New Green Deal. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital
New Green Deal. Carlos Ramírez. Abogado

New Green Deal. Carlos Ramírez. Abogado

Hace 17 años, el expresidente de la república francesa Jacques Chirac intervino en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo con estas palabras: “Nuestra casa se quema y estamos mirando para otro lado”.

El New Green Deal, el gran programa verde que la Comisión pretende poner en marcha en los 100 primeros días de su mandato, comenzó el 1 de diciembre.

El denominado Pacto Verde Europeo, es, por ahora, solo una hoja de ruta, pero de cumplirse transformaría en torno a diez ejes el modo en que Administraciones, empresas y ciudadanos interactúan con el medio ambiente. En su núcleo está reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono en 2050, y para ello, contempla medidas para favorecer las energías renovables, el coche eléctrico y el reciclaje, la mejora de la calidad del aire y del agua, la lucha contra la deforestación, la renovación de edificios poco eficientes o la disminución del uso de fertilizantes y pesticidas químicos.

En marzo del año 2020, la Comisión Europea propondrá la ley climática. En verano, el organismo comunitario propondrá alcanzar el 50 por ciento, e incluso el 55 por ciento de descenso de emisiones en 2030. Luego, otras iniciativas: un plan para la energía eólica marina, un programa de renovación de inmuebles, una estrategia industrial, y una nueva legislación sobre baterías y economía circular.

Las ingentes cantidades que Bruselas espera movilizar, 100. 000 millones de euros son la red de seguridad sin la cual el plan estaría condenado al fracaso. La iniciativa deberá superar la resistencia del eje de Visegrado, integrado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pero también de Alemania, temerosa del enorme coste de la transición hacia una economía sostenible en su gran industria.

Los ciudadanos debemos cambiar el estilo de vida para proteger el medio ambiente.

La UE quiere asegurarse del cambio: introducirá cláusulas en los acuerdos comerciales para asegurarse que sus socios cumplen con el clima, y pondrá en marcha un mecanismo en frontera para el carbono. Aunque Europa acabara con las emisiones, todavía quedarían por resolver el 91 por ciento del resto del mundo.

Europa necesita contar con industrias más limpias, producir más carburantes alternativos y aumentar el uso del tren, y una nueva fiscalidad ecológica que no penalice a las empresas. Se debe tratar de un nuevo modelo de crecimiento. El problema de fondo es atacar las raíces de los problemas y el coste social de esta posible metamorfosis. La Europa Central y del Este no son receptivas esas medidas aún.

El Joint Research Centre (JRC), órgano científico asesor de la Comisión europea, estima que dos tercios de los puestos de trabajo ligados al carbón —en las minas y las centrales— desaparecerán de aquí a 2030. Eso supone la pérdida de 160.000 empleos en la próxima década. Polonia —que actualmente acumula 112.500 empleos en este sector y genera el 80 por ciento de su electricidad con carbón— será la gran afectada por esta transición en la UE.

El documento fija los criterios para elegir las zonas a las que van a ir esos recursos, que tendrían en cuenta los datos de empleo, la intensidad de carbono o la producción de turba. Partiendo de esos parámetros, hasta 50 regiones de 18 países podrían obtener recursos.

El plan también incluye la creación de un Mecanismo de Transición Justa para ayudar a los países a llevar a cabo la reconversión. Ese instrumento contaría con un fondo específico de 5.000 millones de euros, más 5.000 millones procedentes de los fondos estructurales y otros 1.500 millones de euros para avales.

La fórmula para multiplicar la capacidad de financiación de los recursos disponibles sería similar al apalancamiento utilizado durante esta legislatura para el llamado plan Juncker.

El borrador de Pacto Verde, además, incluye un mecanismo de ajuste para las importaciones energéticas, que permitiría penalizar la entrada de electricidad procedente de países donde las emisiones de CO2 excedan los compromisos adquiridos internacionalmente.

Otra de las medidas de la propuesta de la Comisión hace referencia a una revisión de la fiscalidad de la energía para mediados de 2021 que busca penalizar las fuentes más contaminantes. Además, se persigue incluir al sector marítimo en el mercado de emisiones de dióxido de carbono y reducir los derechos de emisiones que se regalan al sector aéreo.

Las primeras medidas que presentarán en marzo serán la Ley Europea de Cambio Climático y las Estrategias industrial, de economía circular, de biodiversidad y el pacto para el clima.

Y la minería sigue siendo un sector estratégico para muchos países o regiones a pesar de que se haya producido una importante disminución del consumo de las materias primas durante este periodo de crisis mundial.

Lograr el mantenimiento de una calidad óptima del entorno es, en la actualidad, una prioridad para la sociedad. Esto se traduce en que el tejido empresarial necesariamente debe incorporar medidas de integración y respeto al medio, tanto natural como social, en su actividad.

El sector minero trabaja para conseguir un crecimiento sostenible basado en la creación de valor económico, medioambiental y social, aplicando el principio de la sostenibilidad en el desarrollo de su actividad industrial.

El pasado día 20 de noviembre, en la Sala de Conciertos de Bruselas “La Madeleine”, la Asociación Europea de Áridos – UEPG exhibió y celebró sus European Rocks Stars: las 53 candidaturas recibidas procedentes de 13 países sobre proyectos de desarrollo sostenible en la industria europea de áridos. Nueve empresas recibieron un primer premio y 21 empresas recibieron menciones especiales por sus logros en materia de restauración, buenas prácticas medioambientales, seguridad y salud, compromiso social, contribución económica, comunicación y biodiversidad.

El evento contó con cerca de 200 participantes de 20 países, incluidos representantes de alto nivel de la Comisión Europea, como el orador principal Peter Dröll, director de Prosperidad en la DG Investigación e Innovación y William Neal, asesor del director de Economía Circular y Crecimiento Verde en la DG Medio Ambiente.

Por otra parte, ya hay marcha atrás para Pedro Sánchez, que se juega el todo o nada para la formación de Gobierno una vez terminada su ronda de consultas con los partidos, aun sin tener todavía los apoyos suficientes.

Sánchez está convencido de que su juego kafkiano le saldrá bien. Lo peor es que su vida política va a en ello. Para que ERC no tenga la llave de la investidura Ciudadanos deberá votar sí al Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Las señales son que Sánchez solo opta por un camino: ERC.

En otra parte del mundo, en EE. UU., la portavoz Nancy Pelosi y los dirigentes demócratas en la House –Cámara Baja– anunciaron formalmente los dos artículos para el impeachment contra Donald Trump. El presidente cometió “abuso de poder y obstrucción al Congreso”, a la vista de su conducta presionando a Ucrania en perjuicio de un rival político.

El resultado de la votación por el conjunto de la Cámara, bajo el control total de los demócratas está asegurado.

Los demócratas acusan a Trump de solicitar de manera burda ayuda electoral al nuevo presidente ucraniano para dañar al exvicepresidente Joe Biden, uno de los aspirantes demócratas, por actuaciones ilícitas de su hijo durante el mandado de Obama, en el que la fiscalía de ese país europeo no actuó. A cambio, el presidente se sirvió de “actos oficiales”, el famoso quid pro quo (algo por algo), para retener el envío de 391 millones en ayuda militar a Ucrania.

La acusación es de abuso de los poderes de la presidencia ignorando y dañando “la seguridad nacional y otros intereses vitales para obtener deshonesto beneficio político personal”.

Es una acusación gravísima, de traición a la nación, al abusar de su puesto sirviéndose de un poder extranjero para la corrupción de unas elecciones democráticas en EE. UU. a finales del año 2020.

El segundo cargo alude al desafío del Gobierno al Congreso por denegar las peticiones de testimonios y documentos en la investigación. Acusan a Trump de una “desobediencia sin precedentes, categórica e indiscriminada que ha lesionado los derechos constitucionales”.

El juicio en el Senado, en poder republicano, arrancaría en enero. El Senado, de mayoría republicana, no apoyará tal medida en enero, a escasas semanas del inicio de la campaña electoral presidencial y en el que esa mayoría se juega con Trump su futuro político.

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