Sefardíes, vuelta a casa - El Sol Digital
Sefardíes, vuelta a casa

Sefardíes, vuelta a casa

Esther Molina de Salama, Cabradeluna Abogados

El pasado 1 de octubre entró en vigor la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
Esta norma, con la que España viene a pagar una deuda histórica con un linaje cuya fidelidad y memoria a nuestro país han permanecido incólumes a través de siglos de exilio forzoso, abre la puerta al retorno, sentimental y físico, de los descendientes de todos aquellos judíos que vivieron en la Península Ibérica y que, tras los edictos de 1492, fueron dados a elegir entre la conversión forzosa o la expulsión, optando por esta última vía, de enorme sacrificio personal, antes de renunciar a su identidad judía.
La expulsión de los judíos de la Península, fue el punto culminante de una evidente persecución a la que se habían visto sometidos ya desde la época de las cruzadas, endureciéndose sus condiciones de residencia y obligándoseles, en los años previos a la expulsión, a vivir en barrios separados para evitar que pudieran “judeizar” a los fieles cristianos o prohibiéndoles vivir en determinados territorios.
Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la cifra total de judíos que tuvieron que salir de Sefarad, -nombre hebreo para España-, los más cautos hablan de 50.000, y en el otro extremo, las cifras se sitúan en 200.000 expulsados. Sea como fuere, la realidad es que se estima que en la actualidad hay más de 2.000.000 de judíos descendientes de aquéllos que fueron expulsados de Sefarad. Todos ellos, susceptibles de acogerse a la Ley 12/2015 recientemente promulgada.
El pueblo judío, por su propia idiosincrasia, es un pueblo que espera y que conserva, espera la llegada del Mesiah, espera la tierra prometida, espera la recompensa de Hashem (D-s); y en la espera conserva y se arraiga a sus tradiciones. Puesto que cuando un pueblo es errante y vive en la diáspora, su fe y sus costumbres son su territorio, como lo son su lengua, sus ropas y sus comidas y sus cultos y sus hábitos. Es por estas características propias del pueblo judío, que los judíos expulsados supieron transmitir a través de generaciones el idioma ladino o la haketía- español primigenio con aportaciones marroquíes- así como todo su acerbo cultural, religioso y social y con ello, un torrente de nostalgia privada de todo rencor por Sefarad, que los expulsó primero y olvidó después, y a la que ellos nunca olvidaron, ni dejaron olvidar a las generaciones que les sucedieron.
La expulsión, que en su concepción era definitiva, y sin excepción, con limitaciones en cuanto a la posibilidad de sacar del territorio sus bienes, no fue derogada formalmente sino hasta el 21 de diciembre de 1969, bajo el gobierno de Francisco Franco, existiendo ya por entonces, una comunidad judía en España nada desdeñable.
Y es que mucho antes ya se había iniciado la reconciliación con un pueblo, el judío, para el que Sefarad fue durante siglos, tras la destrucción de Jerusalem, su patria y en el que dejaron contribuciones significativas que son hoy referentes de la cultura universal. Primeramente, se autorizó la apertura de sinagogas en España, a comienzos del siglo XX, y se crearon instituciones de marcado carácter cooperativo y conciliador como la Alianza Hispano-Hebrea , más tarde, Miguel Primo de Rivera publicaría una norma en 1924 que, sin citar expresamente a los sefardíes, reconocía la nacionalidad española a “(…) individuos pertenecientes a familias de origen español con sentimientos arraigados de amor a España (…)” librando, con ello, a muchos judíos del extermino, Shoá.
Los hitos históricos de acercamiento y reconciliación paulatinos y constantes de España a las Comunidades Judías Sefardíes y el más que probado amor del pueblo sefardí por la que fue su patria son muchos desde entonces. Y la Ley 12/2015 viene a culminar todo ese proceso, pues ¿qué mayor reconocimiento y mayor orgullo puede haber para aquél que ama un territorio, una nación que le acoja y le reconozca como ciudadano de pleno derecho? En estos tiempos de tribulación nacional, un pueblo como el judío (sefardí), cuya historia está en el origen de los tiempos y que en nada puede ser inventada ni maquillada, nos alecciona sobre el enriquecimiento que produce el sentimiento de pertenencia al territorio que, durante siglos, les acogió y contribuyó, al menos en parte, a lo que hoy son. Un pueblo que atesora ya 5.776 años de historia, está vacunado contra estados de opinión y contra veleidades e intereses circunstanciales de políticos de turno, su supervivencia ha estado en juego en demasiadas ocasiones.
Hasta ahora, los sefardíes, como otros ciudadanos que podían acreditar su especial vinculación con España, podían conseguir la nacionalidad española por el proceso de Carta de Naturaleza, un proceso farragoso y lento que depende de la concesión libérrima del Estado, sin perjuicio de la adquisición de la nacionalidad por residencia, proceso, este último, común a sujetos de orígenes diversos. Ya por esta vía de Carta de Naturaleza, justo coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley ya referida, le fue concedida la nacionalidad a 4.302 ciudadanos de origen sefardí cuyas solicitudes se habían cursado años atrás y habían quedado en cierto modo “congeladas” a la espera del devenir de la norma que, por entonces, era solo un proyecto. Finalmente, se ha optado por concederles a estos solicitantes la nacionalidad por Carta de Naturaleza, -supeditada a su tramitación ante el Registro Civil competente- en lugar de someterlos a un nuevo proceso al amparo de la normativa de reciente creación.
Dicha novísima legislación que comentamos, permite un proceso, por vía eminentemente notarial, en el que se prevén diversos medios, documentales sobre todo, susceptibles de acreditar de manera suficiente la vinculación con España del solicitante así como sus orígenes sefardíes. La prueba que se requiere, entre la que destaca el Certificado que debe ser expedido por la Federación de Comunidades Judías de España, ya sea para acreditar la condición de sefardí, ya para refrendar la acreditada ya por Autoridad (comunitaria o rabínica) extranjera, no es única, y se permiten cuantos medios existan para justificar la vinculación con nuestro país, pasada o presente, todos ellos debidamente traducidos y apostillados; por lo que la dificultad estribará, esencialmente, en la obtención de documentación suficiente, mucha de ella antigua, para la que deberá acudir a archivos privados de Comunidades –hoy desaparecidas algunas de ellas- o de Autoridades Religiosas, muchos de ellos redactados en hebreo, que deberán ser debidamente atestiguados y traducidos al español. Sin embargo, siendo la comunidad judía esencialmente endogámica, la conservación de apellidos cuya raíz hebrea es notoria y evidente, debe contribuir a la identificación pretendida.
Es de destacar sobre esta norma dos cuestiones que, a mi entender, vienen a demostrar el carácter más bien romántico y nostálgico que inspira la norma –y a los que probablemente se acojan a ella- por encima de cualquier otra cosa: el sefardí que inicie el proceso que le permita tener la nacionalidad española no tiene que renunciar a su nacionalidad originaria, que sea posiblemente su nacionalidad viva, activa, la que utilicen, la de su país de residencia o, incluso, de nacimiento. Y de otro lado, su obligación de acreditar el conocimiento del idioma español y de la realidad social y cultural española, además de la Constitución.
El sefardí no quiere venir a España, entrar en España, el sefardí quiere tener la posibilidad de retornar a la que consideran también su patria, porque lo es de sus antepasados. En un pueblo como el judío, en el que su herencia, y el respeto a sus mayores son una de sus más grandes señas de identidad, no hay premio mayor, pues en reconociéndoles a ellos su condición de españoles, en teniendo ellos la posibilidad de regresar, refuerzan por la vía del acto exteriorizado, lo que han venido atesorando por generaciones de tradición viva y durante siglos de obligada diáspora.

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