Oportunidades para avanzar. Carlos Ramírez. Abogado - El Sol Digital
Oportunidades para avanzar. Carlos Ramírez. Abogado

Oportunidades para avanzar. Carlos Ramírez. Abogado

Se cumplen 100 años, en julio de 1918 fueron asesinados el zar, su familia y su séquito. En el escenario de la matanza, la casa del ingeniero Nikolái Ipátiev, se alza hoy la catedral de la Sangre Derramada. En 1917, la Iglesia ortodoxa rusa, apoyó al gobierno provisional que la liberó de las servidumbres  y del zarismo. Luego continuó la revolución, la guerra civil, el hambre. La oportunidad que ofrecía el comunismo fue el “éxito” de una gran mentira de horror y carencia de libertades. La oportunidad vino con la caída del Muro.

Por España, el equipo económico del Ejecutivo ya está concretando una apreciable subida del techo de gasto para 2019 y tienen sobre el papel las estimaciones de ingresos de los nuevos impuestos. Y sin ninguna contrapartida, el gobierno empieza a aceptar que Cataluña aporte menos a la solidaridad de las CCAA más necesitadas. Su explicación es con “atención a la precisión del Tribunal Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye”. Un principio que hará que la aportación al sistema de solidaridad quede limitada. La ministra de Hacienda ha reconocido ya que preparan mejoras financieras especiales para Cataluña, y algunas para la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Baleares.

El regalo de las concesiones ya empezó en la época de Aznar, quien eliminó la Guardia Civil de las carreteras, desaparecieron las banderas españolas de las carreteras catalanas, suprimió los gobernadores civiles, y regaló la presidencia de los puertos. Ahora, el independentismo necesita más tiempo para recomponerse y reconstruir un relato excluyente. La respuesta de Sánchez es que “los catalanes y catalanas tienen un estatuto que no votaron y en ese sentido creo que tiene precisamente que resolverse con una votación”. Es decir, una reforma constitucional y otro de reforma estatutaria que recoja la singularidad de la sociedad catalana. Y, desde el País Vasco, se le ha demandado que ofrezca lo mismo al autogobierno vasco. ¿Error u oportunidad para avanzar España como país? Son conscientes en la Moncloa de que, sin los ocho votos del partido de Puigdemont, no se alcanza la mayoría en el Congreso. Los votos de ERC y Pdcat son cruciales y serán coherentes con sus programas electorales.

Sin sumarse a la ‘Crida Nacional’, en ERC saben que Puigdemont ya tiene el control del PdeCat y puede instalarse otra vez en Bruselas para poner en marcha el llamado Consell per la República. Puigdemont puede ir marcando los pasos al Ejecutivo, y la estrategia de los republicanos es tener controlado a Puigdemont.

Y en el PP, ganó Casado y Cospedal. La era Rajoy ha terminado. A la exsecretaria general la oportunidad de las primarias le ha servido para eliminar a sus dos acérrimos enemigos: la exvicepresidenta y Javier Arenas, el hombre que ha movido en la sombra los hilos de la candidatura de Soraya, y que ha perdido. Casado quiere “renovar y refundar el PP” con una “recuperación” de sus principios. El trabajo será titánico. Tiene las ventajas de ser un rostro joven y sin hipotecas de una generación a la espera de su propia oportunidad, pero también es la esperanza de los críticos del “pragmatismo marianista”. La memoria colectiva de la “corrupción estructural” y la necesidad de recuperar la confianza perdida, llevará varios años. El líder del PP defiende la vida y la familia, propone recuperar la ley del aborto del 85 y dice que se opondrá a la ley de eutanasia. Buen comienzo. En cuanto a Cataluña, además de nombrar al ingeniero industrial y de telecomunicaciones Teodoro García-Egea, secretario general, quiere reforzar el Código Penal contra el desafío soberanista, recuperando los delitos de sedición impropia y convocatoria ilegal de referéndum.

Su enemigo electoral más letal es Rivera, tras la moción de censura se ha marcado como uno de sus principales objetivos políticos batir al PP en dos años para hacerse con el máximo electorado de centroderecha. En Europa gira a la izquierda, en Cataluña adopta un programa socialdemócrata puro, y en el resto del país es liberal y progresista. Poco a poco las contradicciones resaltarán del autorretrato idílico que cuadra el circulo. Su caladero, el inmovilismo de Rajoy, el 155, se fueron, se deberá centrar en temas sociales y en la utilidad vital tras las elecciones del 2019. El PP puede constituir una amenaza concreta en el discurso del fervor constitucional, la conjura al soberanismo catalán, la unidad territorial, y la promesa de bajar los impuestos. Pablo Casado puede neutralizar a Rivera en la telegenia, y no podrá decirse que es el cómplice de la corrupción. La única manera de diferenciarse consistiría en levantar el armazón doctrinal que Casado ha incorporado a su discurso de investidura.

Mientras en Andalucía, según la Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre de 2018 había 975.000 parados, un 24,4 por ciento de tasa de desempleados. En la región al cierre de 2017 había dos millones de trabajadores con un contrato estable, y 2,2 millones que sufren situaciones de precariedad, temporalidad y subempleo. Una de las conclusiones del informe del Mercado de Trabajo 2008-2018 de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) es que “el 53,2 por ciento de la población activa está infrautilizada» y afecta especialmente al segmento juvenil con tasas de precariedad y desempleo que llegan casi al 90 por ciento. Es decir, se debe reformar el mercado laboral para favorecer la contratación fija, que es la que genera más valor a la sociedad y las empresas. Al respecto, el gobierno andaluz está forzando la agenda social firmando tres acuerdos: con los sindicatos de funcionarios para el empleo público, con las cooperativas y la economía social. Sobre la mesa, 542 millones para fomentar la estabilidad en el empleo, y el desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva andaluza (2018-2021).

El presidente del gobierno ha asegurado que no hay tiempo en esta legislatura para poder reformar el sistema de financiación autonómica en su conjunto. Digan lo que digan los socialistas, es un torpedo en la línea de flotación del Gobierno andaluz que había situado el debate de la financiación en el único pilar de su estrategia política. El sistema actual de financiación autonómica lleva cuatro años caducado. En la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, quedaron totalmente aparcadas las demandas y exigencias planteadas por el Gobierno andaluz. La presidenta ha anunciado que ha conseguido 500 millones de euros para Andalucía, sin embargo, esta cantidad no llega exactamente a las arcas de la comunidad autónoma, pues 350 millones de euros corresponden al aumento en dos décimas del déficit público; a esta cantidad se suman otros 150 millones de euros que corresponden a la liquidación de las entregas a cuenta con cargo al sistema de financiación autonómica, una cantidad que correspondía a Andalucía de todas maneras. ¿Dónde queda el combate al gobierno central?

Así, el problema personal de la presidenta con Sánchez no debe ser “un problema para Andalucía”. Por otra parte, la magistrada del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha citado a su despacho a Fernando Villén el 11 de octubre, el ex director gerente de la Faffe que tendrá que dar cuenta del uso de sus tarjetas, y las consecuencias que puede originarse a partir de lo que diga puede afectar al gobierno de Susana Díaz, que empezó negando la misma existencia de las tarjetas y ocultó más tarde los gastos irregulares que se habían hecho con ellas. Si se adelantan las elecciones se bloquearía la constitución de una comisión parlamentaria. A Ciudadanos ni está ni se le espera respecto a este asunto.

Y algo que afecta a la ciudadanía a diario, ¿asumirá el gobierno el reto de aprobar un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua? Debe cumplir la directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. La primera denuncia contra España data de 2008 y se saldó con otra condena, aunque en aquella ocasión sin sanción económica. Aunque las competencias en materia de depuración y saneamiento de aguas están en manos de los municipios, la Directiva de Aguas europea establece que los Estados miembros deben garantizar que ciudades y urbanizaciones de más de 15.000 habitantes recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas. Nos enfrentamos al pago de multas millonarias coercitivas que no nos deberíamos permitir, a la amenaza de devolución de ayudas ya concedidas e invertidas y al bloqueo al acceso a determinadas líneas de financiación comunitarias. En Andalucía, Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate, la incumplen, y eso que la directiva de depuración de aguas residuales está en vigor desde hace 27 años.

Deja un comentario

El email no será público.