Mentes peligrosas y un desconcierto institucional. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital

Mentes peligrosas y un desconcierto institucional. Carlos Ramírez. Abogado

En política puede haber personalidades que, aunque contradictorias y algo incoherentes merecen un respeto por defender ideas y soluciones en las que creen firmemente, y en cambio hay otros, como los lideres independentistas que fueron encarcelados y muchos que no lo han sido, que no lo merecen, por dignidad democrática e higiene social.

El líder defensor de la Republica catalana huyó hace meses a un país monárquico para defender su república y denigrar al máximo al país del que tiene su pasaporte.  No puede ser consciente ni de las proporciones de lo que ha desencadenado, y quizás sea tan singular en su soberbia que llegue a ser maquiavélica y perversa, pero ha culminado con una opereta en la que Cataluña ha llegado a ser una tragedia, o el peor de los problemas y más peligroso que ha tenido España desde 1978, y también para Europa. Ha sido un gobernante que ha promovido una fractura social absoluta, que se ha dedicado al incumplimiento sistemático de las leyes estatales y autonómicas catalanas, un auténtico agujero negro para la democracia ubicado en la máxima responsabilidad institucional y rodeado de dinamiteros de pilares de la convivencia civil.  Sus mentores eran personas ajenas a la lealtad institucional como el señor Mas, inhabilitado por la CUP para ser elegido president por los casos de corrupción en su partido con magnitudes homéricas. El otro mentor es para olvidarle, aunque resulte imposible al formar parte de una singular familia, adicta al dinero público y privado. En este caso, la animadversión a lo andaluz lo manifestó en un libro suyo en los años setenta y el rencor hacía lo español desde la década de los noventa.

Esta pandilla, dicho con toda la precaución y precisión [segunda acepción de la RAE: grupo de personas que se asocian con fines delictivos o embaucadores], son gente que se encubre con tópicos. Parecen que no creen ni en Cataluña, solo en ellos y en el dinero. Estos esperpentos y sus seguidores no quieren federalismos ni ningún otro invento onírico, lo que quieren es ejecutar una venganza que corte la presencia española. Así, lo que no sea referéndum pactado los independentistas nos lo escupirán en la cara.

Casi sin aplicarse, una puntadita nada más, el Gobierno esgrimió el artículo 155, y así han pretendido curar  una pandemia de animadversión y deslealtades institucionalizadas durante décadas en las escuelas, la cultura y medios de comunicación, así es imposible. Debería haber artículo 155 durante por lo menos un año, para bloquear toda la sarta de mentiras que irradian los medios de comunicación de la Generalitat y parar el adoctrinamiento de los maestros a alumnos y en conjunto a la ciudadanía, pero se optó por presión del PSC a una terapia de escaparate eventual, un maquillaje inaudito.

Ahora los secesionistas pretenden convertir a Carles Puigdemont en el presidente de la Generalitat de Cataluña intentando salvar  los escollos que a priori puede plantear la simple lectura del Reglamento del Parlamento autonómico y la Ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern, y que sea elegido president sin necesidad de que los huidos tengan que venir a España, para ello  lo primero es controlar la Mesa del Parlamento autonómico, en la que los independentistas contarán con mayoría, e interpretar distintos preceptos para ir sacando adelante sus iniciativas, y si no es posible pues reformar el Reglamento para que lo permita. Hay que tener en cuenta que hay ocho diputados singulares, cinco que están huidos y tres que pertenecen a los presos preventivos. En el primer caso, no podrían votar ni en la investidura; en el segundo, su asistencia parlamentaria está supeditada a un permiso extraordinario del juez instructor del Tribunal Supremo. Sin duda, pretenden hacer una lectura peculiar del artículo 93 del Reglamento parlamentario, en el punto 2: «La Mesa del Parlamento debe establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación» y en el punto 3, a que la Mesa establecerá el procedimiento para ejercer el voto delegado, «que puede incluir el voto telemático si es posible y se puede ejercer con plenas garantías». El siguiente escollo que salvar es conseguir una investidura a distancia. Para ello, harán valer que el artículo 4 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern no habla de la presencia física específica del candidato en la sesión de investidura. En primera vuelta se exige mayoría absoluta. Los separatistas la tendrían si cuentan con esos ocho votos. En la segunda votación basta con la mayoría simple y podría valer la abstención de la CUP, y así se iniciaría una legislatura cargada de conflictos legales y competenciales.

El disparate de la posibilidad de que Puigdemont sea presidente desde Bruselas, provocaría una vía judicial larga en la que una parte de la sociedad civil la asumiría como otra afrenta a sus instituciones.

La situación es bochornosa, llegará a lo patético para unos y para otros una intervención de un Estado opresor. Sin embargo, este pozo negro de problemas se ha introducido para siempre en la política nacional, alejando a soberanistas catalanes (ERC, JXC, CUP y En Común) de los partidos constitucionalistas, minoritarios en Cataluña y mayoritarios en el resto del país. Se suma que el partido del gobierno tiene una presencia anecdótica, testimonial o irrelevante en la acción de gobierno en Cataluña, Navarra y País Vasco, y con sucesivos casos de corrupción de líderes destacados en gobiernos regionales, con lo que el deterioro de la imagen ante la ciudadanía aumentará. ¿Solo nos queda esperar? No. Si queremos salvar a un país del desastre hay que establecer vínculos inquebrantables que lo integren en la diversidad y las diferencias que lo enriquecen. La cuestión territorial no puede estar sujeta a una ruleta rusa de peticiones oportunistas que violenten su unidad. Para defender esa unidad hay que creer en ella, empezando en las escuelas, en todas. La libertad de docencia no puede permitir que se omita la historia de España, o que se pervierta a los jóvenes con robos o saqueos, o con dictaduras inexistentes. La lealtad institucional no permite que mentes perversas dinamiten a un país y rompan su unidad, sea en Cataluña, Navarra o Canarias. Lo que es innegociable no es susceptible de negociación política, por mucho que mentes perversas persistan en ello. Si éstos dispusieran de los medios que tiene un Estado de Derecho y se les quisiera independizar una provincia, esa situación no les hubiera durado treinta años ni cinco.

La suerte para el país es que disfruta de suficiente voluntad ciudadana para perseverar en su unidad, aunque para unos las medidas que se adopten sean escasas y por escaso tiempo, y para otros nunca se deba interrumpir la negociación política, basados en un buenismo contrario a las estrategias de los secesionistas.

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