Prevención de delitos de directivos, Justo Rodríguez - El Sol Digital
Prevención de delitos de directivos, Justo Rodríguez

Prevención de delitos de directivos, Justo Rodríguez

Justo Rodríguez Sánchez, abogado

Es frecuente observar como algunos directivos, llevan a  cabo de manera directa o indirecta determinadas actuaciones en nombre o por cuenta  de la empresa para la que trabajan  que, dado su alcance en tales actuaciones,   pueden implicar un alto grado de responsabilidad para la sociedad, que puede desconocer el medio operandi de su administrador, directivo o apoderado, por lo que, si no se prevé un plan de prevención ante los actos  delictivos cometidos por aquellos  en nombre de  la sociedad, de conformidad con la reciente reforma del Código Penal que entró en vigor en julio de 2015, y que,  junto a las primeras  sentencias dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, tal ente societario sería  “penalmente responsable” .

Pues bien, a fin de poner un coto a los actos llevados a cabo por tales directivos o apoderados en el seno de la empresa, como he dejado dicho, se hace imperativo crear el funcionamiento y ejecución  de un modelo de prevención, siendo éste el cauce más eficaz para su consecución, cuando se traslada  al conjunto de la plantilla  unos sistemas de control. A tal fin, debemos recordar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas  ya fue objeto de incorporación legal en la reforma del Código Penal del año 2010 pero con la citada reforma del mismo cuerpo legal de 2015, posiblemente se hayan aclarado y precisado  los conceptos y términos jurídicos. Para ello, se ha incluido un paquete de eximentes de los que adolecía  el Código anterior, por lo que  la nueva normativa obliga  a las empresas a crear sistemas de prevención de delitos que las puedan exonerar de la responsabilidad penal. En caso contrario, no tendrán ningún eximente para librarse las sociedades de la responsabilidad penal ante los  hechos acometidos por sus representantes, por lo que se exige a las empresas ser diligentes en la prevención del fraude. Así las cosas, no basta con vigilar el comportamiento de sus directivos de forma pasiva, sino que están obligadas a crear comités de control de delitos de carácter permanente.

Por otro lado, bueno será reseñar que la ley deja bien claro y hay que tenerlo muy en cuenta  que  los miembros que integran  los consejos de administración de empresas cotizadas, no pueden delegar en otros subalternos determinadas decisiones, por lo que  no basta con esquivar la legalidad amparándose en la toma de decisiones.

Así  las  cosas, el modelo de prevención,  supondrá que las empresas deban identificar con precisión las actividades o áreas de trabajo donde se puedan cometer los posibles delitos. A mayor abundamiento, se obliga a establecer protocolos de formación y disponer de modelos de gestión de los recursos financieros para impedir la comisión de tales delitos, así como el establecimiento de un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas acordadas,  momento en que aparecería  la figura del responsable del cumplimiento normativo penal o “Controller Jurídico”, que sería la persona encargada en la empresa de ejercer, de manera autónoma, la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención implantado.

En virtud de lo expuesto, cuando se llevan a cabo tales pautas de actuación   –más la verificación periódica del cumplimiento del modelo–, una empresa puede eximir su culpa. En caso contrario, puede acabar en causa de disolución judicial.

Las particularidades en las que puede incurrir una empresa a la hora de ser imputada pueden ser infinitas. Para ello, el Código Penal recoge un amplio número de delitos, aunque no todos se aplican a la persona jurídica. Pues bien, entre  ellos, podemos destacar algunos como el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública, las estafas, los fraudes, la revelación de secretos, daños al medio ambiente, o los relativos al mercado y a los consumidores…. a mayor abundamiento, las empresas  tendrán  a su vez  responsabilidad penal, cuando construyan o edifiquen de forma ilegal, cuando falseen los medios de pago  ante el conocido tráfico de influencias…, sin olvidar el tipo de cuando atenten contra los derechos de trabajadores…., todos ellos hasta un numero de treinta, son los delitos que pueden acabar con la liquidación de la empresa que no ponga los medios necesarios para evitar el fraude.

El respiro que nos ofrece la norma  es que al menos atiende algo la particularidad de las pequeñas y medianas empresas dada su dimensión, concretamente establece que en las personas jurídicas de “pequeñas dimensiones”, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, considera personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquellas que, según la legislación aplicable, “estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada”.

La conveniencia de que las personas jurídicas dispongan de una cultura de control y de instrumentos eficaces para prevenir la comisión de delitos en el seno de su actividad social constituye, indudablemente, uno de los motivos relevantes que justifican la decisión del legislador de establecer en nuestro ordenamiento su responsabilidad penal, por lo que la aplicación de estas causas de exención o atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe realizarse conforme a las reglas probatorias ordinarias consolidadas en nuestra doctrina jurisprudencial para la apreciación con carácter general de las circunstancias eximentes o atenuantes.

En resumen: dada la reforma citada de 1 de julio de 2015, es de obligado cumplimiento que las sociedades ejerzan  el debido control sobre los directivos, empleados y otros colaboradores que actúan en su nombre y representación , conllevando ello  que tales entes mercantiles  establezcan con un  profesional del Derecho o controller jurídico unos  programas o planes de prevención de delitos a fin de  evitar ser responsables penales de aquéllos, debiendo los mismos ser enfocados como sistemas de gestión de riesgo penales de la empresa…pero esa verónica jurídica… ya es otra historia…

 

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