Tres casos para la reflexión del profesional de la información

Tres casos para la reflexión del profesional de la información

Vicente Almenara Martínez
Periodista

Primer caso. Ha sido la primera en verse afectada por informaciones poco contrastadas y presunciones de escaso rigor. A María Ángeles Muñoz se la relaciona, y también a su marido, con una sociedad en Gibraltar. Lo primero que hay que decir es que tiene todo el derecho del mundo a tener una sociedad en Gibraltar o en Honololú; eso sí, siempre que cumpla las leyes que correspondan, y resulta que no hay una sola referencia en las informaciones -por llamarlas de algún modo- sobre qué leyes ha incumplido la candidata número uno al Senado por el PP. Y esto es así por una razón muy sencilla, porque no ha cometido ninguna ilegalidad.
Pero lo más grave es que no ha tenido nunca, ni ella ni su marido, una sociedad en Gibraltar. Otra cosa muy distinta es que una sociedad que pudo comprar hubiera estado en algún momento domiciliada en el Peñón. Vamos a ver, lector, usted puede comprar lícitamente un bien, y ese bien pudo haber estado antes en otras manos, ¿cuál es su culpa?

Todos los papanatas del mundo unidos no entienden, por esa mezcla explosiva de ignorancia y prejuicios, que es el respeto a las leyes lo que debe conformar nuestra censura o elogio de cualquier ciudadano, político o no, o periodista, por ejemplo. Y tenemos todo el derecho del mundo a tener sociedades, o nuestro dinero, donde mejor creamos que nos renta, siempre que cumplamos las leyes, bueno es repetirlo. Aquí la declaración de la renta de la señora Muñoz para más transparencia: http://ppmarbella-sanpedro.com/declaracion2.pdf

Segundo caso. En Derecho Tributario, el aplazamiento es el derecho del contribuyente a repartir el importe de la deuda en varios pagos parciales, que deberán cubrir la deuda principal junto con los intereses de demora correspondientes. El plazo para pedirlo puede serlo en período voluntario o ejecutivo. Una orden de embargo no ejecutada ni es piedra de escándalo ni tiene por qué serlo, y más si la deuda referida ha sido regularizada. Acostumbrarnos a pensar que nuestros políticos son tan humanos que, como todos, pueden no disponer en un momento dado del efectivo suficiente, no es un mal ejercicio. Sobre todo en estos tiempos desmitificadores. Ni una palabra sobre la ilegal actuación de quien haya remitido a los medios de comunicación los datos privados de un contribuyente, que tiene el mismo derecho a la privacidad de su IBI o una multa por excederse del horario del SARE que el resto. No hubo embargo sino retraso y aplazamiento del candidato Joaquín Ramírez. Pasa mucho en estos denostados tiempos de crisis.

Tercer caso. Diligencias previas 5964/14 del Juzgado de Instrucción 3 de Málaga. Aquí la víctima es Manuel Marmolejo, candidato número tres al Senado también en las listas del PP. Este procedimiento se inició por denuncia de 9 de junio de 2014 interpuesta por Juan Antonio Cisneros Montosa contra Francisco Salado Escaño y José Francisco Espinosa Barranco. La denuncia se interpuso por un presunto delito contra la integridad moral del artículo 173 en relación con el artículo 174 del Código Penal. El hecho denunciado era por la incoación de un expediente disciplinario contra el denunciante por parte del Consorcio de Bomberos.

Las diligencias fueron sobreseídas por el juzgado a solicitud del propio Ministerio Fiscal, que emitió informe interesando el archivo de las mismas por entender, por un lado, que el supuesto hecho no es constitutivo del delito que se imputaba, y por otro por considerar que, en cualquier caso, el delito se encontraría prescrito. Pero dicho sobreseimiento fue recurrido por el denunciante ante la Audiencia Provincial que, mediante auto de 3 de febrero de 2015, acordó la continuación de las diligencias previas. Sobre este auto conviene resaltar que la Audiencia Provincial confirmó el sobreseimiento del supuesto delito por el que se formuló denuncia, pero ordenó continuar el procedimiento por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación. Pues bien, la inclusión de Manuel Marmolejo en el procedimiento en calidad de investigado no se produce hasta el 18 de marzo de 2016, y el único motivo es porque en su calidad de gerente remitió a la Presidencia la denuncia que tuvo entrada en el Registro del Consorcio Provincial de Bomberos el 29 de noviembre de 2012 dirigida al gerente de dicho organismo, cargo que ocupaba en ese momento Marmolejo.

Practicada su declaración el pasado 20 de mayo, se ha solicitado el sobreseimiento dado que las diligencias se siguen por delito de prevaricación en la incoación de expediente disciplinario contra el denunciante. Por lo tanto, resulta obvio que Marmolejo no ha podido cometer dicho delito, entre otras cosas porque no dicta ninguna resolución, sino que se limita exclusivamente a remitir a la Presidencia los hechos de los que tuvo conocimiento. A partir de dicho momento, Marmolejo no tiene participación alguna ni en la inacción, ni en la instrucción o tramitación del expediente disciplinario que nos ocupa dado que, por otra parte, carecía de competencia para ello por ser ésta del presidente de la entidad. Actualmente, se está pendiente de la resolución de la solicitud de sobreseimiento libre y archivo que, presumiblemente, se producirá en muy breve plazo. Pero entonces, ¿rectificará quien ya había condenado con su pluma a quien ni siquiera había sido juzgado? Si fuéramos nosotros, los periodistas, los afectados por informaciones, por seguir llamándolas así, que nos difamaran ¿nos quedaríamos de brazos cruzados?, ¿estamos exentos los profesionales de la información de los hechos que con tanta frecuencia imputamos a los políticos?, ¿no es la nuestra, también, una función pública?

Entiendo que los tres casos expuestos merecen la oportuna reflexión por parte de quienes nos dedicamos a trasladar a nuestros conciudadanos lo que pasa ahí fuera, pero lo que pasa, no lo que recreamos que pasa, y este matiz es, realmente, muy importante.

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