vivienda de nacionales y extranjeros vuelva a demandar. España no puede vivir sólo de la construcción y el turismo, pero también es cierto que a fecha de hoy no podría vivir sin el turismo y la construcción. Y para que estos sectores prosperen es fundamental dar garantías y certidumbres de que situaciones como la de la anulación del PGOU de Marbella de 2010 no vuelvan a darse. Ante las pocas posibilidades reales de que podamos contratar para resolver este problema a cuatro de los mejores hombres del ejército norteamericano que fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, sólo nos queda reclamar a los cuatro partidos que conforman la realidad política de nuestro país, que trabajen juntos a nivel local, autonómico y estatal para generar ese marco de confianza y certidumbre que necesitamos para apuntalar la recuperación.

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