Nulidad matrimonial: una opción posible. Soledad Benítez-Piaya Chacón, abogado de familia- letrado rotal - El Sol Digital

Nulidad matrimonial: una opción posible. Soledad Benítez-Piaya Chacón, abogado de familia- letrado rotal

Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia (Jean de la Bruyere)

El Papa Francisco ha modificado el Código de Derecho Canónico y lo ha hecho para simplificar en la medida de lo posible el trámite para obtener la declaración de nulidad eclesiástica de un matrimonio; un trámite complejo que hoy por hoy asusta a muchos católicos que ven casi imposible poder regularizar su situación con la Iglesia.

El Papa Francisco, como digo, ha querido dar solución a esto planteando una renovación completa del proceso, modernizando un trámite que se mantenía incólume desde hace siglos. Para ello ha publicado el motu proprio (documento vaticano) llamado Mitis Iudex Dominus Iesus.

Por una parte, este documento se hace eco de una realidad, cual es la falta de agilidad en el proceso canónico, que ha venido ocasionando graves perjuicios a las personas que buscaban una solución a su fracaso matrimonial dentro de la Iglesia, viendo pasar años antes de obtener una resolución definitiva.

Por otra parte, con este documento el Papa también ha querido potenciar la dimensión pastoral del proceso de nulidad, pretendiendo hacerlo más cercano a los católicos divorciados que por su situación se pueden sentir rechazados por la Iglesia. De esta forma, se constata una clara intención de facilitar el acceso a la nulidad matrimonial a las personas que lo pretendan, para lo cual se agiliza el proceso y se favorece la gratuidad de los costes de los Tribunales.

Se ha escrito mucho sobre el revulsivo que ha supuesto esta reforma, pero lo que debemos tener claro es que con ella la indisolubilidad del matrimonio se mantiene en toda su entidad, si bien se abre una vía para resolver estos temas de manera más ágil, dándole un enfoque más pastoral al proceso. Pero las causas por las que un matrimonio puede declararse nulo no varían en absoluto.

En este sentido, los motivos para anular un matrimonio que vienen  relacionadas en el art. 14 de la reciente Carta Apostólica y que han dado tanto que hablar, como son la falta de fe, el error en la voluntad, la brevedad en la convivencia, una relación extraconyugal constante, la ocultación de hechos relevantes (esterilidad, un encarcelamiento, hijos anteriores), un embarazo imprevisto, la violencia física para arrancar el consentimiento, o la falta de uso de razón; son causas que ya  se recogen en el Código actual, que  prevé una lista larguísima de razones para considerar un matrimonio no válido. En este sentido no ha habido cambio alguno.

Lo que sí ha supuesto una novedad importantísima es la introducción de la sentencia única. De esta forma, se suprime la duplex conformis, volviendo al régimen común, según el cual una sola sentencia, si no es apelada, adquiere firmeza. Y es que, hasta ahora, para declarar nulo un matrimonio eran necesarias sentencias afirmativas de dos tribunales de instancias sucesivas, por lo que tras terminar una primera fase, un tribunal inmediatamente superior tenía que confirmar la sentencia de primera instancia, y eso, qué duda cabe, encarecía y ralentizaba el proceso.

Hay un último aspecto de la reforma que está relacionado con la leyenda negra que existe sobre los procesos de nulidad matrimonial. Me refiero a su elevado coste; tema que ha hecho correr ríos de tinta, unas veces con razón y otras sin ella, ya que las tasas de los Tribunales Eclesiásticos suelen rondar los 1.000 euros para la primera instancia; cantidad que si bien debe considerarse, no es en absoluto desorbitada.

Pero es que, además, debemos saber también que las personas con menos medios económicos pueden tener reducciones de hasta el 75 por ciento en las tasas del Tribunal y disponer de abogados de oficio, que igualmente aplican esa reducción a sus honorarios. Por tanto, debemos tener la certeza de que en nuestro país la falta de ingresos no impide tramitar la nulidad.

Con  la reforma, esas tasas actuales se van a reducir, pero debemos tener claro que la gratuidad del proceso dependerá de los Obispados y Arzobispados, que son los que tienen libertad para imponer las tasas en función de sus necesidades.

Otra cosa son los honorarios de los letrados especializados, entre los que lógicamente habrá diversidad de costes, como ocurre al elegir un profesional en cualquier otra rama del Derecho o de cualquier disciplina.

En definitiva, una reforma muy oportuna y deseada, que va a exigir un ímprobo esfuerzo de los Tribunales Eclesiásticos que todos debemos agradecer  y valorar.

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