Principio de insignificancia. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado - El Sol Digital
Principio de insignificancia. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado

Principio de insignificancia. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado

No resulta fácil determinar los criterios de ponderación en materia de incompatibilidades y sanciones vinculadas a las prestaciones de desempleo, siendo hoy la cuestión que contemplamos determinar las consecuencias derivadas del hecho de que una perceptora de desempleo no hubiere comunicado a la Oficina de Empleo la obtención de un ingreso de 206,76 euros por la comisión recibida al vender un robot aspirador Thermomix, ya que, por tal causa, el Servicio Público de Empleo (en adelante, el SEPE) le impuso a la trabajadora la extinción de la prestación de desempleo, reclamándole igualmente las cantidades percibidas.

Así las cosas, la trabajadora demandó al SEPE, alegando que la prestación de desempleo,  no es incompatible con la obtención de un rendimiento económico tan insignificante y residual como ha sido aquella única comisión percibida por la venta de un electrodoméstico. A tal fin, bueno será indicar a título ilustrativo, que tanto la sentencia del Juzgado de lo Social,  como la Sentencia del TSJ, desestimaron las pretensiones de la trabajadora, declarando ajustada a derecho extinguir el desempleo por haber vendido aquella bajo la comisión de la citada Thermomix.

Por cuanto antecede, el auto del TC de 28-02-2017, nº 43/2017, rec. 6391/2016, nos señala que el art. 47.1 b) LISOS, al contemplar la sanción de extinción del subsidio por desempleo, entiende que el citado precepto, es perfectamente constitucional, pese a reconocer las graves consecuencias que se siguen de la extinción del subsidio por desempleo. En efecto, el precepto que ahora analizamos detenidamente, no es solo una mera percepción de rentas, sino que es más,  su no comunicación  a la autoridad competente, es la que da lugar a la sanción de extinción del subsidio por desempleo, ya que la citada falta de  comunicación tiene por objeto combatir las percepciones fraudulentas y, consecuentemente, afianzar la sostenibilidad del sistema, sin que se valore si el beneficiario ha incurrido en el referido ilícito con intención fraudulenta o por simple negligencia, ni a tomar en consideración la cuantía de la cantidad ocultada, lo contrario supondría otorgar injustamente el mismo tratamiento a quien ha cumplido correctamente con la obligación de comunicar la concurrencia de circunstancias determinantes de la suspensión del derecho, frente a quien no ha cumplimentado esa misma obligación.

Es cierto que  los arts. 271, 272 y 279 de la LGSS regulan los supuestos de suspensión y extinción de las prestaciones y subsidios de desempleo, entre los que incluyen las situaciones en las que el beneficiario haya realizado un trabajo por cuenta propia o ajena por un tiempo inferior o superior al previsto para cada caso, así como de imposición de  sanción de suspensión o extinción de la citada prestación en los términos previstos en el art. 25 de la LISOS por  no comunicar, salvo causa justificada, la baja en las prestaciones en el momento en el que se produzcan situaciones determinantes que por su actividad puedan llevar a la suspensión o extinción del derecho.

De una u otra forma, no es fácil interpretar el alcance del legislador cuando de dinero público se trata, si bien hay que valorar con ciertos parámetros el tipo de actividad y enjundia económica que la englobe, pues si bien es cierto que resultan de más fácil constatación  a título de ejemplo, en aquellos trabajos de labores agrícolas vinculados al autoconsumo, ya que por su resultado pueden llevar a excluir la incompatibilidad que nos ocupa , podrían perfectamente estos  trasladarse también a otro tipo de actividades,  en las que concurra el esencial y más relevante elemento de  irrelevancia económica, hasta el punto de poder considerarse ocupaciones marginales,  que ni tan siquiera puedan calificarse con cierta propiedad como «trabajos por cuenta propia», ya que hay que tener presente que la incompatibilidad de que trata el art. 221.1 LGSS para extinguir el desempleo, presupone no solamente una apariencia de  profesionalidad, sino la existencia de una actividad,  por lo que habría de excluirse tal incompatibilidad cuando la actividad, se concreta  en términos tan limitados que excluyan palmariamente la posibilidad de fraude; sostener lo contrario comportaría desconocer una realidad sociológica y llevaría a consecuencias desproporcionadas y poco acordes a la equidad.

Llegado aquí y en virtud de lo anterior, bueno será traer a colación las SSTS 2/4/2015, rcud. 1881/2014;12/5/2015, rcud. 2683/2014; 14/5/2015, rcud. 1588/2014, y especialmente la STS 5/4/2017, rcud. 1066/2016, en la que, en aplicación del principio de insignificancia económica,  interpreta en un caso análogo, que  la media de  ingresos de un periodista de  unos 2.500 euros al año durante más de tres años,  por colaboraciones literarias en un diario digital,  pueden calificarse como un rendimiento insignificante, de escasa relevancia y fruto de una actividad económica marginal,  matizando el Alto Tribunal la enorme desproporción y excesiva rigurosidad de las consecuencias jurídicas que se derivan al  extinguir el SEPE a tal colaborador  la prestación por desempleo por el percibo de aquellas cantidades, no resultando así en modo alguno incompatibles con la percepción de desempleo.

Así pues, hay que  contemplar la aplicación casuística con cierta prudencia,  a fin de tratar  en sus justos y razonables términos la «delimitación económica» de cada particularidad, valorando para ello  si los rendimientos derivados de la actividad «pueden calificarse  con cierta propiedad de verdadero «rendimiento económico», cualidad ésta, que es presupuesto sobreentendido del «trabajo por cuenta propia» que el art. 221.1 LGSS proclama incompatible con la prestación o el subsidio por desempleo, sin que tal incompatibilidad a los efectos que nos ocupan, se pueda extender ante  actuaciones marginales,  ni tampoco ante aquellas «labores orientadas al autoconsumo», ya que  al  carecer del menor atisbo de profesionalidad,  estarían excluidas del alcance de  incompatibilidad con percibir  la prestación por desempleo.

En resumen, los parámetros en aplicación del Principio de Insignificancia,  deben ser considerados en la valoración del tipo de actividad económica marginal que pudiere haber desarrollado el perceptor de las prestaciones de desempleo, no pudiendo a tenor de la reciente  STS  23 de julio de 2020, seguida bajo Rec.núm.: 600/2018 imponerse la sanción de extinción de la prestación de desempleo por vender el beneficiario  un electrodoméstico, sin comunicar este hecho al SEPE, al considerarse ello un rendimiento económico absolutamente insignificante  de una actividad absolutamente marginal y de nula relevancia económica que no resulta incompatible con el desempleo.

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