Seis tratados internacionales ratificados por España, vulnerados por normativas LGTBI - El Sol Digital

Seis tratados internacionales ratificados por España, vulnerados por normativas LGTBI

Las leyes LGTBI en España y los decretos educativos que las desarrollan son obligatorios y han sido impuestos en todos los colegios -públicos, privados y concertados- y para todos los alumnos -de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Según organizaciones como Hazte Oir.org van en contra del derecho a la libre educación y del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores morales y religiosos, amparados por el artículo 27.3. de la Constitución Española. Promocionar la homosexualidad, la transexualidad o cualquier otra circunstancia va en contra del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales o filosóficas si no están de acuerdo con estas propuestas.

Además, la imposición de la ideología de género supone una imposición ideológica frente a los padres, la salud de los menores y los valores morales y familiares libremente elegidos.

Las leyes y decretos LGTBI atacan el derecho de libertad religiosa y educativa recogido en el artículo 27.3. de nuestra Constitución: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Por otra parte, la ideología LGTBI también conculca varios tratados internacionales que garantizan el derecho de los padres a elegir la educación moral de sus hijos. Acuerdos que han sido ratificados por España, y por lo tanto, vinculantes.

Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado como tal en sí misma y, por lo tanto, no ha sido ratificada, sin embargo, sí inspira muchos tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en París el 10 de diciembre de 1948, como una respuesta a la demostrada capacidad de autodestrucción de la raza humana durante la II Guerra Mundial.

En su artículo 26.3, recoge que “ los padres tienen derecho preferente para escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, y  este principio se recoge en algunos de los más importantes tratados internacionales.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ha sido ratificado por 167 estados. Fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos son conocidos en conjunto como los Pactos de Nueva York. Éstos, unidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conforman lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por España en abril de 1977, aunque no entró en vigor hasta el mes de julio de ese mismo año. Con la ratificación de este tratado internacional, España se comprometió a respetar la libertad de los padres y tutores legales para garantizar la educación religiosa y moral de sus hijos conforme a sus propias convicciones tal y como se refleja en su artículo 18.4: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

También en la misma fecha que el tratado internacional anterior, el 13 de abril de 1977, España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. España, igualmente, está obligada por este tratado internacional a respetar la libertad de los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Así,  en el artículo,13.3, se estipula que:

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

En el mismo sentido se expresa la ‘Convención de la UNESCO de Lucha Contra la Discriminación en la Enseñanza’. Un pacto acordado el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. España la incorporó a su ordenamiento jurídico en 1969. En su artículo 5.b. este tratado internacional reitera que no se puede obligar a nadie a recibir una instrucción incompatible con sus convicciones: En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 1.° de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes, y 2.° de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones.

El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como objetivo principal la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos. Es la institución internacional más antigua de nuestro continente y engloba a todas las naciones europeas con la sola excepción de Bielorrusia. Tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo y su órgano más relevante es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consejo de Europa nació tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de erigirse como guardián de los valores democráticos en Europa y en 1950 impulsó el ‘Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales’, más conocido como la ‘Convención Europea de Derechos Humanos’, que es un tratado internacional para proteger los derechos humanos y las libertados fundamentales en Europa. Actualmente, los 47 países que forman el Consejo de Europa (de los que 28 son también miembros de la Unión Europea) se han adherido al Convenio.

El Convenio cuenta con varios protocolos. El Protocolo número 1, también conocido como protocolo adicional, fue ratificado por España en mayo de 1999. “Artículo 2. Derecho a la instrucción. A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y ésta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.

Otro de los tratados internacionales europeos vinculantes para España es la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea. Tras la ratificación del Tratado de Lisboa en 2007, dicho documento se hizo vinculante para todos los países de la Unión Europea con excepciones para Polonia y Reino Unido. En su artículo 14.3. quedan protegidos también los derechos de los padres a educar a sus hijos conforme a su convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

Y por último, estos mismos derechos quedan también protegidos y garantizados por la Resolución 1.904 sobre ‘El derecho a la Libertad de Elección Educativa e Europa’, aprobada por amplia mayoría de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2012. Cabe señalar que el título de la resolución es significativo ya que habla de “el derecho a la libertad de elección”, lo que reafirma la libertad como un derecho fundamental. La resolución vincula íntimamente la libertad de elección con el derecho a la educación de acuerdo con las entonces recientes sentencias del Tribunal Europeo de  Derechos Humanos y considera que “las escuelas que no son administradas por el Estado pueden promover el desarrollo de una educación de calidad y la adecuación de la oferta formativa a la demanda de las familias” (párrafo 3).

La Resolución también señala “la obligación de todos los Estados miembros del Consejo de Europa, en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la educación y la enseñanza, de respetar el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus propias convicciones religiosas y filosóficas”.

Una vez aceptados y ratificados, todos los tratados internacionales firmados por España forman parte de nuestras leyes, de nuestro ordenamiento jurídico interno y no pueden ser suspendidos o modificados salvo por lo acordado en las normas generales del Derecho Internacional.

Por el artículo 96 de la Constitución Española, a todos los tratados internacionales aceptados se les otorga rango de ley interna, es decir, son de aplicación en todo el territorio español.

En España, existe un notable antecedente en la batalla que los padres dieron ante la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuyos contenidos, ideados durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, eran muy polémicos.

Finalmente, los recursos particulares de cuatro familias en España: tres en Asturias y una en Andalucía consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia se pronunciara al respecto. En sus sentencias, la Justicia, aunque respaldó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, también estableció unos límites bien definidos y expresó claramente que ningún centro educativo y ningún docente tenía potestad para adoctrinar a sus alumnos en materias y valores controvertidos socialmente.

La doctrina del Tribunal Supremo e sus cuatro sentencias de fecha 11 de febrero de 2009 estableció que: “No autoriza a la Administración educativa, ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores, a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”.

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