¿Respiro para las pymes? Justo Rodríguez Sánchez. Abogado - El Sol Digital
¿Respiro para las pymes? Justo Rodríguez Sánchez. Abogado

¿Respiro para las pymes? Justo Rodríguez Sánchez. Abogado

Es de gran amplitud el paquete de medidas que el gobierno ha aprobado a fin de apoyar la economía y el empleo, sin pretender por mi parte efectuar censura a su contenido, toda vez de no ser  ese el objeto de las presentes líneas, pese a  las ausencias que configuran su texto , por lo que sin entrar en largos comentarios o glosa, las medidas efectuadas por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, contempla los requisitos que deben reunir los autónomos arrendatarios de las pequeñas y medianas empresas para beneficiarse de estas medidas . En efecto, entre tales requisitos nos encontramos con la obligatoriedad de que el solicitante debe estar afiliado y en alta en el Régimen de Autónomos o bien en otras Mutualidades con fecha 14 de marzo. Igualmente, la actividad que desarrollaba la pyme o autónomo  debe haber quedado suspendida como consecuencia del estado de alarma,  o en su caso,  deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento en relación a los meses anteriores a la pandemia. A tales fines, bueno será tener presente que estos requisitos para citadas pymes y autónomos, tendrán que estar recogidos en los libros de contabilidad y en una declaración responsable que incluya los ingresos y gastos.

Así las cosas,  seguidamente trataré solo de contemplar el alcance  de aquellas moratorias y aplazamientos de arrendamientos comerciales que ante este estado de confinamiento por el Covid-19 han visto mermadas su actividad económica.  A tal fin,  por un lado la ley contempla  los arrendamientos distintos al de la vivienda habitual, donde los locales de negocio del  arrendatario que actúa en calidad de empresario o profesional, ha formalizado su contrato de arrendamiento en esa actividad con una persona física  y que,   durante el periodo de duración del estado de alarma ha visto alarmantemente reducida o suspendida su producción . Para este grupo de contratos, se contempla en citado R. Dto. un procedimiento por el que las partes puedan llegar a un acuerdo de aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta de sus alquileres de locales.

Por otro lado, la norma contempla aquellos arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores, esto es, cuando el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, si bien para esta  numeración, se excluyen  los  garajes y trasteros. Igualmente, en aquellas superficies construidas de más de 1.500 m2, se podrá solicitar una moratoria en el pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma sin que en ningún caso  pueda ser superior a  cuatro meses.

En cuanto al plazo de solicitud de estas moratorias, debe llevarse a cabo en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma, esto es, desde el 23/4/2020, debiendo ser aceptada por el arrendador, si bien se da libertad a que las partes puedan llegar a un acuerdo de aminoracion de la renta o de otra moratoria. A tal fin, el importe de la renta no devengará intereses ni penalización y su aplazamiento se llevará a cabo  a partir de la mensualidad  siguiente, abonándose  en el plazo de dos años mediante el fraccionamiento de las cuotas , comenzándose a computar  desde el momento en que se supere la situación del coronavirus o a partir de la finalización del plazo de los citados cuatro meses.

Otra nota que caracteriza la norma, es la posibilidad de que el arrendador haga uso de la fianza entregada en su día  como parte del pago total o parcial de alguna  mensualidad de renta, si bien, cuando se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario tendrá la obligación de reponer nuevamente  la cantidad objeto de  fianza que sirvió como medio de pago , importe que deberá ser entregada  en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

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